OPINIÓN | El quebranto de un poder impune

Con los resultados electorales favorables al partido revolucionario institucional (PRI) el pasado 7 de junio, el presidente de la república Enrique Peña Nieto se apresta no sólo a imponer la evaluación nacional a los docentes, sino a darle la vuelta a la página de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa, invisibilizando el caso e ignorando el reclamo persistente de los padres y madres de familia que demandan que se investigue a las autoridades civiles de mayor rango y a las autoridades militares .

A 4 días de que se cumplan 9 meses de que los policías de Iguala se llevaron a los 43 normalistas que contaron con la complicidad de las fuerzas armadas, la policía federal y el grupo delincuencial de Guerreros Unidos, el gobierno de la república se niega a investigar a los elementos del Ejército Mexicano que tuvieron conocimiento de lo que acontecía la noche del 26 de septiembre en Iguala y que sabían de la colusión que existía entre los policías municipales y el crimen organizado.

El secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y la nueva procuradora general de la República (PGR) Arely Gómez González, desde hace más de tres meses, no han dado respuesta al planteamiento de los papás y mamás de los estudiantes desaparecidos, de tener una reunión para conocer los avances de la investigación y de la búsqueda de sus hijos.

Esta postura de las autoridades de cerrarles la puerta a los padres y madres de los 43 y de no permitirles una interlocución directa, es para sacarlos de la escena pública y de la agenda nacional. Prefieren dilapidar recursos millonarios para difundir la versión oficial del caso de los 43 estudiantes desaparecidos a los demás gobiernos, que atender los justos reclamos de los padres y madres de familia que quieren saber dónde están sus hijos.

No sólo soportan el desprecio de las autoridades, también tienen que enfrentar todo tipo de fechorías que buscan mermar el ánimo y la lucha de los papás y mamás. La intención del gobierno es desgastarlos, dividirlos y crear conflictos internos que les haga perder el rumbo de su movimiento. De diferente manera varios personajes que dicen ser de las organizaciones sociales los han abordado para venderles versiones de que sus hijos han sido vistos en determinados lugares, esto con el fin truculento de acercarlos a la autoridad para ofrecerles ciertos apoyos a cambio de que su lucha baje de intensidad.

Se ha buscado generar un ambiente de animadversión al movimiento de los padres y madres y se sigue alentando la estigmatización de los estudiantes normalistas, catalogándolos como vándalos. Se da cabida a las voces de grupos ligados al poder caciquil que demandan el desmantelamiento de la normal con el fin de desaparecerla.

Con el nuevo escenario electoral, el gobierno federal se apresta para imponer su estrategia de contención social y de control de los movimientos que considera que son una amenaza para la nueva coyuntura política. Buscará negociar con las diferentes agrupaciones sociales; las que estén dispuestas a establecer acuerdos tendrán la consideración de las autoridades y quienes se mantengan firmes luchando al lado de los papás y mamás se les aplicará la ley con la ejecución de algunas órdenes de aprehensión. Mientras tanto las nuevas corporaciones policíacas, como la gendarmería se mantendrá desplegada en los lugares donde existan movimientos de protesta. El fin es impedir que se reactive la solidaridad nacional e internacional en torno a los 43 estudiantes desaparecidos.

Este período donde se darán los relevos del poder, la población teme un mayor recrudecimiento de la violencia y experimenta una total indefensión. Este vacío de poder está siendo cubierto por los grupos delincuenciales que también están reposicionandose conforme se recomponen los grupos políticos en las regiones del estado. Para no trastocar este juego de intereses facciosos y delincuenciales, las corporaciones policíacas y las mismas fuerzas armadas actúan como una fuerza aliada, para impedir que las organizaciones de la sociedad civil cobren fuerza y se erijan como un contrapeso ante los nuevos gobiernos municipales.

Las disputas por el poder no solo preludian más de lo mismo, sino que se profundizará la confrontación social y política por la alta conflictividad que se vive en el estado. El retorno de los personajes y grupos que ya detentaron el poder en otros años, no representan en el corto ni el medio plazo una oportunidad para sentar las bases de un cambio en el modo de ejercer el poder. El enroque político es para imponer un control férreo de las instituciones y utilizar los cargos y el fuero para ampliar el espectro de los negocios privados. No hay posibilidades de que se arranque de raíz el mal endémico de la corrupción, ni que se ejerza con transparencia los recursos públicos. Tampoco vemos que haya disposición para depurar las corporaciones policíacas y castigar a funcionarios que han violentado los derechos humanos de la población.

¿Hasta dónde hay garantías para la sociedad guerrerense de que el gobierno que tomará posesión en octubre no llegará con compromisos y vínculos con el crimen organizado? ¿Estará realmente dispuesto a atacar de raíz esta red delincuencial que se ha enmarañado dentro de las diferentes instancias de gobierno? ¿Los nuevos gobernantes estarán libres de toda culpa para tener el valor y la fuerza de señalar y castigar a quienes están coludidos con el crimen organizado? ¿Cómo podrán recuperar la confianza en la población si no hay señales contundentes de que existe una línea divisoria entre la delincuencia organizada y la burocracia partidista?

Las víctimas de desapariciones forzadas abanderadas por los padres y madres de familia, no vislumbran la posibilidad de que las nuevas autoridades del estado puedan apoyar su causa, por el contrario, ven un realineamiento a la estrategia federal. Más allá de que el gobernador sea de otro partido, el problema de fondo es que la impunidad es un problema estructural y por lo mismo, se mantendrá la postura de no permitir que se investiguen a las autoridades del estado, a los policías estatales, ministeriales y federales, al igual que al Ejército. Esto obligará a los padres y madres de los 43 estudiantes a mantener su protesta, a buscar nuevas alianzas y redes de solidaridad, a encontrar en el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) la voz autorizada que emitirá recomendaciones al gobierno de México para que abra otras líneas de investigación, para que implemente una estrategia integral en la búsqueda de sus hijos y para que atienda y respete los planteamientos de los papás y mamás. También tiene plena confianza en que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) emita un informe con bases científicas sobre los peritajes realizados a los restos óseos encontrados en el río San Juan de Cocula, y en el basurero donde supuestamente incineraron a los 43 estudiantes.

A lo largo de los casi 9 meses que los padres y madres de familia han tenido que enfrentar a las autoridades federales para exigir la presentación con vida de sus hijos, se constata que no hay voluntad para llegar al fondo de las investigaciones, se mantiene la línea de circunscribir las 43 desapariciones al ámbito municipal, sin embargo, los testimonios recabados por las mismas autoridades desvirtúan los hechos y refuerzan más bien la línea de que esta acción delincuencial fue respaldada y apoyada por autoridades de mayor rango con la complicidad del mismo Ejercito Mexicano.

La apuesta del Ejecutivo federal es cerrar filas en todos los ámbitos del poder y aprovechar la coyuntura electoral para que las próximas autoridades del estado refuercen la postura de que las investigaciones realizadas por la PGR han dado con la verdad histórica. Este reposicionamiento político en el estado obligará al nuevo gobernante a usar su poder para aplicar la mano dura y no dar pie a que salgan de su control las manifestaciones que increpen al poder.

Los padres y madres de familia, dieron una gran lección en las pasadas elecciones, al desenmascarar la farsa de estos comicios que están diseñados para legitimar a partidos y candidatos que no garantizan estar al margen de los intereses mafiosos de la macrodelincuencia que se ha apoderado de las instituciones del Estado. Su lucha contra las elecciones fue una voz de alerta, una postura pública para denunciar estas tropelías y para crear una mayor conciencia de que este modelo de democracia electoral necesita una transformación de fondo, para que no siga siendo rehén de las tribus y mafias políticas, que ya no representan a la sociedad y no cuentan con legitimidad ni autoridad política ni ética. Persistirán como un movimiento inédito que no dejará ni a sol ni a sombra al presidente Peña Nieto, que por más que quiera ignorarlo, siempre estará vivo y presente porque nunca cejarán el grito en todo México de que ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Ese será el quebranto de un poder impune.