En asamblea 12 comunidades de Chilapa exigieron libertad para Jesús Plácido

Alcozacán, municipio de Chilapa, Guerrero, 7 de agosto de 2026. En asamblea regional, más de 600 personas que integran el Consejo índigena de Pueblos y Organizaciones de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) exigieron la inmediata libertad de Jesús Plácido Galindo, detenido el 17 de julio en San Marcos por el delito de homicidio que no cometió.

Las mujeres con su vestimenta colorida estaban sentadas en las sillas de la cancha techada de la colonia Los Pinos de Alcozacán, otras estaban en el piso. Todas tejiendo cinta de zoyate con sus manos ágiles. Los hombres dispersos en los alrededores diligentes. Al fondo, en un tlacolol de milpa los policías comunitarios formaban una cuña.

Las palabras de David Sánchez, coordinador de la CRAC-PF, hacían eco en las 12 comunidades del CIPOG-EZ y la CRAC-PF. “Unimos nuestras fuerza en una lucha de los pueblos indígenas. Hoy el grupo delictivo de Los Ardillos nos está acusando de cosas que no hemos hecho. Lo único que hacemos es defender nuestro territorio. Como policías comunitarios nos hemos defendido y estamos dentro de la ley. No tengamos miedo. Unámonos como pueblos indígenas porque sabemos que hay un enemigo. El enemigo de los pueblos indígenas nos quiere quitar las tierras, bosques, minerales, aguas y recursos naturales, pero no lo permitiremos”.

Desmintieron las acusaciones del grupo delincuencial que opera en la zona y “el Frente Defensa Popular que está en San Jerónimo Palantla. Rodolfo Colorado le ha robado a una compañera una urvan que vale más de 150 mil. Nosotros no andamos robando ni secuestrando como lo hacen ellos. Por eso, levantamos la voz y desmentimos esas acusaciones que hacen los criminales”.

En un comunicado evocaron el artículo 2 constitucional sobre los derechos de libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas. Se les reconoce como sujetos de derecho, sus formas de organización y gobiernos propios. También citaron el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Ley 701. Ante este marco jurídico exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum tome cartas en el asunto de la inseguridad que se vive en la región y detenga a 35 personas del “grupo delincuencial Los Ardillos” y tres personas “del Frente de Defensa Popular, quienes están coludidos con los delincuentes”. A la Fiscalía General de la República exigieron que “investigue a la presidenta priista Mercedes Carballo Chino y sus vínculos directos con los Ardillos”.

Del 2015 al 2026 han sido asesinadas 87 personas y 25 desaparecidos. Durante el ataque del 6 al 11 de mayo alrededor de 800 personas fueron desplazadas. En esos 6 días de terror en Xicotlán «fueron asesinados 8 hombres, tres hombres de Alcozacán y uno de Acahuehuetlán”, sin que las autoridades intervinieran. Hay 5 desaparecidos, 4 son de Xicotlán y uno de Acahuehuetlán.

Sixto Mendoza, promotor del CIPOG-EZ, dijo que van a seguir exigiendo justicia por todos los desplazados, asesinados y desaparecidos desde el 2014. En 12 años han sufrido los ataques de los grupos de la delincuencia organizada. “Como indígenas queremos vivir en paz, también tenemos derecho a tener una vida digna”.

Un desplazado de Xicotlán señaló que aún siguen como desplazados en Alcozacán. “Le digo desde aquí a la presidenta Claudia Sheinbaum que haga su trabajo, que investigue y que no nos echen la culpa. A nosotros nos quemaron nuestras casas los Ardillos, ellos han hecho la maldad. Encuentren a los culpables de la violencia, no a nosotros”.

Prisco Rodríguez Morelos, promotor del CIPOG, exigió la libertad de Jesús Plácido. Dijo que del 6 al 11 el gobierno municipal y estatal los abandonó a su suerte. “El CIPOG y el CNI no nos abandonaron. Jesús tuvo el valor de denunciar los ataques que estaban sufriendo las comunidades indígenas. Denunció la corrupción y los vínculos de los delincuentes con las autoridades estatales. Ahora está detenido”.

“Lo que hoy el gobierno nos está demostrando es que se protege más a los delincuentes, a los que atacan a la gente, a los que los desplazan, a los que matan. Pero cuidado, ni se te ocurra levantar la voz porque hasta Almoloya de Juárez vas a ir a parar. Para el gobierno es un delito señalar, levantar la voz, defenderse, defender tu vida, defender tu patrimonio, defender tu libertad. Jesús Plácido es uno de tantos luchadores sociales que hoy están en la cárcel o mueren, porque si no te mandan a la cárcel te matan. Hoy en México el gobierno quiere entregar nuestros territorios en manos de la delincuencia organizada, porque hoy es la delincuencia organizada quien gobierna muchos municipios y el municipio de Chilapa no es la excepción”, reclamó el promotor del CIPOG.

El promotor también habló de los ataques verbales por parte del obispo Salvador Rangel Mendoza, quien los ha señalado como los responsables de la violencia en la región. Prisco Rodríguez defendió a las comunidades del CIPOG aseverando que lejos de atacar a otras comunidades, desde 2019 Rincón de Chautla, Zacapexco y Mezcalcingo fueron atacadas por ese mismo grupo criminal, y reprochó que a pesar de que hay un puesto militar en Tula y Xicotlán el grupo delincuencial del 6 al 11 de mayo quemaron casas. “La 50 zona militar que está en Chilapa dio el permiso para que los sicarios entraran a las comunidades para matar. Los mandos militares deberían estar en la cárcel”.

En la asamblea dijeron que el obispo en lugar de estar del lado de los pobres, los ataca y los señala sin pruebas. Lo retaron para que les demuestre si realmente fue secuestrado, “pero si no hay delito que perseguir, que se calle”.

En un comunicado desmienten las declaraciones de la hija de José Pablo Xanteco, y mencionan que en el 2007 José Pablo estuvo en la cárcel por el delito de violación. Afirman que antes de su muerte fue a la coordinación de la CRAC-PF porque tenía información de que «les habían pagado a los Ardillos para ejecutar su muerte”. Exigieron que las autoridades dejen de culpar a Jesús Plácido por este asesinato, que más bien utilizan para castigarlo por denunciar los nexos entre la delincuencia organizada y las autoridades estatales y municipales.

En siete puntos exigieron un alto a la criminalización de los pueblos nahuas de Guerrero, la libertad inmediata de Jesús Plácido, la cancelación de las carpetas de investigación fabricadas por la Fiscalía del estado; así como seguridad en las colindancias de Colotepec y Tula y la reconstrucción de las viviendas afectadas por los ataques de mayo en las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán. También exigieron al obispo Salvador Rangel que cese los ataques verbales en su contra. Finalmente, la última exigencia es el reconocimiento de la policía comunitaria.