El ojo que vio a los 43: el ejército

Iguala, Guerrero, 23 de septiembre de 2025. En la protesta frente al campo militar 35-C, antes 27 batallón de infantería de Iguala, las madres y padres de los 43 señalaron que son 11 años de la desaparición forzada de los normalistas, “buscando que el gobierno nos dé verdad y justicia, pero lo que encontramos fueron a los perpetradores directos de la desaparición de nuestros hijos: el ejército,  causantes de muchas desapariciones en el país”.

Familiares y la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) llegaron al filo de las 12 del día en las puertas de donde fuera el 27 batallón de infantería cuando fueron desaparecidos los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Las vallas alambradas estaban colocadas para contener las acciones de fuerza de los normalistas. Las madres y padres se formaron en abanico con los rostros de sus hijos, dando la espalda a las instalaciones castrenses.

Melitón Ortega, tío del estudiante desaparecido Mauricio Ortega Valerio, arrancó con la falta de esclarecimiento en el caso Ayotzinapa y las evidencias que se han ocultado. Las autoridades federales no investigan y han dejado que muchos de los autores intelectuales y materiales sigan libres. Lo más cruento es “la angustia, la tristeza y el dolor de las madres y padres en estos días porque falta un hijo, un sobrino, un padre y un tío. Es lamentable que las autoridades han inventado una y otra forma de engañar a las familias. Las madres formadas en el 27 batallón de Iguala están porque el ejército no ha brindado la información”.

El tío del estudiante Mauricio explicó que a pesar del esfuerzo institucional del gobierno de  Andrés Manuel López Obrador que giró oficios al ejército para que abriera los archivos que pueden dilucidar el paradero de los 43 normalistas, siempre mantuvo una postura negativa. Se emitió un decreto para que todas las instituciones de seguridad brindaran cualquier información que tuvieran sobre los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre del 2014, ninguna presentó evidencias y los militares con mayor hermetismo.

Además, la molestia de las familias es que con la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se encontró evidencia de que el ejército interceptó una llamada telefónica en la que se informaba que un grupo de 17 estudiantes fueron llevados a barandilla municipal de Iguala.

Lo insólito es que la institución castrense se ha negado a entregar 800 folios que podrían tener información acerca del paradero de los jóvenes. El mismo gobierno de Claudia Sheinbaum no ha podido romper el muro militar. “No es posible que esta institución militar goce de privilegios. Cómo vamos a creer en una institución podrida cuando día con día estamos viendo que los militares y la Marina están coludidos con la delincuencia organizada. Los mandos militares que fueron detenidos fueron liberados, pero deben estar en la cárcel”, reclamó don Melitón.

El abogado de las madres y padres, Isidoro Vicario, abundó en que la línea de investigación de un grupo de estudiantes, que de acuerdo con testimonios de un detenido, fueron ingresados al 27 batallón de infantería. Los militares monitorearon en tiempo real la agresión a los normalistas sin que actuaran para protegerlos. Desde los primeros días las madres y padres exigieron que se investigara el ejército porque permitió la desaparición de sus hijos y nunca los apoyó. “Hoy sabemos que el ejército no sólo tiene una responsabilidad por actos de omisiones, más bien, el grupo de expertos evidenció su participación directa en aquella noche del 26 de septiembre”.

Después de años se sabe que el ejército tenía infiltrado al menos uno de sus elementos en la normal de Ayotzinapa, incluso desde 2010. Monitorearon paso a paso los movimientos de los estudiantes desde su salida y durante el crimen.  Después de la agresión se encargaron de ocultar la información. Es una práctica que tienen los militares por las innumerables desapariciones desde la década de 1960 hasta 1990. Ayotzinapa evidencía que hay una continuidad de las graves violaciones a los derechos humanos que ha cometido el ejército.

El inclemente color azotaba en el asfalto. Las pintas de los 43 o 26 de septiembre no se olvida en los muros del poder militar quedaban plasmadas al momento en que don Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, hablaba de que a 11 años han estado buscando que el gobierno les dé verdad y justicia. Fue un crimen de Estado porque se coordinaron las fuerzas policiacas, pero la mente maestra del “crimen de lesa humanidad” fue del ejército.

El padre de familia denunció que el ex secretario de seguridad, Salvador Cienfuegos, negó conocer los hechos. “Cómo es posible que esa noche, habiendo una agresión con armamento de grueso calibre, el ejército permaneciera quieto. Era cómplice de esa desaparición y agresión de nuestros jóvenes porque tenía un joven infiltrado como normalista, un soldado de inteligencia. Había un propósito de la Sedena, desde ahí se ordenó todo”.

Las madres y padres exigen que los militares entreguen los 800 folios. La impotencia cincela el alma porque cada gobierno que entra propone nuevas líneas de investigación. “Hoy nos proponen líneas científicas, pero sólo nos ha dejado estancados. En este país la máxima institución defensora de derechos humanos no funciona. Si funcionara estaría exigiendo el avance y castigo a los responsables por administrar esta investigación que a 11 años no hemos encontrado verdad y justicia”, denuncia don Emiliano.

El mitin terminó con la intervención de un normalista. Las madres y padres poco a poco se fueron retirando. Las consignas quedaron como eco rebotando desde la puerta a los muros del campo militar de ¡vivos se los llevaron, vivos los queremos! Con el rostro cubierto una comisión de normalistas empezaron a arrojar petardos a las instalaciones del ejército. Dejaron en llamas un carro cerca del portón verde. Los militares no pueden seguir negando más información en un país democrático, pero en la historia han quedando como los principales perpetradores de violaciones graves a derechos humanos.

Las madres y padres dijeron que van a seguir luchando hasta que den con el paradero de sus hijos. Don Emiliano afirmó la “poca humanidad que tiene el gobierno que prefiere proteger a los responsables y no dar verdad y justicia. Nos ven pobres, que nos cansaremos y nos iremos a nuestras casas, pero no importa si morimos en el camino de la lucha con tal de volver abrazar a nuestros hijos”.