Balas y drones en el Día de las Madres en la Montaña

Abel Barrera Hérnandez

Soy una madre de Tula, municipio de Chilapa, Guerrero. Les mando este mensaje desde el cerro porque es el único lugar donde me pude esconder. Tengo miedo de lo que me vaya a pasar. Este viernes 9, como a la una de la tarde, dejé mi casa porque gente de la delincuencia estaban tirando drones y balas de calibre 50. Saqué a mis gemelos como pude, ya habían destrozado mi puerta con tantos balazos. Con mucho miedo me escapé, agarré la vereda para refugiarme entre los árboles con mis hijitos. Las personas armadas entraron a Tula ayer y hoy están en Xicotlán. Algunos jóvenes grabaron las balaceras y la quema de algunas casas. También hay fotos de las calles de Acahuehuetla donde aparecen casquillos y lugares quemados por los drones que explotaron.

A pesar de las denuncias y del llamado urgente al gobierno del estado, ninguna autoridad acude para brindarnos auxilio, sucede todo lo contrario, el subsecretario Francisco se encarga de desmentirnos. Le cree más a la delincuencia que nos agrede y se pone contra nosotras, descalificando todo lo que declaramos. Sobre estos hechos se atrevió a decir que las comunidades están en calma, que no son ciertas las balaceras que denunciamos. Ayer por la tarde enviamos varias fotos de nuestras compañeras que salieron corriendo de sus casas en busca de refugio. Para el señor que está en Chilpancingo y que no ve lo que nos está pasando, se le hace muy fácil declarar que son mentiras lo que decimos. Cómo le vamos a creer si no está viviendo en el pueblo, si no tiene hijos que sufren y lloran por las balaceras que escuchan.

Quieren corrernos a todas las personas que no queremos trabajar con ellos. Parece que el gobierno está de acuerdo con esta idea porque nunca los investigan a nosotros; mucho menos los culpan de los asesinatos y las desapariciones que han pasado en nuestras comunidades. Antes sufríamos por tanto abandono del gobierno, ahora que nos hemos organizado como comunidades para defender nuestros derechos, con el apoyo de la policía comunitaria, resulta que el mismo gobierno se encarga de destruirnos. Ha dejado que grupos de la delincuencia nos sometan y nos atemoricen. Lo hacen con violencia porque nos balacean desde los cerros y de repente entran en busca de nuestras autoridades. Hace dos semanas mataron a nuestro comandante regional, Isaías Lucas, en la comunidad de Xicotlán cuando estaba trabajando con otros tres compañeros en la construcción de una casa. ¿Cómo es posible que gente armada haya entrado y salido del pueblo y que los militares no hayan ubicado a los asesinos?

A pesar de que hemos tenido reuniones con las autoridades en Chilpancingo, todo queda en promesas incumplidas. Desde que asesinaron a 10 compañeros músicos de Alcozacán, en enero de 2020, la violencia no ha parado, las autoridades ya no investigaron, lo peor es que aquí en la Montaña la justicia no existe para los indígenas. En las reuniones se firman muchos compromisos, sobre todo de que habrá seguridad, de que se redoblará la vigilancia y que se atenderán las demandas sociales. Lamentablemente, las cosas van de mal en peor.

Llevamos más de 10 años con este problema. Desde 2015 se complicó el conflicto por las tierras y porque los de la delincuencia no querían que hubiera policía comunitaria en nuestros poblados. Quisieron imponer su ley, así como lo han hecho con los pueblos de Quechultenango, de Hueycantenango y de algunas comunidades de Chilapa. Todo este tiempo hemos resistido con el apoyo del Consejo Indígena Popular Emiliano Zapata (Cipog). Los saldos han sido sangrientos. En un periodo que va de 2015 a 2026 han asesinado a 76 compañeros y compañeras, también tenemos 24 personas que están desaparecidas. A pesar de que hemos denunciado estos hechos, el personal de la fiscalía en muy pocas ocasiones acude para investigar. Quiere que nosotros le llevemos toda la información; sobre cómo fueron los hechos, quiénes fueron y dónde viven los acusados. Al principio lo hicimos, pero fue peor porque luego mataron a los familiares que acudieron al Ministerio Público a denunciar. No hay garantías para denunciar, pareciera que se protege a los malhechores. A los funcionarios no les importa lo que nos pasa. Nos culpan por la muerte de nuestros hermanos o hijos, porque luego dicen que algo malo hicieron y que nosotros los cubrimos. También el trato siempre es con regaños e insultos porque no hablamos el español.

Seguimos con miedo porque los delincuentes ya amenazaron con que van a entrar a nuestras comunidades y que nos van a matar. Desde hace tres días no paran las balaceras, por eso las familias de Tula y Xicotlán están saliendo de sus comunidades. Estamos ante un callejón sin salida, asediadas por la delincuencia, desprotegidas por los cuerpos de seguridad y con las autoridades del estado en contra, porque no creen que la delincuencia llega para quemar nuestras casas y para quitarnos las tierras. Matan a nuestras autoridades y nos impiden salir de nuestras comunidades; en los caminos nos matan. ¿Qué podemos esperar de un gobierno cuando deja que los delincuentes patrullen los caminos y que desde los cerros tiren drones y balazos? De nada sirve que esté un retén del Ejército en Tula y que haya otro en el Jaguey si nada más observan y escuchan las balaceras.

Demandamos la presencia de las autoridades en el lugar del conflicto. No podemos seguir a salto de mata. Ya es tiempo que su presencia haga valer la ley y que demuestre su compromiso con las madres indígenas que por siglos hemos padecido la discriminación y la violencia estructural. No es posible que como madres tengamos que callar nuestro dolor y guardar silencio ante las balas y los drones que llueven en nuestros techos de cartón.

Publicado originalmente en La Jornada