Dos meses sin el paradero del defensor de la tierra, Vicente Suástegui

Tlapa, Guerrero, a 5 de octubre de 2021. A dos meses de la desaparición de Vicente Suastegui Muñoz, defensor del territorio, “no hemos visto avance alguno. Ya se tiene dos detenidos, sin embargo, esto parece que no significa nada para la Fiscalía General del estado de Guerrero. Las personas detenidas participaron en la desaparición de Vicente, hay testigos que dicen que los vieron forcejeando y cómo le dispararon a Vicente. Yo creo que sólo pasa en Guerrero. Exigimos la presentación inmediata de Vicente”, dijo Marco Antonio Suastegui, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota, en conferencia de prensa.

En la noche del 5 de agosto personas armadas se llevaron por la fuerza a Vicente Suástegui con rumbo desconocido, en Acapulco. Su familia ha pasado dos meses de búsqueda sin que den con su paradero y sin que las autoridades avancen en las investigaciones. El 6 de agosto abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan realizaron las denunciar pertinentes ante las autoridades. De acuerdo con Rogelio Teliz García, abogado de Tlachinollan, el 10 de agosto se presentó un amparo con la finalidad de que las autoridades puedan agilizar las búsquedas. El 12 de agosto acudimos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero para presentar una queja contra la policía estatal y la Marina, porque días antes de su desaparición fue privado de su libertad con el argumento de que portaba armas sin que se le acreditará.

Los familiares y las organizaciones sociales tuvieron que presionar a las autoridades para que avanzaran en las pesquisas de los responsables de la desaparición de Vicente.  El día 17 de agosto se liberaron dos órdenes de aprehensión contra Juan Carlos Valenzuela Herrera, alias «El Brillo» vinculada a proceso, junto a cinco personas más levantaron a Vicente. No obstante, hay más personas que participaron como Baltazar Cardona Clavel, un ex policía ministerial, y Jorge Eduardo García Ramírez, alias el Junior, responsable de la plaza junto con el comandante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Pedro Santos Cruz, alias El Pino. También estuvo Felipe Sandoval, vinculado a proceso, y José Luis Vázquez. “El testimonio de Juan Carlos dice que antes del 5 de agosto Jorge Eduardo cita a Balta, Felipe y él en una casa de seguridad en ciudad Renacimiento para comentarles que tenían que levantar a tres personas, entre los que estaba Vicente, porque Pedro Santos lo pidió”. El defensor fue entregado en un motel de Tres Palos, donde las huellas de Vicente se pierden, aunque supuestamente fue asesinado y enterrado en el lugar conocido como el deshuasadero, pero en las búsquedas no se encontró nada. Al día de hoy están seis órdenes de aprehensión y quedan pendientes cuatro que faltan por liberarse y que se tienen que ejecutar a la brevedad para dar a conocer el paradero del defensor.

Para Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el patrón de desapariciones ha sido atroz porque a pesar de que se han interpuesto las denuncias, se han hecho las búsquedas, las mismas familias han arriesgando su vida, su seguridad, no hay datos. La Fiscalía General de Guerrero no hay esa reacción con toda la fuerza de las instituciones para proceder contra los perpetradores. Acapulco, junto con iguala, son los dos lugares más peligrosos y dónde las autoridades no han actuado para desmontar la estructura delincuencial. Hay una crisis de seguridad, sobre todo, porque hay actores armados y el señalamiento de un comandante de la UPOEG que tiene que ver con esa desaparición, a dos meses de la desaparición del defensor la exigencia es que las autoridades den una respuesta clara y contundente.

Marco Antonio Suastegui, hermano de Vicente, señala como responsables a la UPOEG, “un grupo paramilitar dirigido por Bruno Plácido y que tiene a un comandante comunitario convertido en un gran jefe de plaza, Pedro Santos cruz. Todo mundo sabe dónde localizarlo en el poblado de El Arenal y que saben que Vicente fue entregado en el motel de Tres Palos. Sus retenes de la UPOEG están desde Tuncingo, Tres Palos, San Pedro Las payas y las Chanecas, pero no son para cuidar a la ciudadanía. Nos indigna en las búsquedas, e sus guaridas donde se llevan a sus víctimas, bajo la mirada atónita de la sociedad y del gobierno. Nos han comentado elementos de la marina, el ejército que no pueden tocar a las supuestas guardias comunitarias porque es una orden de arriba, esto demuestra la complicidad e impunidad; exigimos que rompan con ese pacto de complicidad”.

Las autoridades son comparsas de los grupos de la delincuencia, simplemente están ausentes e inactivos ante el terror de la violencia. “Cada vez que nos adentramos en las búsquedas sabemos que nuestras vidas están en peligro. Nos sentimos acosados, amenazados y más cuando nos cuentan las historias de terror cuando la UPOEG desaparece a personas. Lo último que nos contaron es que echan vivas a las personas a los cocodrilos para que se las coman, esto divierte a los comandantes de la policía comunitaria, también los deshacen con ácido y que los arrojan al fondo de la laguna de Tres Palos. Es escalofriante”. La ruta del desarrollo es la de las personas desaparecidas, también es el trasiego de drogas y armas, desde la Laguna de Tres Palos hasta Teconapa. Es el negocio de los políticos y de las propias autoridades. Han engañado a los campesinos, los han desplazado, desaparecidos o asesinado. Son 60 días de no dormir, de casi no comer, de tomar poca agua, de mucho sufrimiento. Nos solidarizamos con las más de 90 mil familias con un integrante desaparecido”, relata Marco Antonio Suastegui con lágrimas en el rostro.

En cinco jornadas de búsquedas no se ha encontrado a Vicente Suastegui. Las autoridades no se movilizaron desde un inicio, al contrario, criminalizaron al defensor. Se ha buscado varias colonias donde hay una situación difícil porque están controladas por el crimen organizado. Ha habido tensiones muy fuertes porque en todo momento la delincuencia organizada ha seguido los pasos de familiares y organizaciones sociales.

Organizaciones nacionales de derechos humanos también se solidarizaron con el dolor de la familia, con Marco Antonio, y refrendaron su apoyo hasta que se dé con el paradero del defensor.

Es importante que la Fiscalía General de Guerrero ejecute las órdenes de aprehensión de los responsables de la desaparición de Vicente, que andan libres. Es increíble que a dos meses las autoridades se caractericen por su inacción.