Boletín de prensa de la Mesa Agraria de Carrizalillo

 

 

Carrizalillo, Mpio. Eduardo Neri, estado de Guerrero, México a 1 de mayo del 2025

 

Buenos días. Antes que nada, queremos aprovechar para enviar un gran saludo y felicitación a todas las colaboradoras y colaboradores de El Sur por sus primeros 32 años (1993-2025) de ser un inseparable acompañante de la palabra de los pueblos. Sin duda alguna gracias a la labor de ustedes podemos aprender, contrarrestar, contrastar y contrariar la información que todos los días circula por el estado de Guerrero.

Este pasado 10 de mayo con sorpresa nos encontramos en la sección de Economía de El Sur, un llamado público realizado por el Sr. Francisco Rodríguez Cisneros subsecretario de desarrollo político y social del estado de Guerrero, a quien saludamos desde el campamento que hemos establecido aprox. 2,800 ejidatarias/os, ciudadanos/as y familias a partir del 01 de abril del 2025 fuera de las instalaciones de la empresa minera canadiense Equino Gold. Esperamos que la cantidad de personas en nuestro campamento sea una evidencia para desmentir al Sr. subsecretario cuando en la nota refiere a que «algunas personas del ejido de Carrizalillo tomarán la decisión de aceptar los -precarios e impuestos-, acuerdos discutidos en una mesa de trabajo». No pretendemos desgastarnos en mostrar más evidencias relacionadas con la toma de decisiones colectivas que nos corresponde, sobre todo ante alguien que en vez de ser un secretario del estado que trabaje para los pueblos se comporta una y otra vez como vocero de la empresa.

 

Al margen de lo anterior pretendemos hacer y precisar algunos planteamientos.

 

Queremos dejar en claro que el Sr. subsecretario ya tuvo -tiempo pasado-, la oportunidad de participar en el fracasado proceso de negociación con la empresa. Durante ese proceso su actuación e inclinación hacia la empresa fue clara y evidente, por lo tanto, ha dejado de ser un político confiable para nosotros, al igual como también sucedió con la autoridad municipal. No vamos a recapitular sobre los hechos que sucedieron porque han sido publicados ampliamente por varios medios de comunicación entre ellos El Sur.

Por otra parte, al leer con detenimiento la nota sobre el llamado público a la cordura que hace el Sr. subsecretario, nuevamente evidencia su falta al respeto a nuestro ejido, pero sobretodo no entendemos cómo se le ocurre «pedir cordura» cuando son ellos, tanto el gobierno estatal como la empresa quienes no la han tenido. Oh, cómo le llamamos a lo que recientemente hizo la empresa al presentar ante el Magistrado del TUA # 12 solicitando medidas cautelares depositando una fianza con un valor de aproximadamente $1.58 (un peso con cincuenta y ocho centavos) por ejidatario al mes, cheque que la empresa por cierto ha retirado como depósito, así como la empresa se desistió de un segundo recurso también relacionado con las medidas cautelares, estas por cierto sí le fueron concedidas, pero el mismo Magistrado solicitó a la empresa depositar una fianza equivalente al valor del último año de renta recibido por el ejido, misma que la empresa por supuesto no aceptó. Nos pide cordura cuando la empresa nunca tuvo disposición para negociar pues fue inflexible en querer imponernos una reducción de lo recibido el año anterior del 64% menos relacionado con la renta de tierras y del 48% menos en el convenio social estando él como «testigo de calidad» de ese proceso.

 

Si el Sr. subsecretario fuera consecuente y respetara el derecho de las comunidades a diferencia de su abierta protección y simpatía por el sector empresarial, debería de estar muy preocupado, no por la pérdida de empleo y el retiro de la inversión, sino por la flagrante violación a nuestro derecho imperativo y de posición jerárquica que forma parte de un DERECHO FUNDAMENTAL; NUESTRO DERECHO AL TERRITORIO. La empresa fue la que decidió concluir la negociación, nos hizo entrega oficial de la no renovación Y, en Canadá, anunció una auto-suspensión indefinida ilegal, por lo tanto, de acuerdo al derecho que nos corresponde una vez terminada la intención de la empresa de negociar, estamos solicitando nos entregue las tierras porque es su obligación. Es muy simple y básico el problema: la empresa ya decidió cerrar, por lo tanto, que nos regrese las tierras tal cual como está manifiesto en el marco legal que corresponde.

De verdad nos da curiosidad saber si el gobierno estatal y municipal alcanzan a mirar el tamaño del atentado contra la vida de toda la población de Carrizalillo una vez que la mina, sin pagar la renta de las tierras y sin la entrega de las tierras rehabilitadas para dedicarlas de nuevo a la agricultura, nos coloca en una situación de riesgo mayor, lo cual incluye una cantidad inmensurable de residuos tóxicos que están expuesto al aire libre, los cuales por ley deben ser confinados y resguardados por la empresa. Eso no requiere ni cordura ni diálogo…requiere que a la empresa sel e aplique la ley.

Por supuesto no deja de sorprendernos lo sutil del cierre de la nota hecha en El Sur cuando el Sr. subsecretario menciona que «el gobierno estatal no va recurrir a ningún desalojo, ni situación de represión». Sería bueno saber bajo qué argumento de interés público podría siquiera pensar en esa posibilidad  contra del ejido/pueblo, porque en caso de suceder, el estado le entregaría un territorio de propiedad social protegido por una lev federal para que lo use una empresa privada para que siga generando la ya retórica falacia de «progreso y desarrollo». Por nosotros está claro: que la empresa se vaya, pero lucharemos para que no se vaya impune, sin rendición de cuentas y debe entregamos nuestras tierras rehabilitadas y, sabemos que para esa lucha no necesitamos al gobierno estatal.

No hay duda, el gobierno estatal dejó de ser un actor relevante e importante y no garantiza certeza a la seguridad social. Por ello esperamos que pronto el gobierno federal, usando el marco de derecho, haciendo valer el respeto de los derechos colectivos meta en cintura a la empresa Equino Gold.

 

ATENTAMENTE

MESA AGRARIA DE CARRIZALILLO