Una cadena de atrocidades en un mar de impunidad

El día internacional de los pueblos indígenas,

no lo celebran ni lo folclorizan,

luchan y resisten

contra la discriminación y el olvido de los gobiernos

 

Después de la matanza de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas el presidente estatal del PRI, Ángel Aguirre Rivero, encabezó una gran marcha en la capital del estado para cerrar filas en torno al gobernador Rubén Figueroa Alcocer. Su estrategia se desfondó con los videos de la masacre difundidos por el periodista Ricardo Rocha, que de forma irrefutable evidenció el crimen cometido por Rubén Figueroa, prototipo del cacique sanguinario.

El 12 de marzo de 1996 tomó posesión como gobernador interino Ángel Aguirre. Señaló que el gobienro de guerrero iba a actuar con todo el rigor de la ley “trátese de quien se trate”. El 28 de abril del mismo año declaró en un periódico nacional que si querían ponerle el calificativo de cachorro o figueroísta, sería cachorro de Alejandro Cervantes Delgado. Aguirre fue su secretario de gobierno. Posteriormente con Francisco Ruiz Massieu fue secretario de Desarrollo Económico.

En lugar de garantizar justicia emprendió una encarnizada persecusión contra el Ejército Popular Revolucionario (EPR) que hizo su aparición pública un año después de la masacre de Aguas Blancas. En 1997 el ejército mexicano buscaba a los guerrilleros en la comunidad El Cucuyachi, donde estalló un conflicto entre las familias Peñaloza y Barrientos, dejando varios muertos.

En su gobierno continuó la política de la contrainsurgencia. En la madrugada del 7 de junio de 1998 el ejército rodeó la escuela primaria de la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, donde ejecutó a 10 indígenas y un estudiante de la UNAM. Han pasado 28 años sin que las viudas tengan justicia. Ningún mando militar ha sido investigado, por el contrario, las autoridades federales arremetieron contra los sobrevivientes que fueron torturados y encarcelados.

El 2 de mayo de 1999 fueron detenidos, torturados y encarcelados por el ejército Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, integrantes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP). Llegaron disparando a la comunidad de Pizotla. Salomé Sánchez quien iba con Rodolfo y Teodoro le alcanzó una bala y perdió la vida al instante. Desde 1995 Rubén Figueroa había autorizado a la empresa transnacional Boise Cascade, explotar los bosques de los ejidos. Los campesinos se organizaron y presentaron denuncias por la tala irracional. Ante la complicidad de las autoridades y de los generales del ejército la OCEPS decidió bloquear las entradas de los camiones troceros. Este atrevimiento de los campesinos tuvo sus consecuencias: el ejército realizó un operativo para descabezar su movimiento con la detención de Rodolfo y Teodoro, sin embargo, la solidaridad fue mayor, logrando su libertad por razones humanitarias.

Ángel Aguirre logró colocarse como un político de primera línea, a pesar de los crímenes que se cometieron en su primer período. Ante la decisión de la cúpula priista de darle la candidatura a gobernador a Manuel Añorve, Ángel Aguirre se adhirió al PRD para contender en las elecciones del 2011, donde afianzó su cacicazgo.

Su segundo periodo se caracterizó por sus desplantes, su despotismo y arrogancia. Con esta postura sobrada y displicente creció la ola represiva contra el movimiento social. Los índices de violencia se incrementaron y los conflictos por demandas sociales se multiplicaron. A 27 días de la toma de protesta como gobernador fue asesinado el ecologista Javier Torres Cruz, integrante de la OCESP. En ese mismo año sucedieron los desplazamientos forzados de comunidades campesinas, principalmente en la Sierra, debido a la violencia impuesta por los grupos de la delincuencia. En abril 107 personas de las comunidades de La Laguna y Morena, municipio de Coyuca de Catalán, fueron desplazadas y reubicadas en Las Ollas, en la sierra de Petatlán.

El 7 de diciembre de 2011, Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz, dirigentes de la OCESP, fueron detenidos en un retén militar, en Tecpan de Galeana, por elementos de la policía estatal, ministerial, militares y miembros del crimen organizado. Desde esa fecha, Eva y Marcial forman parte de los luchadores sociales desaparecidos.

El 12 de diciembre los normalistas de Ayotzinapa se manifestaban en la autopista del Sol para exigir una mesa de diálogo con el gobernador Ángel Aguirre. Se negó a recibirlos y ordenó reprimir la protesta. Dos estudiantes normalistas, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, fueron asesinados con armas de fuego por policías federales y estatales. Después de la represión, el subsecretario de Seguridad Pública estatal, Ramón Miguel Arriola Ibarra, declaró que siguió las órdenes del mandatario para limpiar la autopista del sol. A pesar de la recomendación de la CNDH y las denuncias que se interpusieron no hay una autoridad estatal que haya sido castigada.

Un año después, la nueva dirigente de la OCESP, Juventina Villa Mojica y su hijo Reynaldo Santana Villa, fueron asesinados el 28 de noviembre de 2012 en la comunidad de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán. Los desplazamientos forzados continuaron en 2012 cuando 105 personas salieron a San Miguel Totolapan y en 2013 se sumaron 500 personas más.

El 30 de mayo del 2013, en la zona Norte del estado Arturo Hernández Cardona encabezaba una protesta contra el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca. Como consecuencia, el dirigente de la Unidad Popular fue desaparecido con otras siete personas por un grupo armado. Los cuerpos de Arturo Hernández, Ángel Román Ramírez y Rafael Banderas Román fueron localizados tres días después.

Los crímenes contra los dirigentes continuaron; el 5 de agosto de ese mismo año Raymundo Velázquez Flores, representante de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (Larsez), y Samuel Vargas Ramírez, fueron torturados y asesinados. Sus cadáveres fueron encontrados en un vehículo en Coyuca de Benítez.

Aguirre Rivero maniobró para dividir a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias–Policía Comunitaria (CRAC-PC). El 21 de enero de 2013, visitó la casa de justicia de San Luis Acatlán donde entregó 4 camionetas, mil 20 uniformes y una ambulancia. Anunció que tendrían un presupuesto de un millón de pesos y que construiría 4 casas de justicia: San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec y El Paraíso.

Estos apoyos eran con el objetivo de convertir a la policía comunitaria en una policía rural que fungiera como auxiliar de las corporaciones policiacas del gobierno. El coordinador Eliseo Villar abanderó el plan de Aguirre, de credencializar a las policías comunitarias.  Bruno Plácido creo por su cuenta la Unión de los Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), con su visión pragmática estableció acuerdos con el gobernador.

Los dirigentes Arturo Campos, Gonzalo Molina y Nestora Salgado se oponían fuertemente a esta cooptación de la CRAC. Tanto Nestora como Gonzalo estaban adscritos a la casa de justicia de El Paraíso, mientras Arturo luchaba contra la credencialización. Esto le costó su destitución como coordinador.

El 21 de agosto de 2013, policías estatales y federales, así como militares y marinos con vehículos artillados y helicópteros llegaron hasta El Paraíso y desmontaron la casa de justicia de la CRAC. Las 43 personas que estaban en reeducación fueron liberadas.  12 policías comunitarios que se encontraban resguardando la casa fueron encarcelados. Arturo Campos, Nestora Salgado y Gonzalo Molina fueron confinados a penales de máxima seguridad. En junio de 2014 Marco Antonio Suastegui es acusado de varios delitos y trasladado el penal de Tepc Nayarit.

El 13 de septiembre del 2013, mientras la población resentía los estragos de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, el gobernador Ángel Aguirre Rivero celebraba el bicentenario del Primer Congreso de Anáhuac y los Sentimientos de la Nación en casa Guerrero. En esa misma noche varias viviendas se inundaban por las fuertes lluvias. Aguirre Rivero brindó hasta la madrugada con ex gobernadores y con el primer círculo de priistas y perredistas del estado, sin que le preocuparan los riesgos que enfrentaban las familias de la montaña que durmieron a la intemperie. Los desastres fueron devastadores, por las pérdidas de vidas humanas (101) y por las precarias viviendas destruidas.

En esas fechas el comentario que salía de casa Guerrero es que el gobernador delegaba toda la responsabilidad a su sobrino Ernesto, quien tomaba decisiones en temas sumamente delicados. Su displicencia como gobernador era evidente en los actos que presidía. La debacle se dejaba venir ante la avalancha delincuencial. En la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014, fueron asesinados en Iguala 3 normalistas de Ayotzinapa y 43 de sus compañeros fueron desaparecidos con la participación de corporaciones policiacas de varios municipios, por la policía estatal y ministerial, por la policía federal y elementos del ejército, coludidos con guerreros unidos, el grupo delincuencial que controlaba la plaza. Otros 3 civiles fueron asesinados, 40 resultaron heridos y alrededor de 80 personas, entre estudiantes de Ayotzinapa y maestros solidarios, fueron víctimas de persecusión y atentados contra su vida. En el caso del autobús de los Avispones 30 deportistas fueron atacados con armas de fuego.

Lo primero que hizo Ángel Aguirre fue deslindarse del crimen y declarar en repetidas ocasiones que no tuvo nada que ver con la desaparición de los 43 estudiantes, sin embargo, en las recientes investigaciones la Fiscal General de la República Ernestina Godoy señaló que “Aguirre Rivero ordenó destruir las evidencias de la noche del 26 de septiembre, cuando el autobús estrella de oro 1531, en el que viajaba un grupo de normalistas, fue videograbado por las cámaras de seguridad números 12 y 15 del palacio de justicia de Iguala.” La Fiscal reiteró que “lejos de ser un acto aislado, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder ejecutivo estatal.” La ex magistrada Lambertina Galeana Marín y la ex subprocuradora de justicia del estado Blanca María del Rosario Estrada, testificaron dos hechos graves: la agresión al autobús donde viajaban varios estudiantes y la destrucción de los videos. Son datos de prueba que tienen sustento jurídico y que tienen que ver con el esclarecimiento de los hechos. Por el momento hay una responsabilidad indiciaria del ex gobernador. Solo si prueba lo contrario obtendría su libertad.