Día 5. Florentino García Castro.

Esta es la quinta de doce biografías de defensoras y defensores del sistema de seguridad y justicia indígena del estado de Guerrero; doce entregas enmarcadas en la campaña «12 Días por la Defensa de Nuestra Vida y Nuestra Libertad».

Día 5. Florentino García Castro. Policía Comunitario de la Coordinadora Regional Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), de la Casa de Justicia de El Paraíso.

Florentino García Castro es un joven de 20 años de edad, de la comunidad de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres. Florentino habla poco español, tuvo que dejar trunca su primaria a los 8 años de edad, cuando cursaba su tercer año de primaria, debido a que su padre Fidencio García falleció. Él, junto a sus otros dos hermanos y su hermana, tuvieron que dedicarse a trabajar con su madre María Lorenza, en la parcela que les otorgó su abuelo, donde sembraban maíz y frijol. La tierra fue el único sustento para su familia.

Florentino está casado y tiene una pequeña hija de un poco menos de dos años de edad. Florentino ha estado activamente involucrado en las actividades de la comunidad, donde ha pasado la mayor parte de su vida. Si bien la comunidad de El Paraíso se ha integrado a la CRAC-PC hace poco más de un año; el pueblo, como es la costumbre en las comunidades indígenas, contaba con su propia policía desde hace años. Casi todos los ciudadanos han prestado ese servicio en algún momento de sus vidas. Florentino ya había tenido el cargo de policía, por lo que en la asamblea del 18 de noviembre de 2013 fue confirmado en su cargo, ahora como Policía Comunitario de la Casa de Justicia de El Paraíso, ya como parte de la CRAC-PC.

El sistema CRAC – PC es una muestra de que el éxito de cualquier política de seguridad pasa por la proximidad con la población, el cuidado del tejido comunitario y la legitimidad eregida en la rendidción de cuentas y el servicio a la comunidad. Este modelo no es una invención reciente: más bien, se trata de un esfuerzo organizativo tendente a revitalizar los milenarios sistemas normativos de los pueblos indígenas.

Florentino fue detenido durante los operativos del 21 de agosto pasado, en la comunidad de El Paraíso, durante el cual fueron detenidos 12 integrantes de la Policía Comunitaria de esa Casa de Justicia. Luego de la detención, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero solicitó el arraigo de ese grupo de policías comunitarios para efecto de terminar de integrar una averiguación previa en la que se les acusaba de privación ilegal de la libertad, entre otras imputaciones; en su caso, como en el de muchas otras personas, el arraigo sirvió para que la Procuraduría realizara una investigación que hasta ese momento era inexistente. Es decir, fue detenido para después ser investigado.

A Florentino no se le respetó su derecho a una defensa adecuada. El ministerio público recabó con gran celeridad su declaración, de tal suerte que fue asistido por un defensor de oficio que no ejerció cabalmente su función. Florentino, hablante de una lengua indígena y poco fluido en español, no contó con traducción adecuada.

Es importante recordar que tras la detención de los 12 integrantes de la Policía Comunitaria en El Paraíso y de 6 autoridades comunitarias en Olinalá, el jueves 22 de agosto de 2013 se desarrollaron diversos actos de protesta por parte de la población que apoya a la Policía Comunitaria en los municipios de Ayutla, Titxtla, Tlapa y Olinalá. Debido a que la información sobre el paradero de las personas detenidas no fue clara, la protesta social se tradujo en marchas y bloqueos pacíficos, a lo que se respondió inicialmente con un amago de uso de la fuerza pública. Se vivieron momentos de suma tensión, dado que los Policías Federales apuntaron sus armas en contra de quienes se manifestaban. La gravedad de estos hechos se hace patente si se considera también que en Guerrero no han cicatrizado las heridas del uso excesivo de la fuerza pública que el 12 de diciembre de 2011 generó la muerte de tres personas cuando fueron reprimidos los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Recordar este hecho, del que pronto conmemoramos un aniversario más, sirve en el contexto de la detención de Florencio para insistir en que a casi dos años de estos terribles hechos, nadie ha sido sancionado y los únicos dos servidores públicos que habrían estado detenidos por las ejecuciones de dos estudiantes, fueron liberados en abril de este año. El mensaje es claro: en Guerrero hay más severidad para quienes se suman a la policía comunitaria que para quienes matan estudiantes.

Eleuterio se encuentra privado de su libertad en el reclusorio de Acapulco, junto a otros 8 compañeros de la CRAC-PC, acusado del delito de secuestro, dentro de la causa penal 191/2013 que se instruye en el Juzgado 4º de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en Acapulco, Guerrero. El lenguaje del derecho equipara a Florencio con quienes privan de la libertad para saciar sus aviesas pretensiones económicas; pero en el lenguaje de la gente el sinsentido de esta equiparación no pasa desapercibido: ¿Quién en su sano juicio podría afirmar que un joven Na Savi nombrado policía por su pueblo es igual a un temible secuestrador que embozado en el anonimato priva de la libertad a sus víctimas para exigir rescate? ¿Quién puede creer semejante desproporción?

Como muestra la historia reciente de América Latina, es inevitable el surgimiento de tensiones entre el sistema de justicia estatal y los sistemas normativos indígenas. Sin embargo, atender esta compleja conflictividad social con la amenaza de la criminalización y pretender controlar coercitivamente la justicia comunitaria sólo generará mayores conflictos y polarización en nuestra convulsa entidad suriana. Y no sólo eso: este uso torcido de la justicia mantendrá en la fría prisión a jóvenes como Eleuterio, mientras los verdaderos criminales que esparcen el miedo en Guerrero caminan a sus anchas por nuestros municipios y colonias. Entre tanto, Doña María Lorenza seguirá esperando a que vuelva al pueblo su hijo, a quien un día infausto el gobierno se lo llevó por cumplir el mandato de la asamblea.