COMUNICADO | México debe aumentar voluntad política y acciones concretas para frenar la tortura

Hoy concluye la misión internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), con sede en Ginebra, Suiza, y la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), con sede en París, Francia, para dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por el Comité Contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas dirigidas a México en diciembre de 2012.

La misión comenzó en el Estado de Guerrero, donde destaca la reunión con Diputados locales y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, en la que se discutió el dictamen de reforma para tipificar la tortura. “La aprobación de esta reforma significaría un gran avance y un ejemplo para otros Estados de armonización legislativa de conformidad con los estándares internacionales, ya que se pretende incorporar elementos encaminados a dotar de eficacia a la investigación de la tortura y luchar contra la impunidad”, mencionó Andrea Meraz, Encargada de Derechos Humanos de la OMCT.

Por otro lado, la delegación internacional se mostró preocupada por la falta de sanciones a los responsables de casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidos en Guerrero, como es el caso de Ayotzinapa, en el que el 12 de diciembre de 2011 se reprimió con violencia una protesta que resultó en la ejecución extrajudicial de dos estudiantes así como casos de tortura, malos tratos y detenciones arbitrarias, entre otras graves violaciones a los derechos humanos.

En el Estado de Chihuahua, la delegación señala su preocupación ante la negación, por parte de las autoridades, de la existencia misma de la tortura en el Estado, mientras que las organizaciones de la sociedad civil han documentado numerosos casos de violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura. Asimismo, las organizaciones consideran inadmisible que representantes de los poderes ejecutivo y judicial descalifiquen el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos al grado de afirmar que “inventan” los casos para buscar “puestos políticos”.  Una autoridad judicial de alto rango planteó el ejemplo del joven Israel Arzate, reconociendo que éste fue torturado pero afirmando que es culpable y considerado como un “delincuente peligrosísimo” cuando su caso se encuentra pendiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto resulta incompatible no solamente con la presunción de inocencia sino con la independencia judicial.

“Estamos alarmadas por la situación en Chihuahua,” señaló Anne Boucher, Encargada de América Latina de ACAT.  “Las organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y familias siguen documentando abusos, pero la tortura prácticamente no se investiga. Las víctimas de tortura no pueden tener expectativas realistas de acceder a la justicia.”

En el Distrito Federal, la delegación se reunió con representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Algunas de las preocupaciones expresadas por las organizaciones a nivel federal fueron la falta de independencia y prontitud en la aplicación del Protocolo de Estambul y la vigencia de la figura del arraigo penal, así como las iniciativas legislativas encaminadas a reducir en vez de eliminar esta figura. Asimismo, se resaltó la necesidad de reformar el Código de Justicia Militar para garantizar que todos los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por militares sean investigadas y juzgadas por autoridades civiles.  Otro de los temas abordados por la misión en el marco de las discusiones del nuevo sistema de justicia penal fue la necesidad de garantizar la exclusión de toda prueba obtenida bajo tortura y evitar resabios del antiguo sistema inquisitorio.

En una reunión con representantes de la oficina del Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la delegación fue informada de diversos protocolos y programas de capacitación dirigidos a autoridades judiciales federales en materia de combate a la tortura, mismos que cobran especial relevancia a la luz de las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos y amparo, así como en el marco de la transición al nuevo sistema penal oral y acusatorio.  Observamos que la SCJN en su 10ª Época ha emitido tesis sobre la obligación de excluir pruebas obtenidas bajo tortura.  Esperamos que la actividad jurisdiccional y de capacitación del Máximo Tribunal tenga un impacto amplio y medible en la manera de resolver casos de tortura en los tribunales y juzgados del país.

ACAT y OMCT recuerdan que el Estado mexicano debe enviar al Comité contra la Tortura un informe de seguimiento de las recomendaciones en noviembre del año en curso. En este sentido las organizaciones llaman al Estado mexicano a llevar a cabo todas las diligencias de manera pronta para caminar hacia la erradicación de la tortura y la impunidad en México.