El caso Ayotzinapa en el atolladero

Las investigaciones de la desaparición forzada de los 43 estudiantes desaparecidos en el 2014 está en un enorme atolladero y en la impunidad. En los primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador hubo algunos avances impulsados por las madres y padres. Sin embargo, al topar con el ejército mexicano todo quedó estancado. Con la presidenta Claudia Sheinbaum podríamos decir que hasta hay un retroceso no sólo porque sigue protegiendo a la Sedena, sino porque no tiene una hipótesis del paradero de los normalistas.

El 26 de enero de 2026 el Tribunal Colegiado de Apelaciones de Reynosa, Tamaulipas, requirió a la Fiscalía General de la República (FGR), a un agente del ministerio público que no haya formado parte de las investigaciones del caso, dos padres de los 43 y el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia que en junio de 2018 el Tribunal ordenó.

En América Latina y México fue novedosa la sentencia porque la investigación no sólo se limita al ministerio público, sino que participan las víctimas y la CNDH, quien tiene que velar por los intereses de las familias. Rompió con el paradigma jurídico de que las investigaciones solo las realiza el ministerio público.

Isidoro Vicario, abogado de las madres y padres, recuerda que cuando las autoridades federales se enteraron de la sentencia argumentaron que el juez se había extralimitado porque en la constitución mexicana los únicos facultados para realizar investigaciones son los ministerios públicos. Por eso, más de 30 instituciones gubernamentales impugnaron la sentencia como la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Sedena y otras más.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no aceptó la sentencia única. En cambio, se creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj), dirigida por Alejandro Encinas y la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), encomendada a Omar Gómez. La hipótesis a la que arribaron fue que los estudiantes habían sido detenidos, asesinados de forma brutal y llevados en diferentes lugares. Sólo en la Barranca de la Carnicería fueron encontrados restos óseos, dos fueron identificados como pertenecientes a dos normalistas. Las madres y padres no estuvieron de acuerdo porque una persona puede vivir sin un dedo.

La sentencia del Tribunal Colegiado quedó estancada. El abogado de las madres y padres señala que las impugnaciones también quedaron sin seguir su curso. “En el 2023 el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro” interpuso un amparo de lo que había pasado en el 2018 por la impugnación de las autoridades y se resolvió en el 2024. En 2025 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que tenía que regresar a Tamaulipas porque aún no se ha cumplido la resolución con la creación de la Comisión de Investigación y si las autoridades no cumplen podrán ser sancionados y destituidos”.

Por eso a inicios del 2026 el Tribunal Colegiado requirió la conformación de la Comisión de Investigación, pero solo las madres y padres nombraron a don Emiliano Navarrete y a don Mario César González. “La Fiscalía informó que existe imposibilidad para designar a un representante, mientras que la CNDH en un comunidado señala que no van a torcer la ley y formar parte de una farsa. Hay 25 impugnaciones de instituciones que habían impugnado en el 2018 en las que está la Secretaría de Salud, Fiscalía, CNDH, la Marina, el ejército, la Secretaría de Relaciones Exteriores”, asegura Isidoro Vicario.

Las madres y padres consideran que las autoridades federales deben acatar la sentencia de un juzgado. Además, no funciona la Covaj, no hay respuestas del paradero de los 43 estudiantes y no hay reuniones periódicas como se había comprometido la presidenta Claudia Sheinbaum.

Lo peor es que están protegiendo al ejército mexicano. Durante 11 años han ocultado la verdad. La exigencia de las madres y padres de que la Sedena entregue los 800 folios faltantes ha quedado en el paredón verde olivo. Ante la postura reacia de la institución castrense en 2023 las familias interpusieron un amparo y el 19 de febrero un juez Quinto de Distrito le dio la razón a los padres de los 43, ordenando a la Sedena entregar los archivos militares al GIEI y a la Covaj. Consideró que es necesario para esclarecer la verdad no sólo para los padres, sino para la sociedad mexicana en general.

Con la presidenta Claudia Sheinbaum no se ha hecho nada. Había el compromiso de que se iba a conformar un equipo de expertos de la Secretaría de Seguridad Pública para ayudar a la Fiscalía enfocado en la línea de investigación de la telefonía celular. Sólo se han realizado dos o tres diligencias, pero no hay nada.

La línea de investigación de los 17 jóvenes que fueron detenidos y llevados a barandilla municipal de Iguala permanece sin más. La misma versión del gobierno señala que hay 12 posibles destinos a donde pudieron haberlos llevado, pero en las búsquedas que se han realizado no se ha enncontrado nada.

La línea del ejército con los 800 folios también está pendiente a pesar de la sentencia reciente donde le ordenan que entregue los archivos que tiene en su poder. Lo inaudito es que en reiteradas ocasiones han dicho que ya entregaron todo y la presidenta los respalda, una muestra de que no quiere tocar al ejército.

Las extradicciones están más empantanadas. Las madres y padres han exigido agilizar las extradiciones de Ulises Bernabé que está relacionado con los 17 jóvenes de barandillas y la extradicción de Tomás Zerón de Lucio, quien está relacionado con la verdad histórica.

“En la última reunión que se tuvo con la presidenta el 27 de noviembre los padres plantearon el regreso del GIEI y la presidenta dijo que sí. Instruyó a Arturo Medina que se comunique con la CIDH o los integrantes del GIEI. A cinco meses no se avizora en el horizonte una gota de esperanza”, reclama el abogado Isidoro.

Este sábado 9 de mayo se realizará la Asamblea Nacional Popular en la normal de Ayotzinapa a las 11 de la mañana. Las madres y padres van a realizar una serie de protestas en el marco del mundial porque las investigaciones están estancadas, sin asidero. En el caso de Ayotzinapa estamos como al inicio con la misma interrogante: ¿dónde están los 43 estudiantes?