OPINIÓN | Con nuestras voces derrumbaremos la justicia patriarcal

“Llevaba dos años de casada con quien era maestro de karate. En ese tiempo ingresó al ejército mexicano como piloto aviador. Procreamos un bebe. Fue muy difícil mi embarazo, porque a los 4 meses me golpeó muy feo y tuve que ir al hospital militar. Desde entonces no me quedo de otra que soportar ofensas y golpes que siempre callé, con el único fin de que mi hijo tuviera un padre. Todo el tiempo me reprochaba, de que no había estudiado y que, por lo mismo, dependía de él económicamente. Tuve a mi hijo, que fue el único consuelo que tenía en esta vida, de que cuando creciera pudiera ver por mí.”

Esta joven de 25 años fue asesinada por su pareja, cuando su bebé tenía 4 meses. Fue a las 4 de la madrugada cuando enfurecido la golpeó brutalmente, privándola de la vida. Él inventó la historia de que su esposa sufría de mareos y que lamentablemente al bajar rápidamente las escaleras, se tropezó y cayó hasta la planta baja. Tuvo varias lesiones en la cabeza, que le causaron la muerte. Relató al ministerio público, que llego como a las 6:50 que ya había sido auxiliada por una ambulancia de la cruz roja y que, al revisar el cuerpo de su esposa, manifestaron que ya estaba muerta. El agente investigador en lugar de iniciar una carpeta sobre el delito de homicidio, creyó la versión del esposo de que la muerte había sido provocada por el paso precipitado de su esposa al momento de bajar las escaleras en lugar de ordenar que se realizara la necropsia, el ministerio publico permitió que el cuerpo fuera trasladado a una funeraria para su embalsamiento.

Existe información de que también llegaron elementos de la policía del estado y que el mismo ejército realizó sus propias investigaciones. A pesar de que agentes de la fiscalía tuvieron conocimiento de esta muerte, fue inaudito que no pusieran en duda la versión del esposo, al grado que en el mismo expediente obra un certificado por muerte natural. Fueron los padres de la esposa quienes exigieron al esposo que interpusiera la denuncia formalmente y que le realizaran la necropsia, mientras ellos se trasladaban del norte de la república. Fue hasta las dos de la tarde cuando se abrió la carpeta de investigación. A esa hora la funeraria que había contratado el esposo ya habían embalsamado el cuerpo. Como regularmente sucede en estos casos, fueron los familiares quienes pusieron en duda la causa de la muerte y exigieron que se realizara la reconstrucción de los hechos. Fue muy difícil lograr que las autoridades atendieran este planteamiento, por el contubernio que existe entre algunos miembros del órgano investigador, que se prestan para manipular la investigación. No solo existen reticencias para realizar una investigación objetiva e imparcial, sino que también los familiares corren riesgos de sufrir alguna agresión. Esta lucha que implica mucho sufrimiento por la pérdida de su hija está pasando las peores pruebas porque tienen que vencer muchos obstáculos para llegar a la verdad. Se han encontrado indicios con la prueba del luminol de que en la recamara había huellas de sangre, que echan abajo la funesta versión del esposo.

Es uno de muchos casos que cotidianamente suceden en el país y en nuestro estado. La violencia contra las mujeres, en lugar de ir a la baja sigue escalando sin ningún control por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Sobra decir que Guerrero es uno de los estados más peligrosos para las mujeres en México. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se registraron en el año 2018, 229 homicidios de mujeres, siendo 31 casos catalogados como feminicidios. Somos la entidad con el más bajo porcentaje de homicidios dolosos de mujeres que se tipifican como feminicidios. Es un indicador funesto de que las mismas autoridades encargadas de investigar los delitos y administrar justicia, formen parte de un sistema patriarcal que es cómplice de esta violencia feminicida.

El 22 de junio de 2017 se declaró la Alerta de Violencia de Género en 8 de los municipios más violentos para las mujeres; sin embargo, a más de 20 meses de haberse impulsado este mecanismo de protección emergente, las autoridades del estado, en lugar de implementar acciones efectivas para frenar esta violencia, se han empeñado en maquillar cifras y crear una imagen contraria a la realidad que nos desangra.

Ante esta grave situación las mujeres del sindicato de trabajadoras académicas de la universidad autónoma de Guerrero (STAUAG), acompañadas por defensoras de los derechos de las mujeres, llamaron a las autoridades este 28 de febrero para que garanticen la seguridad de las mujeres guerrerenses. Remarcaron que desde que se emitió la alerta de género en 2017, han sido asesinadas 425 mujeres. Lo más grave es que en los dos primeros meses del presente año, se han registrado 27 muertes.

Como Centro de Derechos Humanos de la Montaña, hemos impulsado como parte de nuestros ejes de trabajo la defensa de los derechos de las mujeres indígenas y no indígenas. Diariamente recibimos en nuestras oficinas a mujeres, que venciendo todos los obstáculos, han tomado la decisión de denunciar la violencia de la que son víctimas. En nuestro informe del 2018, registramos 322 casos de mujeres que solicitaron asesoría jurídica, siendo 158 mujeres víctimas de algún tipo violencia.

Estos datos son un pálido reflejo de una problemática más profunda que padecen las mujeres en una de las regiones mas pobres y violentas del país. Hemos constatado el incremento de feminicidios en los municipios de Tlapa, Malinaltepec, Metlatonoc y Cochoapa. Los mismos periódicos locales se han encargado de mostrar crudamente, la forma en cómo fueron asesinadas las mujeres. En los últimos dos años, hemos documentado casos de mujeres que han sido desaparecidas por grupos de civiles armados que llegan a los domicilios particulares, a sus centros de trabajo o en la vía publica para subirlas por la fuerza a sus vehículos.

Varias de ellas se desconoce su paradero, en algunos casos han sido ubicados sus cuerpos en fosas clandestinas y otras más, las han encontrado en bolsas y desmembradas, en lugares recónditos. Los familiares han optado por guardar silencio ante el riesgo inminente de ser victima de acciones violentas por parte de los grupos que delinquen. En cierta medida la población tiene conocimiento del modus operandi de estas organizaciones, pero ante la inacción de las autoridades y su complicidad con estos grupos, domina la resignación, el miedo, la impotencia y la desesperación. El escenario es cruento, porque las mujeres están totalmente inermes ante el empoderamiento de los grupos de la delincuencia y el achicamiento de las autoridades encargadas de velar y proteger los derechos de las personas más vulnerables.

En un último recuento que abarca todo el 2018 hasta la fecha, logramos identificar 426 casos en los que las mujeres que acudieron a nuestras oficinas señalaron algún tipo de violencia, ya sea física, emocional, laboral, económica y sexual. Además, en varios de los casos de mujeres violentadas, son revictimizadas por un sistema de justicia que hasta la fecha, sigue plagado de estereotipos de género y que no tiene las herramientas necesarias para brindar un acompañamiento integral con perspectiva intercultural

A pesar de que en la Montaña existen instituciones diseñadas específicamente para atender a mujeres indígenas víctimas de violencia como los Centros de Justicia para las Mujeres y las Agencias del Ministerio Público Especializado en la Atención de la Violencia Intrafamiliar y Sexual, así como la Ciudad de las Mujeres, carecen de personal necesario y que esté capacitado para atender la realidad de las mujeres de esta región.

En el estado existen dos Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM), uno en la ciudad de Chilpancingo, que depende de la Fiscalía General del Estado y el Centro de Justicia para las Mujeres en Tlapa, que depende de la Secretaría de la Mujer. El hecho de que estos dos Centros, tengan los mismos fines, sean dirigidos por instituciones diferentes, expresa la falta de claridad en el diseño de las políticas públicas para la atención de la violencia de género.

El informe publicado por la organización EQUIS, sobre los Centros de Justicia para las Mujeres: Informe sobre el estado de la política pública a nivel nacional, hay una ausencia de protocolos o manuales homogeneizados sobre las funciones del personal que garanticen su idoneidad, y en algunos casos se evidencia una falta de perspectiva de género y una promoción de estereotipos en estos Centros. Lamentablemente estas actuaciones son recurrentes en todas las instituciones del estado, donde no hay una política pública clara para atender la violencia de género. El mismo poder judicial sigue mostrando graves retrocesos con sentencias sin perspectiva de género e incluso misóginas, que favorecen a los agresores en detrimento de las mujeres.

Ante esta realidad que nos lacera y dentro del marco del Día Internacional de la Mujer realizaremos en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado, un evento denominado Segundo Tribunal por los derechos de las Mujeres “Con nuestras voces derrumbaremos la justicia patriarcal”. El objetivo es presentar con la presencia de expertas nacionales e internacionales, varios casos de violencia que han denunciado las mismas mujeres y sus familias, para mostrar la forma burda de cómo las autoridades investigan y tipifican las violencias que padecen las mujeres. A través de los valientes testimonios de las familias y del acompañamiento de mujeres que han entregado su vida para alcanzar justicia, se busca abrir espacios para el debate público y derrumbar un sistema de justicia patriarcal que forma parte de la violencia institucional que se ejerce cotidianamente contra las mujeres, que siguen levantando la voz para que paren los feminicidios.

 

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan