OPINIÓN | Desgobierno

Tomando como referencia los datos publicados en esta semana por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), nuestro estado “atraviesa la peor racha de asesinatos en los últimos 20 años”. Su información tiene como referencia el número de carpetas abiertas por el delito de homicidio doloso que es de mil 540, que nos ubica en el deshonroso primer lugar a nivel nacional. Reporta que en el mes de agosto se registraron 188 investigaciones por homicidio doloso, lo que significó en términos de tiempo, que cada cuatro horas se abre una carpeta por asesinato. Acapulco cuenta con 553 registros lo que representa una tercera parte de los homicidios dolosos a nivel estatal. Lo más grave de estas cifras es que de cada 10 personas asesinadas, en 6.8 se utilizaron armas de fuego. Esta situación nos muestra que la situación se ha agravado, no solo por la escalada de la violencia sino por el incremento de los homicidios dolosos con armas de fuego. El uso de estas armas forma parte de la normalidad en nuestro estado. El récord histórico de asesinatos violentos se lo está adjudicando el gobernador Héctor Astudillo, que en un mes cumplirá dos años de su administración.

La situación se torna inmanejable porque la autoridad está ausente en los momentos más acuciantes, sobre todo cuando la muerte acecha y los armados se pasean con total desparpajo. La población ya no encuentra en la autoridad un bastión que pueda garantizarle protección, por el contrario, les tiene temor.   Se siente inerme porque sabe que los actores del estado que portan armas no actuarán en su defensa, ni mucho menos son garantes de la prevención del delito o de la contención acciones criminales. Forman parte del entramado delincuencial, del contubernio con la delincuencia y de la multiplicidad de actores armados que protegen intereses particulares, olvidándose de la población. El sistema de seguridad del estado ha perdido el control de sus elementos, es solo un caparazón para cometer tropelías. Los elementos policiales y el mismo ejército están rebasados o más bien han dejado claudicado en sus funciones, porque es más grande la tentación de trabajar con licencia para delinquir, obteniendo ganancias de la misma delincuencia a quien supuestamente combaten.

Este ambiente de ingobernabilidad ha causado una gran preocupación a las organizaciones que integramos la misión civil de observación, que estuvimos presentes en la ciudad de Chilapa el día aciago del temblor, el 19 de septiembre, por la espiral de violencia y por el grave estado de indefensión en que se encuentran la población, sobre todo los familiares que han enfrentado el gran problema de la desaparición de sus hijos o esposos.

Este domingo los Integrantes de la Misión de Observación, manifestamos en un comunicado de prensa nuestra “condena por los homicidios de los hermanos Lázaro y Germán Sánchez Reyes acaecidos la noche del 28 de septiembre en un espacio público de Chilapa, Guerrero.  Estos hechos resultan terriblemente emblemáticos ante una situación que fue documentada por la Misión de Observación el día 19 este año a través de diversos testimonios recibidos. Se trata de dos jóvenes que desde hace dos años acompañaban a su papá para exigir a las autoridades que investigarán sobre el paradero de uno de sus hermanos que está desaparecido. Una tragedia sobre otra tragedia es lo que hoy cargan los papás de estos jóvenes. Qué tipo de apoyo brindará el gobierno para hacer menos cruento su sufrimiento. Que más tragedias se consumarán contra ellos. ¿Qué delitos cometieron para merecer esta embestida delincuencial?

Grave resulta el hecho de que ambos jóvenes hayan sido asesinados con el uso de armas punzocortantes y armas de fuego de alto calibre, pero que esto haya ocurrido en un sitio público frecuentado por las personas jóvenes de Chilapa, como son las canchas deportivas, convierte esta acción delincuencial, en un mensaje funesto para toda la población, que la muerte tiene permiso y que no hay gobierno  que pare y mucho menos castigue a quienes se sienten protegidos por quienes tienen el deber de velar por la vida y la seguridad de las personas.

La naturaleza intimidante de estos sucesos concuerda con la información que distintos medios y fuentes reiteran sobre la suspensión indefinida del transporte público entre Chilpancingo y Chilapa, lo que afecta también a diversas comunidades aledañas a esta última ciudad. Es inconcebible imaginar que una disputa de intereses ajenos al bienestar de la sociedad ponga en jaque a la población y por la vía de los hechos suspenda la garantía del libre tránsito y la seguridad de las y los ciudadanos. Las autoridades han dejado crecer esta situación y aparecen atadas para actuar, temerosas de imponer el orden y lejanas al drama cotidiano de las familias que tienen que trasladar a sus hijos por esta vía.

Si sumamos esto a la posterior difusión de amenazas en redes sociales donde advierten a los transportistas de otras rutas que lleven pasaje a Chilpancingo, que dejen de trabajar para no sufrir las consecuencias, se configura una ausencia de Estado de Derecho. Esto es dolorosamente perceptible en la indefensión de las víctimas, quiénes según testimonios allegados a esta Misión, a pesar de haber solicitado protección policial, ni por asomo se les ha otorgado.

En este contexto reiteramos nuestra preocupación por la integridad de los habitantes de esta región, sobre todo de las familias que están luchando contra el flagelo de la violencia, porque ya han sufrido situaciones sumamente graves. No podemos permanecer impávidos, tampoco ser cómplices de la inacción de las autoridades. Deben saber que nuestra carta magna los mandata a actuar, como lo reza en su artículo primero: “todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley”.

De la misma manera, conscientes del carácter multifactorial que configura este estado de cosas, las organizaciones de la misión civil de observación hacen suyo el clamor de las familias que buscan a sus hijos desaparecidos y también alzan la voz por la población silenciada y temerosa que es testigo de tantas atrocidades que acontecen a diario y que los coloca al borde de la muerte y de la exasperación.

La geografía del estado está surcada por cruces y fosas, por la muerte y la sangre, por desaparecidos y asesinados. Es el estado del dolor y el sufrimiento. De las familias que luchan a diario para encontrar a sus hijos desaparecidos. De la lucha imbatible de los 43 que a 3 años de las desapariciones de los normalistas han demostrado como los agentes del estado son parte de la macrocriminalidad que han devastado a un pueblo heroico y sediento de justicia.

Ante esta realidad que lastima las autoridades de los tres niveles de gobierno tienen la obligación de actuar de manera oportuna y diligente para combatir de manera frontal a la delincuencia, que está siendo un factor de ingobernabilidad por las acciones violentas que protagonizan y por el alto número de asesinatos que están causando. Es inadmisible que las autoridades muestren no solo ineficacia en su estrategia de seguridad, sino incapacidad, pérdida de rumbo, desinterés y temor de afrontar con todo su poder a los actores que delinquen.

Ya no solo son las disputas territoriales las que van restringiendo las garantías y derechos de la población, son ahora las vías de comunicación, el traslado de las personas las que están peleándose con la furia de las armas. El monopolio de la violencia parece trocarse a grupos de la delincuencia que se ostentan como los que tienen el poder de facto en varias regiones del estado.

La sensación de un gobierno que sucumbe ante el crimen es fatal porque se derrumba la institucionalidad democrática y se derruye el estado de derecho. Atentar contra la vida y permitir que se consuman 7 asesinatos diarios en el estado es cruzar el umbral de la ingobernabilidad y quedar a merced de las organizaciones delincuenciales, que se han enseñoreado ante corporaciones policiacas débiles y permeables, sin controles ni cadenas de mando. Carentes de formación policial, que precarios sueldos, sin el equipamiento adecuado y sumidos en el aparato de la corrupción.

Guerrero sufre no solo los desastres que venimos arrastrando por las tormentas de Ingrid y Manuel y el reciente huracán, lo peor de todo es que la gente que se encuentra en los límites de la sobrevivencia, carente de alimentos y viviendas, está asediada y amenazada por la criminalidad que se ha encaramado en las instituciones de seguridad y que ha hecho de Guerrero un estado sumido en la pobreza, aplastado por los temblores y tormentas y mal gobernado por autoridades que se han coludido con las bandas del crimen y que se han embelesado con corrupción, protegiendo a los perpetradores de las graves violaciones a los derechos humanos.

 

Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan