¿Fabricar o investigar delitos?

Las comunidades nahuas de la Montaña baja de Guerrero se han organizado desde 2014 para hacerle frente a la violencia del crimen organizado. Las familias indígenas empezaron a vivir con el horror. La tranquilidad era interrumpida súbitamente por las balas. Los caminos cada vez fueron más inseguros. Las incursiones de los grupos de la delincuencia eran recurrentes para controlar el territorio, dejando personas asesinadas y desaparecidas a su paso. En las siembras de maíz, frijol y calabaza eran emboscados. Varios niños que iban a la escuela a José Joaquín de Herrera ya no regresaban con vida. Por eso, en el 2020 y 2021 algunos tomaron las armas para defender su comunidad ante la ausencia del Estado.

Defender el territorio y la comunidad tiene un precio muy alto. Los líderes que han abanderado esta lucha son perseguidos y encarcelados. En mayo de 2026 Jesús Plácido y Sixto Mendoza denunciaron las agresiones de la delincuencia contra las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán. El resultado fue letal: 12 personas asesinadas y más de 800 desplazadas. Jesús y Sixto denunciaron ante la opinión pública la ola de violencia protagonizada por la delincuencia y avalada por las autoridades municipales y estatales. Su atrevimiento les costó su libertad.

Las autoridades en lugar de investigar los 84 asesinatos y 25 desapariciones de personas pertenecientes a la Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), se fueron contra los líderes comunitarios. Sus demandas han sido básicas: educación digna para las niñas y niños, acceso a la salud, seguridad, un banco del Bienestar, un mercado y proyectos productivos para que las familias no migren a los campos agrícolas. La respuesta a su petición fue la detención de Jesús Plácido que fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Sixto Mendoza Limpia trabajó cerca de 20 años en Cuernavaca y en Zihuatanejo. En el 2022 regresó a Alcozacán. Se sorprendió al saber que su comunidad estaba amenazada por el crimen organizado. Se incorporó al Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), fue muy activo, regularmente lo llamaban a la comisaría para que elaborara los oficios a las autoridades. Fungió también como consejero de la comunidad.

El pasado 28 de septiembre almorzó temprano con su esposa y sus pequeños hijos porque tenía planeado darle de comer a los animales de corral y luego regresar para adornar su casa, por la fiesta de San Miguel. Rubelia su esposa consiguió las flores con su mamá para armar los adornos: “Como a las 12:30 escuchamos un ruido y vimos que se estaba quemando la casa. No pudimos hacer nada, porque la lumbre abrazo toda la casa. Ahí teníamos nuestro maíz y la poquita despensa que guardamos. Mi molinito se quemó, mi cama, toda nuestra ropa y nuestros documentos”.

Más tarde llegó la Guardia Nacional y la Policía Estatal que solo vieron y dieron la orden de que nadie entrara porque era peligroso. Con cubetas de agua los vecinos les ayudaron a apagar el incendio que dejó echa cenizas sus escasas pertenencias. Sixto trató de consolar a su esposa y abrazó a sus niños: “lo más importante es que nosotros estamos bien y si Dios quiere vamos a salir adelante”.

“Me sentía devastada por la tragedia que nos tocó, sobre todo por haber perdido la casita que con mucho trabajo construimos. Mientras seguimos limpiando lo que quedó de la casita. Eran como a las 5:30 de la tarde cuando llegaron más de 30 policías estatales y ministeriales. Rodearon lo que quedaba de la casa y sin explicación alguna se fueron sobre Sixto para golpearlo. Seguí a los policías porque lo iban maltratando. Yo traté de meterme en medio de ellos, pero me agarraron de los brazos y me sometieron. Traté de zafarme y gritaba que dejaran a mi esposo, y sólo me respondían ¡cállate! Luego me golpearon y me quitaron el celular. Como pude se los arrebaté y les dije que no se los iba a dar. Corrí atrás de Sixto, pero ya no pude hacer nada porque luego lo subieron en una de las camionetas”.

La cuñada de Sixto escuchó los gritos. Salió corriendo a ver qué estaba pasando. Vio que “se lo estaban llevando con violencia, lo iban jalando y arrastrando. No les importó que hubiera niños y señoras. Vimos que le estaba pidiendo auxilio al comisario, pero le dijeron que si se interponía que lo llevarían junto con su gente. A los policías comunitarios los agarraron del cuello, no les importó si los mataban. A otros compañeros que estaban ahí los agarraron de sus manos para que no ayudaran a Sixto. Vi a mi hermana con su bebé luchando para que no se llevaran a su esposo. Pensé que si me ponía en frente del carro para evitar que se lo llevaran se iban a detener, pero les valió todo y si no me quito me matan”.

El hermano de Sixto llegó corriendo para impedir que se lo llevaran, pero nada pudo hacer porque eran muchos policías. Todos los que intentaron ayudar a Sixto fueron inmovilizados. El comisario fue presionado de que no se metiera. Rubelia le pidió ayuda a la Guardia Nacional, pero le dijeron que no podían hacer nada, lo grave es que negaron todo lo que vieron. Nadie la quiso auxiliar, sintió que estaba sola en el mundo. Las niñas y los niños lloraban al ver la agresión de los policías. Una niña de año y nueve meses vio cómo golpearon y se llevaron a su papá. Su recuerdo sigue vivo, sus hijos y su esposa, que se quedaron sin casa y sin papá, nada les consuela. Temen que los policías vuelvan y se lleven a su mamá.

Rubelia pensó que no se trataba de policías porque llegaron como si fueran secuestradores. Las autoridades de la comunidad ya no quisieron moverle. Al comisario le habían notificado bajo amenaza por parte de los ministeriales que no se metiera. Durante más de 17 horas la familia no supo dónde estaba Sixto. “No sabía si lo volvería a ver o si me lo entregarían sin vida. Los de Tlachinollan me ayudaron a investigar y por eso supe al siguiente día que estaba en Chilpancingo. Sixto me habló por teléfono me dijo: me están culpando de haber matado a Ireneo Cocotzin Morales. Ayúdame a investigar quién es porque no lo conozco. Pregunté con algunas personas y me enteré que es hijo de Lázaro Cocotzin Morales, quien tiene un hijo militar”.

El primero de octubre Sixto fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado contra Ireneo Cocotzin Morales, un joven de la comunidad de Colotepec, municipio de Chilapa. De acuerdo con la carpeta judicial C-257/2026, el 23 de junio del 2019, Lázaro Cocotzin se encontraba con su hijo Ireneo fumigando plantas de frijol en el lugar conocido como La Casa Vieja, en Colotepec, cuando alrededor de 40 hombres armados bajaron por el cerro en dirección a ellos. Lázaro indicó a su hijo que corriera para salvarse, y unos segundos después escuchó diez disparos. Siguió corriendo y se escondió en un templo hasta que los agresores se fueron y luego llegó la policía ministerial. Lázaro acudió al lugar ya acordonado y vio a su hijo sin vida con un impacto de bala en el costado. En su declaración del día de los hechos señala a 18 personas, pero no menciona a Sixto Mendoza Limpia.

Después de 7 años del asesinato de Ireneo nadie exigió justicia. El argumento que ahora dan es que tenían miedo. Se sabe que la comunidad de Colotepec es territorio de un grupo denominado Paz y Justicia, asociado a una organización criminal. Lo increíble es que después de los ataques de mayo a las comunidades nahuas de la Montaña baja, Sixto Mendoza es señalado, al igual que Jesús Plácido como autores de dos homicidios.

Desde junio tenían armada la carpeta de investigación donde acusan a Sixto. Por eso, en el nuevo testimonio de Prisca Cocotzin Morales, el 29 de junio del 2026, afirma que vio cómo asesinaron a Ireneo Cocotzin: eran muchas personas armadas uniformados como militares y otros como de la CRAC. Relata que se encontraba a 20 metros de Lázaro e Ireneo cuando vio que los armados se dirigían hacia ellos, pero alcanzó a escuchar la voz de Sixto y que no llevaba la cara cubierta.

Las contradicciones son evidentes; en su declaración Lázaro asegura haber escuchado 10 disparos, mientras que en la orden de aprehensión se afirma que fueron 100 balazos. A Sixto no debieron vincularlo a proceso porque no existen pruebas suficientes, ni siquiera pudieron identificar quién fue el que disparó. Es imposible probar que hayan reconocido la voz de Sixto. Fue una fabricación que no tiene consistencia. Los testimonios son inverosímiles, sin embargo, el juez determinó continuar con el proceso. Es clara la consigna de criminalizar a los defensores comunitarios para atemorizar a la población y debilitar su organización autónoma.

“Sixto es una persona de trabajo, que siempre se ha preocupado por mejorar la comunidad. Con muchos sacrificios pudo estudiar la primaria y la secundaria en Alcozacán. Cuando tenía 16 años salió a trabajar a Cuernavaca de chalán de albañil. Con lo poco que ganaba la fuimos pasando para no morirnos de hambre. Después tuvo oportunidad de trabajar como mesero en el restaurante PINMAG en Zihuatanejo donde estuvo 16 años. Al regresar se dedicó a sembrar milpa y frijol para mantener a la familia. Pero se vinieron los problemas de mayo y tuvimos que escondernos. Nos preocupamos cuando detuvieron a Jesús Plácido porque vimos que el gobierno, en lugar de investigar los asesinatos que hubo contra nuestras familias, se puso del lado de los delincuentes. Vimos también que la fiscalía hizo lo mismo y por eso les fabricó los delitos de homicidio. Sixto y Jesús son víctimas no delincuentes. Exijo la libertad inmediata de Sixto y de Jesús porque lo único que han hecho es trabajar y organizar a su pueblo. En la comunidad los respetan porque siempre ayudan a la gente. Son defensores que aprendieron a no quedarse callados y a tener el valor de denunciar a los gobernantes que se alían con los delincuentes”.

 

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan