OPINIÓN | El nuevo plan de seguridad: cuarteles militares

Muy significativo resultó ser el anuncio que hizo el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, sobre el nuevo plan de seguridad, el día que el nuevo gobernador Héctor Astudillo tomaba las riendas del estado. Expresó que “desde el ámbito federal y con la presencia de todo el gabinete de seguridad y por instrucción del presidente, una vez al mes estaremos aquí en Guerrero para revisar la estrategia y vaya en el camino que nos hemos fijado todos nosotros”. Añadió que el objetivo de esta estrategia es “superar las debilidades institucionales que ha impedido que Guerrero tenga una seguridad duradera”. No dio más explicaciones sobre los nuevos lineamientos de este plan. Todo se centró en el anuncio del general Alejandro Saavedra Hernández como nuevo comisionado para dirigir el plan de seguridad. Es importante señalar que el comisionado militar tomó protesta como comandante de la 35 zona militar con sede en Chilpancingo, el 2 de junio de 2014, ante el entonces gobernador Ángel Aguirre. Esta circunscripción militar tiene bajo su responsabilidad al 27 batallón de infantería de Iguala. Cuando sucedieron los trágicos hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en los que fueron asesinadas 6 personas, 3 de ellas estudiantes normalistas de Ayotzinapa y 43 compañeros suyos desaparecidos, el general Saavedra era la autoridad máxima del instituto castrense que fue informado de todo lo que acontecía con los estudiantes y tuvo conocimiento de la participación del Ejército en los momentos claves de los asesinatos y desapariciones de los normalistas.

Este antecedente funesto, que pone en entredicho la actuación del general, no ha sido un impedimento para que el gobierno federal lo coloque a la cabeza de la nueva estrategia de seguridad en Guerrero. Más bien, ha sido el mismo secretario de gobernación quien ha expresando públicamente su oposición para que los militares del 27 batallón puedan ser entrevistados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), aduciendo argumentos rigoristas, de que solo el ministerio público es quien está facultado para solicitar la comparecencia de los elementos castrenses.

El mensaje del general fue ofensivo para los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos y para las familias de Los otros Desaparecidos, porque ha sido evidente que las actuaciones del Ejército no han sido para proteger a quienes son víctimas de la violencia, sino que más bien son parte de los actores gubernamentales que actúan en contubernio con el crimen organizado. El general Saavedra manifestó que con esta nueva estrategia “se busca que las familias tengan su vida normal, que las amas de casa vivan su vida cotidiana, y los niños y la juventud acudan con tranquilidad a las escuelas”. A casi 3 meses de anunciado el nuevo plan castrense de seguridad, las amas de casa, los niños, las y los jóvenes, los maestros del estado y sobre todo de Tierra Caliente, no ven que la tranquilidad llegue a sus hogares.

Tomando como referencia el balance anual de incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública corroboramos que en el 2015 el número de homicidios ascendió a 18,650 casos, teniendo un incremento del 7.6% en comparación con 2014. Para colmo de males, nuestro estado no solo se consolidó como la entidad con la mayor tasa de homicidios del país, sino que además registró un incremento del 30% en este delito. Fueron 56.50 casos por 100 mil habitantes, siendo el promedio nacional de 14.06%, es decir, que casi cuadruplicamos el nivel nacional de los homicidios. Ante estas cifras letales de la muerte, como guerrerenses tenemos que pedirle cuentas a las autoridades que han diseñado estos planes de seguridad que para nada han dado resultados tangibles, por el contrario vemos un colapso en las instituciones de seguridad y justicia y un robustecimiento de las bandas del crimen organizado.

La estrategia anticrimen que se anunció con la llegada del gobernador Astudillo no es nueva, existen por lo menos tres planes anteriores: en el 2007, el entonces presidente Felipe Calderón anunció la Operación Conjunta Guerrero, con el apoyo de Zeferino Torreblanca. En el 2011 el mismo presidente Calderón lanzó otro operativo conocido como Guerrero Seguro, estando como gobernador Ángel Aguirre. Para el 2014, el presidente Enrique Peña Nieto implementa el operativo Tierra Caliente siendo gobernador Rogelio Ortega. Los tres operativos estuvieron comandados por el Ejército y la Marina y lamentablemente los resultados fueron fatales, no solo por el número creciente de homicidios sino por la pérdida del control de la seguridad por parte de las autoridades civiles y militares. A pesar del incremento de las fuerzas militares y el envío de más efectivos de la policía federal y la gendarmería, las autoridades no logran contener la espiral de violencia ni abatir a los grupos de la delincuencia organizada que son los verdaderos amos y señores que controlan varios municipios y tienen gran influencia en 6 de las 7 regiones del estado.

A pesar de estos resultados adversos y de esta escalada de las muertes violentas, el gobierno federal insiste en su misma estrategia de militarizar la seguridad y de construir cuarteles militares, como lo anunció el secretario de gobernación Osorio Chong el pasado jueves 21 de enero en Chilapa. Informó además que enviará más efectivos militares a la cabecera municipal de Zitlala, Teloloapan y Chilapa. Por su parte el gobierno del estado emitirá una convocatoria para contratar más policías que serán capacitados por el Ejército “para que sean policías con capacidades para resguardar a la población…habrá (con ello) la preparación que requiere el reto de Guerrero”.

En contrapartida del nuevo plan de seguridad que se aplica a las y los guerrerenses, los organismos internacionales de derechos humanos han expresado en diferentes foros al gobierno de México las consecuencias de la militarización de la seguridad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el período de sesiones de octubre pasado manifestó lo siguiente: “La militarización de la seguridad ciudadana, atribuyendo a las fuerzas armadas roles que corresponden a las fuerzas policiales civiles, así como una política de confrontación contra el crimen organizado y el despliegue de operativos conjuntos entre las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad estatales y municipales en distintas partes del país, ha resultado en un incremento de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos, así como en mayores niveles de impunidad. La CIDH considera indispensable que el Gobierno federal presente un plan concreto y por escrito sobre el retiro gradual de estas tareas, que por su naturaleza corresponden a la policía civil…Dado que las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana, corresponde a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno. De acuerdo a los estándares interamericanos en la materia, la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana debe ser temporal y estrictamente excepcional”.

Para la CIDH la actual crisis de graves violaciones de derechos humanos que atraviesa México es causa y consecuencia de la impunidad que persiste desde la llamada “guerra sucia” y que ha propiciado su repetición hasta hoy en día. En este contexto recomienda al Estado mexicano que desarrolle “un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de estas por parte de las policías civiles”.

Por su parte, en 2014, el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, publicó su informe sobre México, dando cuenta de “una impunidad sistemática y endémica” que alentaba las violaciones al derecho a la vida mediante: amenazas de muerte; muerte de personas detenidas; muertes a manos de miembros del ejército, la marina y la policía; uso excesivo de la fuerza por agentes de las fuerzas del orden; muertes durante manifestaciones de protesta; muertes a manos de supuestos miembros de grupos armados ilegales; y desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias causantes de muerte.

“Ante la gravedad de la situación actual, es imperativo actuar decididamente: el derecho a la vida está gravemente amenazado en México y este problema debería tener la máxima prioridad a nivel nacional. Una dura represión militar difícilmente mejorará la situación. En cambio, es preciso un fortalecimiento sistemático, holístico e integral del estado de derecho, uno de cuyos elementos fundamentales es la rendición de cuentas por los atropellos cometidos”.

A pesar de contar con una serie de recomendaciones, el relator especial concluyó que “la desmilitarización de la seguridad pública y diversas medidas de fortalecimiento de las investigaciones de casos de privación de la vida, el Estado no ha tomado las medidas necesarias y adecuadas para poner fin a la práctica de ejecuciones extrajudiciales. Al contrario, el último año ha sido testigo de una serie de ejecuciones extrajudiciales tanto individuales como a grupos de personas civiles.

Las investigaciones que ha realizado el GIEI sobre la noche del 26 de septiembre de 2014, donde 3 estudiantes fueron asesinados y 43 de ellos siguen desaparecidos, ha dado cuenta de la presencia del Ejército en los momentos en que los normalistas eran agredidos por miembros de la policía municipal y federal. Documentaron cómo monitorearon a los estudiantes y el hostigamiento que infligieron a varios de ellos. Hay más indicios de su complicidad con los grupos el crimen organizado que tienen años operando en Iguala y que han causado más de un centenar de desapariciones y, que sin embargo siguen actuando con total impunidad.

La nueva estrategia de seguridad no está diseñada para revertir esta violencia que padecen los familiares de desaparecidos, por el contrario se tiende un manto de impunidad a sus perpetradores, y se le da más poder a una institución castrense que no ha sido investigada por crímenes del pasado y por las graves violaciones de derechos humanos de los últimos años en que se implementaron estos operativos. Los resultados son fatales porque la violencia y la inseguridad campean en todo el estado a pesar del incremento de efectivos militares. Estamos ante una encrucijada marcada por la sangre y el dolor de miles de víctimas de la violencia, por lo mismo no podemos permitir que se reediten planes de seguridad que toleran graves violaciones derechos humanos y que no se centran en la seguridad de las y los ciudadanos de a pie, quienes son las víctimas de esta estrategia militar fallida.