COMUNICADO | Informe XXVI

Informe XXVI

Como una noche sin estrellas

Tlapa de Comonfort, Guerrero a 7 de diciembre del 2020.- La larga pesadilla que vivimos desde el 12 de octubre de 2019, cuando en plena Asamblea de la Policía Comunitaria en Caxitepec, municipio de Acatepec, nos llegó la noticia de que el compañero Arnulfo Cerón se encontraba desaparecido, fue una angustia que se prolongó por 40 días de tensión, desconcierto, miedo e indignación. Por el whatsapp, sus compañeras y compañeros del Frente Popular de la Montaña (FPM) nos informaban que su camioneta había sido localizada en la colonia Las Mesas.

Los temores fundados, de que algo grave sucedía, adquirían mayor fuerza al constatar que los malhechores dejaron las llaves puestas en su vehículo. Se fortalecía la hipótesis de que lo habían interceptado y golpeado, para consumar su desaparición. Después de cinco horas de un pesado y angustioso viaje, entramos a la ciudad con la expectativa de tener una buena noticia. El ruido de las motocicletas que suben y bajan por las noches en las colonias pobres, nos indicaba que por parte de las autoridades municipales no había algún operativo. La inseguridad y la violencia, es parte del paisaje nocturno controlado por la delincuencia. Por teléfono nos informaron que la gente del FPM se encontraba bloqueando la carretera que va a Chilapa. Ante la inacción del Ministerio Público y la ausencia de las autoridades municipales, no tuvieron otra alternativa que implementar medidas drásticas para impedir que sacaran de la ciudad a Arnulfo. Por su parte, las corporaciones policiales y el mismo Ejército, se quedaron impávidas en espera de una orden superior. En lugar de accionar inmediatamente, se redujeron a realizar los recorridos rutinarios, que no representan amenaza alguna para los grupos que delinquen.

El apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) fue determinante; la solidaridad de organizaciones hermanas de derechos humanos a nivel nacional acuerparon y visibilizaron el caso de Arnulfo. Fue clave el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH), quienes se hicieron presentes y establecieron comunicación con el gobernador del estado. Esta sinergia por la verdad y la justicia ayudó a que el 20 de noviembre de 2020 se localizara el cuerpo de Arnulfo en un predio de la colonia El Ahuaje. El tinglado delincuencial desenmascaró que una retroexcavadora se encargó de cavar una fosa clandestina.

Aún no nos reponíamos del artero golpe que sufrimos por la desaparición y el asesinato del defensor comunitario Arnulfo Cerón Soriano, cuando tuvimos noticia de los primeros casos de contagio del Coronavirus que se dieron en Wuhan, China. Además de la inminente amenaza de este virus, la violencia delincuencial cobró mayor virulencia ante el repliegue de las autoridades, con el pretexto del confinamiento. Arreciaron los desplazamientos forzados de las familias en la zona serrana: en el municipio de Leonardo Bravo 81 familias han demandado el retorno seguro a sus comunidades. En este contexto fueron amenazadas personas defensoras de derechos humanos como Teodomira Rosales y Manuel Olivares del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón con sede en Chilapa. También por la cobertura periodística que realiza sobre la situación de violencia que se vive en la región, el periodista Ezequiel Flores de la revista Proceso fue advertido de que sería retenido por el Frente Unido de Policías Comunitarias de Guerrero. A nivel estatal la situación se ha complicado para el ejercicio periodístico. En este año fueron asesinados 3 periodistas: Roberto Ramírez Jaimes, asesinado el 11 de febrero del 2020 en Apaxtla de Castrejón; Víctor Fernando Álvarez, fue desaparecido el 2 de abril y encontrado sus restos el 8 de abril en el Puerto de Acapulco. El pasado 2 de agosto fue asesinado en la ciudad de Iguala, el director del portal P. M. Noticias Guerrero, Pablo Morrugares Parraguire. Lo que más preocupa es que las autoridades estatales y municipales han quedado supeditadas a la beligerancia de los grupos de la delincuencia organizada que han tomado el control de la sierra de Filo Mayor. Esto mismo sucede en los municipios de Zirándaro de los Chávez; en José Azueta, Eduardo Neri y Teloloapan ubicados en la zona de la Tierra Caliente, Costa Grande, región Centro y zona Norte.

Los asesinatos y ajustes de cuentas entre organizaciones criminales se incrementaron. Durante este tiempo, el crimen organizado ha sido capaz de reconfigurarse y adaptarse a las nuevas realidades políticas y económicas. En nuestra entidad, es donde se han fragmentado más los grupos del crimen organizado, al grado que ahora hay un escenario cada vez más diverso de células rivales, involucradas en un espectro más amplio de negocios ilícitos y formas de control territorial más estrictas y agresivas. Para el International Crisis Group, en el estado hay al menos 40 grupos armados no estatales, activos en las siete regiones. Hay 20 organizaciones criminales, que afirman tener control sobre varias porciones del territorio. Un número equivalente de grupos de autodefensas también están activos en el estado y algunos han ganado una influencia política y social significativa en su propio territorio. La causa, a decir de estos grupos, es por la incapacidad del estado para proteger a los ciudadanos de la violencia implantada por los grupos criminales. Sin embargo, la división entre los mismos grupos de autodefensas y de las células criminales, ha provocado infiltraciones, creando zonas porosas, donde los actores armados imponen la ley del gatillo, mientras que la complicidad y colusión de los actores estatales con ambos grupos, agravan la inseguridad crónica en esta entidad insumisa.

De acuerdo con el informe del International Crisis Group la tasa de impunidad a nivel nacional para homicidios, es de 89%, mientras que en Guerrero es del 96%, la tercera más alta a nivel nacional. Otro estudio encontró que la probabilidad de que las autoridades de Guerrero resuelvan cualquier caso criminal, es del 0.2%, la más baja en México. Guerrero, se ha convertido en uno de los lugares más violentos de México, a pesar de una disminución en los datos oficiales de homicidios en lo que va del 2020.

Con las detenciones en Estados Unidos de Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública en el sexenio calderonista y el general de división Salvador Cienfuegos, quien fungió como secretario de la Defensa Nacional en la pasada administración, quedó evidenciado el involucramiento de las altas esferas del poder público en los negocios del narcotráfico. No en vano las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, han demandando en todo momento la investigación de los altos mandos del ejército y de la policía federal, quienes han dejado crecer el poder delincuencial al grado que se ha infiltrado en las instituciones del Estado. El poder económico de los carteles de la droga a tenido la capacidad de establecer pactos con las élites del poder civil y militar de nuestro país. En esta lucha por el control territorial, las organizaciones criminales han ido ganando terreno y están disputando rutas estratégicas para el trasiego de la droga. Se han apostado en lugares claves para tomar el control e impedir que otros grupos incursionen en sus territorios. También se han apuesto a que los cuerpos de seguridad el Estado recuperen las vías estratégicas. Durante este periodo han sido asesinados 15 miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (UPOEG) en la región de la Costa Chica, en este contexto de confrontación armada. También la violencia ha alcanzado a las autoridades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria de la Policía Comunitaria, siendo asesinados 8 de sus miembros entre coordinadores, comandantes y policías.

La enfermedad que llegó del oriente

Para quienes vivimos en la Montaña, nuestras coordenadas sólo contemplan el continente americano, y de manera más precisa la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Esta megalópolis es la Montaña de hierro, el polo opuesto a esta cordillera de la Sierra Madre del Sur. Son polos que se unen, y que, en las últimas cuatro décadas, los jóvenes han encontrado en la Unión Americana el porvenir de su familia.

En este marco, la ciudad de Nueva York, forma parte de las nuevas historias de los jóvenes indígenas exitosos que se han logrado integrar a este modelo de vida, resistiendo en sus pequeños espacios. Los 300 dólares que normalmente llegan cada mes a un gran número de familias de la Montaña, son el fondo seguro para resolver los gastos de alimentación, vestido, salud, vivienda y educación. Esta derrama económica es la que ha permitido sostener a un gran número de familias de los 19 municipios de la Montaña, en medio de esta crisis económica que se torna más cruenta por la exclusión de los presupuestos públicos a las regiones más depauperadas del país.

El 23 de marzo de 2020, cinco días después de que en el twitter de la Secretaría de Salud se anunciara que en México había fallecido la primera persona con Covid – 19, en la ciudad de Tlapa, Guerrero, el corazón de la Montaña, un periódico local difundía en ocho columnas, el fallecimiento de una persona en Queens, Nueva York, por Covid-19.  Este pequeño mensaje nos ponía en alerta, de que el Coronavirus ya estaba en nuestro continente.

La situación cambió para mal, cuando el 27 de marzo de 2020 en las redes sociales de los migrantes indígenas de la Montaña, daban a conocer el fallecimiento de Ángel en Manhattan, un joven del pueblo Na’Savi, de Chimaltepec, municipio de Alcozauca. Aún no se digería esta noticia, cuando la gente de San José Lagunas del mismo municipio, subía la foto de Jhonny, para comentar que había fallecido en el Hospital Monte Sinaí, en Manhattan, Nueva York. En el perfil de Facebook ¡Ah,Chingao!  Se informaba de 59 casos de migrantes, en su mayoría de la mixteca guerrerense y poblana, solicitando apoyo para el pago de la cremación de sus cuerpos.

De marzo a junio fueron los meses funestos para la mayoría de jóvenes indígenas en Nueva York, porque las noticias no eran para avisar el envío de los 300 dólares de las remesas, sino para comentar los casos de las personas fallecidas y contagiadas. Como Tlachinollan registramos 63 personas migrantes indígenas que fallecieron por Covid – 19 en Estados Unidos, siendo los municipios de Tlapa, Xalpatláhuac, Alpoyeca, Malinaltepec, Copanatoyac, Alcozauca, Olinalá, Xochihuehuetlán, Acatepec y Tlalixtaquilla, donde hubo mayor incidencia de casos.

Para las familias indígenas de la Montaña no había manera de hacer algo por sus deudos, sobre todo por las condiciones sumamente precarias que enfrentan. Las autoridades de salud de Estados Unidos, informaban que todas las personas que habían muerto por Covid – 19, tenían que incinerarse. Para ello les daban un plazo de 8 días, para que contrataran los servicios de una funeraria. Tres mil dólares era el precio más económico que se logró conseguir para la incineración de los familiares fallecidos en Estados Unidos. Fueron contadas las familias que lograron enviar el dinero ahorrado para estos pagos. El gobierno de Guerrero se comprometió apoyar con mil dólares y al mismo tiempo, el consulado de México en Nueva York contribuyó con la cantidad de 900 dólares. Estos apoyos fueron de gran ayuda para las familias pobres que tuvieron que conseguir prestado para juntar los 3 mil dólares. Se reactivó la solidaridad y el espíritu de hermandad que persiste entre la multiplicidad de grupos de migrantes que, ante la imposibilidad de juntar tres mil dólares, utilizaron la plataforma GoFundMe para solicitar el apoyo de los usuarios de internet, quienes respondieron favorablemente. Actualmente han sido repatriadas las cenizas de 27 personas del estado de Guerrero, originarias de los municipios de Tlapa, Xalpatláhuac, Tlalixtaquilla, Olinalá, Malinaltepec, Alpoyeca, Alcozauca, Taxco y Acapulco.

Una Montaña sin camas y sin médicos

La ruta del Coronavirus siguió el sendero de las y los migrantes de la Montaña que viven en Nueva York. En este trajín por la sobrevivencia, el COVID-19 llegó a la Montaña. Tuvo su primera víctima en una mujer mayor, que viajó de Nueva York a Conhuaxo, su comunidad de origen, en el municipio de Huamuxtitlán. Acudió al hospital de Tlapa, donde los médicos optaron por trasladarla a la ciudad de Chilpancingo, por el cuadro de comorbilidad que presentó, el 5 de abril de 2020 falleció. Fue reportada por la Secretaría de Salud, como la primera paciente que murió por COVID-19, en la región de la Montaña.

En los 19 municipios de la Montaña sólo existe en la ciudad de Tlapa un hospital de segundo nivel, con precarias condiciones, en cuanto a infraestructura, personal médico, estudios de laboratorio y falta de medicamentos.  Las autoridades de salud, habilitaron un espacio de reciente construcción, para pacientes de COVID-19. Se trata de 15 camas y 6 ventiladores que son atendidas por un médico internista adscrito al Hospital General, con apoyo de seis doctoras generales, quienes recientemente fueron contratadas para atender a los pacientes. Los meses más críticos que se han vivido en la región de la Montaña, fueron mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Aunque de acuerdo con información reciente por parte de las autoridades de salud del estado, los contagios se han incrementado en las dos últimas semanas del mes de octubre, al grado que hay riesgos de regresar al semáforo rojo si no se acatan las medidas de confinamiento y el uso del cubrebocas. La unidad Covid – 19 del Hospital General de Tlapa, del mes de marzo a octubre del presente año ha atendido a 800 pacientes y registrado 300 personas que fallecieron por el coronavirus. Los municipios de mayor contagio de esta región son: Tlapa, Olinalá, Alpoyeca, Huamuxtitlán, Xochihuehuetlán, Zapotitlán Tablas y Xalpatláhuac.

Una luz en la oscuridad

La búsqueda de personas desaparecidas nos obligó a ver con otros ojos el territorio de la Montaña. A partir de los testimonios de las madres y hermanas, sobre los últimos momentos en que tuvieron contacto con sus seres queridos, siempre nos refieren el lugar donde se encontraban; los amigos y amigas con quienes estuvieron y la forma cómo se los llevaron. La investigación que hacen por cuenta propia, regularmente presenta algunos indicios sobre el rumbo por donde se los llevaron. En estas narrativas del dolor, la gente identifica el modus operandi de los grupos delincuenciales que pululan en la región. Les llega información por personas conocidas o vecinos, sobre datos más precisos, como el tipo de vehículo que usaron, el número de personas que intervinieron y los probables responsables. En el fondo, hay un deseo de ayudar a los familiares, quienes con mucho miedo y desesperación acuden al Ministerio Público, con las expectativas de ser atendidos de manera ágil y con gran sensibilidad. Sin embargo, se topan con pared, porque regularmente no hay personas que estén dispuestas a testificar, y de igual manera, el Ministerio Público solicita a las personas agraviadas que le den pruebas y testigos para integrar la carpeta de investigación. Todo queda trunco en este proceso legal, porque no se guarda el sigilo profesional, y los expedientes tienen un costo, que fácilmente es pagable por los mismos perpetradores, sus abogados o quienes viven de la nota roja. Los peritajes que se realizan por parte de la Fiscalía, son compartidos con el fin avieso de hacer negocio, publicando a ocho columnas, escenas trágicas, que hacen más cruento el dolor de los familiares quienes también padecen el escarnio público.

La anomia social ha obligado a que los familiares de las víctimas de la violencia, busquen un resquicio para no claudicar en la búsqueda de sus seres queridos. Ante el caso de Arnulfo que cimbró al poder municipal que lo defenestró públicamente y actuó con encono, para desacreditar su lucha, desenmascararon esta red delincuencial que tantas muertes ha cobrado. Su búsqueda con la participación de la Fiscalía del Estado y la Comisión Nacional de Búsqueda, apoyados y resguardados por la Guardia Nacional, Ejército y la Policía del Estado, levantó el ánimo entre los familiares de personas desaparecidas, que se incorporaron a estas jornadas. La exploración de los lugares donde había indicios de restos humanos, arrojó resultados positivos en las primeras salidas.

Esta búsqueda exitosa, a pesar de ser dolorosa, abrió el nuevo camino para las familias, que, con muchas dificultades y temores, han intentado buscar a su ser querido. Con el hallazgo de más restos, sobre todo, los cuatro cuerpos de una familia en la colonia Contlalco, despertó interés y ganas de involucrarse en estos trabajos.

Durante este periodo que va del mes octubre del 2019 a la fecha se han realizado 5 jornadas de búsqueda y se han encontrado 7 cuerpos en 4 fosas clandestinas. Además, se han recolectado 106 restos óseos en los parajes de Tres Postes y Contlalco en el municipio de Tlapa, en la barranca Siete Cueros municipio de Tlapa y Barranca Honda, municipio de Copanatoyac y en tramo carretero que va de Tlapa a Igualita, municipio de Xalpatláhuac.

El Colectivo Luciérnaga que se conformó después del defensor de Arnulfo Cerón, ha reportado 32 personas desaparecidas, la mayoría de estos casos se dieron en la ciudad de Tlapa. Lamentablemente en el contexto de la pandemia dos padres de familia murieron por Covid – 19, dejando truncos su intento de continuar con la búsqueda de sus hijos. También otro padre de familia que buscaba a su hijo fue asesinado en un paraje del municipio de Atlamajalcingo del Monte.

Los municipios de la Montaña que presentan mayor índice de violencia son: Tlapa, Zapotitlán Tablas, Acatepec, Malinaltepec, Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Copanatoyac y Olinalá.

La infamia que desgarra el corazón: los feminicidios en la Montaña

México, vive momentos terribles de violencia contra mujeres y niñas. Atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia ha sido una tarea difícil. En las comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero, la situación de vulnerabilidad que viven las mujeres es grave, por su triple condición: por ser mujeres, pobres e indígenas. Enfrentan situaciones de marginación y de exclusión social.

La crueldad con la que han acabado con la vida de mujeres y niñas ha dejado mensajes claros en el interior de las comunidades indígenas: el dominio lo ejerce el hombre y el papel de la mujer es obedecer sin más. Cualquier osadía se paga con la vida.

El difícil camino de las víctimas violentadas para acceder a la justicia, a menudo se vuelve un mecanismo de revictimización. Las instituciones de justicia son insensibles al dolor y violencia que viven las mujeres; dilatan las investigaciones, maltratan, discriminan y no les creen a las mujeres. Su palabra y testimonio no cuentan. La primera respuesta del operador de justicia ante la denuncia de las mujeres es la duda. No importa si el funcionario es mujer u hombre. La actitud es la misma.

Se creía que, con el sistema penal acusatorio, los formalismos y la burocracia en los procesos se superarían; que las investigaciones serían más ágiles, sin embargo, los problemas siguen siendo los mismos, pues son falencias estructurales no tienen que ver con el modelo procesal penal.

A la fecha, la falta de peritos del sexo femenino, personal especializado para atender a las mujeres, insensibilidad de los agentes investigadores, psicólogas que desconocen el tema y maltratan a las víctimas, demasiadas cargas laborales y dilación en las indagatorias, fallas procesales en los actos de investigación e inobservancia de las reglas del debido proceso al realizar los actos de investigación, es una constante, lo que debilita la obtención de condenas y sanciones para las personas responsables. Estas falencias hacen de los procesos de justicia un verdadero viacrucis para las mujeres que buscan que los agresores sean sancionados.

Nuestro informe registra 19 de casos de muertes violentas y actualmente acompañamos 7 casos de feminicidios. Durante este periodo registramos 6 casos de mujeres desaparecidas y 5 casos de niñas indígenas asesinadas. Por otra parte, tenemos registrados 14 casos de agresión sexual, siendo en su mayoría niñas de 9 a 16 años.

Tenemos ojos, pero no los vemos

Con la llegada de la pandemia la situación empeoró al interior de las comunidades indígenas porque encarecieron los productos básicos y, por otra parte, dejaron de fluir las remesas. Las familias se vieron cercadas por el hambre y el Coronavirus. No encontraron el apoyo de las autoridades y tampoco vislumbraron alguna opción productiva para mantenerse en casa. Desde el mes de febrero las familias empezaron su peregrinar a los campos agrícolas de Chihuahua. Durante nueve meses el fenómeno migratorio se incrementó en cuanto al número de personas que salieron de las comunidades.  Lo peor de todo es que esta población ha quedado olvidada, a pesar de que se trata de trabajadores esenciales que están en los surcos, sembrando, limpiando los terrenos y recolectando los vegetales para garantizar su consumo a nivel nacional y también en el mercado internacional. Su salida se da sin que las autoridades de los tres niveles de gobierno se preocupen por brindarles atención. Deambulan por las calles y duermen sobre los lechos de barrancas y ríos, sin que nadie los vea. Son madres solteras que salen con sus hijos menores en situaciones sumamente deplorables. Han sido víctimas de la violencia intrafamiliar y del trato discriminatorio de las autoridades. Cuentan únicamente con su fuerza de trabajo para ser contratada por empresarios voraces, que abusando de su estado de indefensión las expolian, para pagarles por abajo del salario mínimo. Este viacrucis inicia desde que salen de su comunidad porque automáticamente se colocan en riesgo de ser contagiadas o contagiados. En los lugares donde se concentran no hay condiciones para verificar su situación de salud y brindarles apoyo para que cuenten con servicios básicos. Quedan en manos de mayordomos y contratistas que les prometen beneficios inexistentes con tal de engancharlos y llevarlos a campos que trabajan de manera irregular. En los autobuses sufren maltratos del chofer y viajan amontonados. Padecen multiplicidad de vejaciones por parte de los mayordomos. Los empresarios agrícolas no han cumplido con las recomendaciones planteadas en la Guía de acción para los Centros de Trabajo Agrícolas ante el COVID-19, publicadas por la Secretaría del Trabajo (ST). Se trata de un gran aporte, pero que resulta insuficiente cuando no está acompañada por acciones que verifiquen la implementación de estas medidas, para hacer efectiva la prevención de contagios y el cuidado de la salud de las familias jornaleras.

En este periodo que va de febrero a octubre registramos 12 mil 9 personas que fueron atendidas por el Consejo de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, 6 mil 82 hombre y 5 mil 927 mujeres, siendo 5 mil 171 niños y niñas que acompañan y apoyan a sus papás en los campos agrícolas. En este lapso de tiempo hemos identificado 195 campos agrícolas de los estados de: Sonora, Guanajuato, Zacatecas, Baja California, Michoacán, Chihuahua, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nueva León y Querétaro.

Los relámpagos de una noche sombría

A pesar de estos nubarrones y estas noches sin estrellas, las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos no pararon, por el contrario, continuaron su peregrinar a lo largo de los meses en este pesado tiempo de la tristeza. Su lucha tenaz y valiente sigue surcando los caminos de la verdad y la justicia. Su mayor ejemplo, en estos meses difíciles, ha sido su acompañamiento a los familiares de personas desaparecidas y a los estudiantes de las normales que han sido víctimas de la persecución y criminalización por parte de las autoridades estatales. Fue muy simbólica su presencia en zócalo de Tlapa, para prender el “Árbol de la Esperanza” y abrazar la lucha del Colectivo Luciérnaga, que vencía el miedo para presentarse al lado del árbol adornado con las fotografías de sus seres queridos. Son presencias que iluminan las noches pesadas marcadas por el dolor y la soledad. Sus palabras enjugan las lágrimas de quienes se sienten desamparados. Esta red de la fraternidad es la que han podido tejer a diario las madres de los 43 con sus bordados, en los que pacientemente dibujan el colorido de su esperanza. Es invaluable su gran corazón, porque mientras no lleguen sus hijos a la casa materna, ellas seguirán buscándolos con las demás familias que están luchando en otros estados enfrentando graves riesgos, ante la indolencia de las autoridades.

En este tiempo de la pandemia ha sido muy relevante que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, haya declarado que se terminó la verdad histórica, porque es una ruptura con el régimen anterior y retoma otras líneas de investigación que quedaron relegadas y que son determinantes para romper el pacto del silencio. Las órdenes de aprehensión que se han emitido contra altos funcionarios es un claro mensaje de que no habrá impunidad. Tomás Zerón tiene mucho que decir sobre su actuación irregular en el proceso ¿Por qué tantas deficiencias cometidas en la investigación? ¿A qué intereses políticos respondió su manoseo en el proceso? ¿A qué autoridades de alto nivel ha tratado de encubrir? ¿De dónde obtuvo el resto óseo que fue sembrado en el río San Juan y que las pruebas de genética indican que pertenece al estudiante Alexander Mora Venancio?

La detención de José Ángel Casarrubias, alias el Mochomo, es de suma trascendencia para conocer el paradero de los 43 estudiantes. El día de los hechos, José Ángel, ejercía el liderazgo delictivo de Guerreros Unidos, quienes contaron con el apoyo y el respaldo de corporaciones policiales, tanto Municipales, Estatales y Federales, así como elementos del Ejército y de la Marina. También está corroborado que la familia Casarrubias dirigía este grupo criminal, pues varios de sus hermanos han sido detenidos por este hecho, además uno de ellos era Policía Federal y otro, integrante del Ejército. Su detención cobra una relevancia fundamental al ser dirigente de este grupo criminal ya que posee información privilegiada del paradero de los 43. En medio de la turbulencia que se dio, cuando una juez dictó su libertad, el mismo presidente de la República intervino para poner en evidencia el alto nivel de corrupción que existe entre los juzgadores del país, que quebrantan las exigencias más sentidas de una sociedad agraviada que reclama justicia. Las madres y padres esperan que impere el estado de derecho y no los intereses facciosos que pueden descarrilar nuevamente estos grandes esfuerzos para llegar a la verdad.

Las 46 órdenes de aprehensión que anunció el Fiscal General es un claro mensaje que las pesquisas continuarán y que se procesará a todos los responsables directos e indirectos del caso. Es una exigencia de todo el pueblo de México, que ya no está dispuesto a tolerar más simulaciones y, sobre todo, versiones falaces como la “verdad histórica” que quiso transformar en cenizas los sueños de los normalistas de Ayotzinapa, que son el motor de las grandes transformaciones sociales que requiere nuestro país.

El hallazgo de los restos del normalista Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre , dio la pauta del nuevo rumbo de las investigaciones del caso Ayotzinapa, sobre todo porque en el sitio conocido como La Barranca de la Carnicería, donde se encontraron estos restos, fue descartado por el entonces Procurador General de la República, José Murillo Karam y su alfil Tomás Zerón de Lucio. Para las madres y padres y sobre todo para don Clemente Rodríguez y Luz María Telumbre, papá y mamá de Cristian, estos datos científicos son sumamente dolorosos y muy difíciles de asimilar. A pesar de la evidencia empírica, el sentimiento amoroso que profesan por Cristian se impone por encima de la razón. Fue muy significativo que esta noticia se diera a conocer primero a los familiares, en la privacidad de su domicilio. También fue relevante que, en el marco de una reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se les comunicara a todas las madres y padres sobre este hallazgo. Es un paso de suma relevancia que reencausa la investigación en la dirección adecuada, para dar con el paradero de los 43 estudiantes. Este tramo, que condensa un sexenio de sufrimiento y expectativas, ha salido muy caro y muy doloroso para las madres y padres de familia, porque tuvieron que luchar con todas sus fuerzas y su gallardía para destruir la verdad histórica. Lo difícil es seguir caminando cuesta arriba para construir la nueva ruta con el apoyo del Gobierno Federal. Ha sido un caminar escabroso y muy lento, por eso la urgencia de acelerar el paso, para cruzar este umbral de una noche sin estrellas.