NOTA INFORMATIVA | El juez no puede mantener preso al líder mixteco, sostiene la delegación española

Ayer ofrecieron una conferencia de prensa en la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos para presentar los avances del protocolo de investigación en los casos de amenazas y agresiones contra defensoras y defensores de Guerrero.

Expresaron que en esta nueva visita que hacen a Guerrero se encontraron con que no se han cumplido con las medidas cautelares que otorgó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) a 107 defensores de derechos humanos, uno de ellos Maximino García Catarino, quien se encuentra preso en el penal de Ayutla, acusado por el presunto delito de homicidio.

Sobre lo que han encontrado en Guerrero, Prat Sabat dijo que “no sabemos por qué no se investigan los delitos, pero falta una policía colegiada de investigación que investigue los delitos que se cometen”, pues dijo que en esas circunstancias existe igualmente un 98 por ciento de impunidad.

Manifestó que con una policía como la que hay ahora “es imposible que pueda haber una investigación seria”, y agregó que es el caso del indígena Maximino García Catarino, preso en Ayutla por una mala investigación, y que así un juez “no puede mantener presa a una persona, no se puede condenar a una persona si no hay pruebas judiciales”, insistió.

En tanto, otro de los abogados, José Javier García Oliver, señaló que han encontrado que el proceso penal “tiene un carácter anquilosado” y que no existe un mecanismo de impartición de justicia eficaz.

Agregó que el exhorto a las autoridades judiciales es a que implementen la aplicación de juicios orales. Prat Sabat dijo que el objetivo central de la visita de la delegación es asistir al Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional que el Estado mexicano ofrecerá a la indígena Inés Fernández hoy en Ayutla, pero que han encontrado con que otro de los indígenas con medidas cautelares, Maximino García Catarino, se encuentra preso, “entonces algo está pasando”, dijo.

Sobre los avances del protocolo de investigación en los casos de amenazas y agresiones contra defensoras y defensores de Guerrero, García Oliver dijo que con el acompañamiento de la Secretaría de Gobernación, que les abrió las puertas para la revisión de los expedientes, pudieron comprobar deficiencias, mala praxis del ordenamiento jurídico mexicano partiendo de la propia ley tanto mexicana como del propio estado de Guerrero.

Añadió que también encontraron falta de cumplimiento de los estándares internacionales para una buena investigación en el caso de las amenazas a los defensores.

Otra observación es que no se cumplió con la elaboración de un protocolo para la protección de los defensores de derechos humanos que tienen medidas de protección pedidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos o, en su caso, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, en casos de atentados y amenazas.

Dijo que si bien el protocolo ha sido elaborado, se encuentra apenas en borrador y no ha sido implementado por las autoridades mexicanas y de Guerrero.