COMUNICADO | Apoyan ONG demandas de las y los jornaleros agrícolas en San Quintín, representan el grito desesperado de millones

Apoyan ONG demandas de las y los jornaleros agrícolas en San Quintín, representan el grito desesperado de millones

• Violaciones a los derechos humanos de las y los jornaleros agrícolas, una realidad nacional, San Quintín un ejemplo real de lo que ocurre en 19 estados más del país.

• Abusos contra jornaleros y jornaleras foco de recomendaciones de más de 7 mecanismos de derechos humanos regionales y universales.

Marzo, 2015

La pobreza, la marginación, así como la falta de empleos formales que prevalece en las comunidades campesinas e indígenas son algunas de las condiciones que propicia la vulnerabilidad de los derechos de las y los Jornaleros Agrícolas indígenas migrantes. Ante este escenario, la población jornalera recurre a la migración estacional, temporal o permanente como una alternativa para emplearse como jornalera o jornalero en el sector agrícola. Lo cual es aprovechado por los agricultores para dar escasas o nulas condiciones sociales y laborales a estos trabajadores.

Estos campos agrícolas o fincas pertenecen a empresas nacionales y extranjeras que explotan a sus trabajadoras y trabajadores, sometiéndolos a condiciones de semiesclavitud, bajo el amparo y en ocasiones en contubernio con las instituciones públicas^[1] que se ven beneficiadas de esta cadena masiva de explotación laboral.

La gravedad de la explotación laboral afecta a más de 2 millones de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas^[2] (JA), este problema se extiende a nivel nacional ya que en, por lo menos 19 estados del país, las y los jornaleros trabajan en diferentes campos agrícolas en condiciones de explotación: Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Chiapas, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Puebla y Estado de México^[3].

Más de la mitad de las y los Jornaleros Agrícolas proceden de los 10 estados más pobres del país, entre ellos Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz^[4]. Los índices de desarrollo humano de estas regiones son los más bajos del país, aunado a la falta de alternativas de empleos formales, así como a la pobreza y marginación ancestral que enfrentan. Los bajos niveles de escolarización, alimentación, falta de infraestructura, entre otros, son factores que impiden o limitan que las y los JA cursen el nivel básico o logren niveles de educación media superior, el 81% de la población jornalera no han logrado concluir la educación secundaria, cifra que es aún mayor entre la población indígena.^[5] Esto último los hace una población más vulnerable a la explotación laboral.

Las organizaciones civiles, académicas/os e investigadoras/es que conforman la Red de Jornaleros/as Internos[i] han documentado que el grueso de la población jornalera establece una relación laboral de manera verbal con los empresarios agrícolas y/o propietarios de los ranchos, dato que también está registrado de manera oficial en la ENJO 2009, donde se señala que el 90% de las y los trabajadores no cuentan con un contrato formal de trabajo; un jornalero agrícola trabaja 15 horas al día mientras que en la Ley Federal del Trabajo está establecida una jornada laboral de 8 horas, en promedio la jornada media laboral de los JA es de 57 horas para los hombres y 65 para las mujeres.^[6]

Asimismo los problemas de salud en los campos de cultivo son una de los principales afectaciones que sufren las y los jornaleros agrícolas, más del 80% -según datos del INEGI- no cuentan con prestaciones laborales y sociales^[7], es decir no pueden acudir al médico en caso de enfermedades o accidentes, y si dejan de trabajar, dejan de obtener dinero para ellas/os y sus familias.

La vida en los campos de cultivo se halla en graves condiciones, ya que en algunas zonas agrícolas las viviendas son “galerones” que hacinan entre 500 o 3 mil trabajadores en condiciones indignas, en otras las familias jornaleras rentan bodegas abandonadas o casas en obra negra o en ruinas donde llegan a vivir de 20 a 100 personas^[8], el acceso a la vivienda digna es prácticamente nulo. Se puede citar que en el Altiplano Potosino más de 90% de los campos no cuentan con viviendas habitables y la mitad carecen de baños, regaderas, por lo que las y los trabajadores agrícolas deben de recurrir a otros medios ante la falta de estos servicios básicos^[9]. Situación similar se registra en Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Jalisco, Colima, Nayarit, Morelos y el Estado de México.

Otro situación más, es respecto a un grupo de 45 jornaleros/as que al exigir las condiciones de salario y prestaciones laborales fueron abandonados en un camino en pleno desierto de Sonora, los hechos se registraron en febrero de 2013 ^[10]. También se suman dos casos ejemplares de jornaleros originarios de Chihuahua y Guerrero, ambos fallecieron afuera de los hospitales donde no recibieron atención alguna, los hechos ocurrieron en Sonora, el primero en octubre de 2010 y el segundo en junio de 2014 respectivamente^[11].

En este tenor, a nivel nacional las mujeres jornaleras indígenas enfrentan la violencia laboral, acompañada de la violencia de género, discriminación y abusos sistematizados. El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) revisó indicadores de género del ENDIREH, y señala que el 39.7% de las mujeres indígenas que trabajan como obreras o jornaleras reciben menor salario que sus compañeros hombres, el 34.7% de las mujeres declararon haber sido humilladas en su jornada laboral.

Estas graves condiciones de vida y de trabajo son toleradas diariamente por las y los Jornaleros Agrícolas tanto hombres, mujeres, como niñas, niños y adolescentes, lo que conlleva a la sistemática violación a sus derechos humanos por parte de los empresarios agrícolas y/o propietarios de los ranchos o fincas, como es el caso del Valle de San Quintín, Baja California, así como en el resto de los 17 estados de la república mexicana donde van a trabajar. Estas violaciones a sus derechos humanos han sido denunciadas con anterioridad por la Alianza de Organizaciones Nacionales Estatal y Municipal por la Justicia Social, así como por los integrantes de la Red de Jornaleras/os Internos. La cual también ha sido foco de recomendaciones de más de 7 mecanismos de derechos humanos – regionales y universales – en materia de discriminación racial, educación, alimentación, derechos de los pueblos indígenas, derechos económicos sociales y culturales y derechos de los migrantes

Al mismo tiempo observamos una serie de reformas estructurales en México, como la del art.27 Constitucional, que están llevando a la mercantilización y privatización de los recursos naturales a empresas privadas y extranjeras, otorgando el agua a la exigencia del mercado y en contra de las necesidades sociales, caso que se vive en San Quintín dónde el agua es dosificada cada 3 o 4 días por sólo unas horas a las/los jornaleros

Frente a esta situación de abusos, el gobierno ha sido omiso y ha mostrado cierta negligencia al abordar esta problemática, y en ocasiones cómplice de las condiciones de semi-esclavitud y de explotación laboral a las que se tienen atados a las y los Jornaleros Agrícolas.

Las organizaciones, académic/asos e investigadoras/es firmantes, hemos hecho denuncias públicas en reiteradas ocasiones, presentación de casos ante las autoridades, esperando una respuesta amplia a las problemáticas que enfrentan nuestras hermanas y hermanos jornaleros.

Por todo lo anterior, demandamos las siguientes acciones:

• Rechazamos enérgicamente el acto de represión y hostigamiento ejercido en contra de las y los jornaleros agrícolas que ejercían sus derechos a la libre manifestación en el valle de San Quintín.
• Proponemos que junto con las organizaciones de jornaleros y jornaleras, las OSC´s y la Academia se propongan, diseñen y articulen las políticas públicas con un enfoque integral necesarias para proteger, garantizar y respetar los derechos de estos trabajadores, y brindar especial atención a aquellos que se encuentran en un mayor grado de vulnerabilidad ya sea por su condición de género, edad, origen y condición socioeconómica.
• En total apoyo al Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) pedimos que se genere un diálogo positivo con patrones y autoridades con el fin de que se de resolución a las justas demandas hechas por la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social.
• Exigimos a las autoridades de los tres niveles de gobierno, atender y resolver los problemas que enfrentan las y los jornaleros agrícolas.
• Exigimos la incorporación de las y los jornaleros agrícolas al IMSS y que se hagan los ajustes necesarios a la Ley de Seguro Social para garantizar su derecho al acceso a la seguridad social.
• Hacemos un rechazo generalizado en contra de la criminalización de la protesta social y del trabajo que llevan a cabo las y los defensores de derechos humanos en cualquier parte del país.

Organizaciones, académicas/os e investigadoras/es firmantes que conforman

la Red de Jornaleros/as Internos

CATHOLIC RELIEF SERVICES

CENTRO DE DESARROLLO INDÍGENA LOYOLA

ENLACE, COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN A.C.

MIXTECO SONORA

RESPUESTA ALTERNATIVA, A.C.

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LA MONTAÑA, “TLACHINOLLAN” A.C.

PASTORAL SOCIAL DIÓCESIS DE MATEHUALA

GLOBAL WORKERS JUSTICE ALLIANCE

Dr. Celso Ortiz Marín

Mtro. Francisco Javier Santíes Laborde

Dra. Ma. Antonieta Barrón Pérez

Dra. Teresa Rojas Rangel

^[1] Investigan a los Fox por caso jornaleros http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=493579&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=493579

^[2] La Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas (ENJO) 2009, señala que el número de Jornaleros Agrícolas asciende a 2,040,414, de esos 9,206,429 de esas personas viven de estos ingresos.

^[3] Información documentada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C.

^[4] Datos obtenidos por las organizaciones civiles Enlace y Voces Mesoamericanas.

^[5] Con base en los trabajos de investigación realizados por la Dra. María Antonieta Barrón Pérez, Profesora-Investigadora de la Facultad de Economía de la UNAM. El 84% de las y los jornaleros indígenas no concluye su educación.

^[6] Ídem.

^[7] Idem.

^[8] Información documentada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C.

^[9] Información documentada por Respuesta Alternativa A.C.

^[10] Documentación 2013-Violaciones a derechos humanos y laborales de Jornaleros Indígenas Migrantes de Chiapas- Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes.

^[11] De acuerdo con información de Voces Mesoamericana Acción con Pueblos Migrantes.

[i] Somos una red de organizaciones civiles, académic/asos e investigadoras/es que promueven, defiende, representan y analizan la realidad de las y los jornaleros agrícolas migrantes en México.