Indiferencia e impunidad prevalecen ante asesinato de Antonio Vivar

 

• Exigen justicia y verdad a dos años de la ejecución extrajudicial del joven Ñuu Savi
• La Procuraduría General de República continúa sin brindar avances significativos sobre la investigación de los hechos

 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, a 7 de junio de 2017. El día de hoy se cumplen dos años de la ejecución extrajudicial de Antonio Vivar Díaz sin que hasta la fecha la investigación derivada por la misma y a cargo de la Procuraduría General de la República tenga avances significativos. Dicha dependencia, no sólo mantuvo estancada la indagatoria por más de un año, sino que ha invertido la carga de la prueba hacía los familiares a quienes les han exigido que ofrezcan pruebas para acreditar que fueron policías federales los que dispararon en contra del joven Ñuu Savi, omitiendo con esto su obligación de investigar.

Al respecto, cabe señalar que aunque los familiares y abogados exigieron la agilización y ofrecieron pruebas, con lo que se diera pie a realizar algunas diligencias, la actitud de las autoridades se sigue viendo centrada en la criminalización de las víctimas de los hechos sucedidos en la jornada electoral del 2015, con lo cual no sólo se sigue atrasando la investigación, dejando pendientes varias actuaciones para lograr establecer la identidad y responsabilidad de los policías federales involucrados.

Cabe recordar, que los días en los que se dio la ejecución extrajudicial de Antonio Vivar Díaz eran tensos en el Estado y en todo el país, pues derivado de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa varias organizaciones sociales protestaban contra las elecciones y el sistema político corrupto que había dado pie a aquellos hechos. En Tlapa, no fue la excepción varios movimientos sociales protestaron en contra de las elecciones pues la llamada democracia no se consideraba presente en el Estado. En la jornada electoral la policía federal recorría las calles tratando de silenciar a los inconformes, con detenciones arbitrarias, golpes y torturando a más de una persona, es por ello que el pueblo vio preciso replegar a los efectivos en la capilla del Tepeyac para evitar más actos en contra de la población. Posteriormente, los policías federales sin la más mínima provocación abrirían fuego abrieron fuego, impactando con precisión milimétrica una el pecho del joven Antonio.

La ejecución extrajudicial de Antonio Vivar, forma parte del uso excesivo de la fuerza que realizan las autoridades en contra de las manifestaciones pacíficas de la población y se suma a otros hechos lamentables como Tanhuato, Arantepekua, Nochixtlán e Ixmiquilpan. La intervención que en este caso hizo la policía federal, también incluyó el uso de armas letales para contener una manifestación pública lo que viola flagrantemente los estándares internacionales de derechos humanos.

A esto se suman las irregularidades en las investigaciones, realizadas por el Ministerio Público que inició la investigación así como de la propia Procuraduría General de la República, ya que no sólo no se aseguró ni se recogieron adecuadamente los indicios de la escena del crimen, sino que se retardaron diligencias importantes para la investigación como la necropsia. Asimismo, no se hizo una debida búsqueda de testigos de los hechos ni se siguieron los protocolos para la cadena de custodia, por lo que muchos casquillos percutidos que recabó el Ministerio Público local ya no aparecieron con la Procuraduría, en donde ahora el expediente se ha estancado.

A más de dos años los nulos avances en las investigaciones, contrastan con la rapidez inusitada con que se han establecido procesos contra luchadores sociales. Esta actuación evidencia una intención deliberada de mantener en la impunidad el caso y proteger a los responsables.

Es ante esta indolencia e inactividad de las autoridad de las autoridades que los familiares de Antonio Vivar Díaz salieron a exigir un vez más justicia a las autoridades con una movilización en la ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero a la que se sumaron también una representación de las madres y padres de los normalistas desaparecidos, así como un sinnúmero de personas y colectivos sociales que unieron su voz para acabar con la impunidad.

Por todo lo anterior, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, recordamos la justa demanda y lucha de Antonio Vivar y de quienes sueñan y contribuyen para la construcción de un mundo mejor y exigimos:

• Agilizar las investigaciones, a fin de procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la ejecución extrajudicial de Antonio Vivar Díaz.
• Investigar ampliamente a la Policía Federal y fincarle responsabilidad a los altos mandos por el uso de armas letales en manifestaciones públicas y el uso desproporcionado de la fuerza pública.
• Alto a los asesinatos de líderes sociales en el país.
• Asimismo, hacemos un llamado a la CNDH para que retome la queja iniciada y emita una Recomendación considerando las graves violaciones efectuadas por autoridades federales y estatales con el fin de investigar, sancionar y reparar los daños a las víctimas.