Justicia mínima

Las autoridades del estado no solo han minimizado la violencia que se recrudece en la entidad al presentar cifras alegres de que ha mejorado la seguridad, sino que se mantienen alejadas de las tragedias que a diario suceden en Guerrero. En nada les afecta el número de homicidios ni que los dolientes levanten los cuerpos de sus familiares asesinados. Ante la inacción de las autoridades ministeriales las familias agraviadas se resisten a denunciar los crímenes por la desconfianza en el órgano investigador. Saben que no hay garantías de confidencialidad, tampoco sensibilidad ni protección a las víctimas. A pesar de que la gente lucha con mucha entereza y pone en riesgo su vida la justicia es exigua.

En la lógica gubernamental el problema no es la autoridad sino las víctimas que no interponen las denuncias. Si no hay carpetas de investigación las autoridades deducen que vamos bien, porque no hay registros de los delitos que se cometen. Los crímenes de alto impacto se banalizan por parte de la burocracia gubernamental con el argumento soez de que “andaban en malos pasos”. Justifican los crímenes atroces responsabilizando a las víctimas de su muerte: “se lo buscaron” es el comentario que se transforma en vox populi. Se exculpa a la autoridad de la violencia que nos aterra, se les absuelve por no aplicar el estado de derecho y se les coloca en un nicho por enfocar su trabajo en eventos suntuosos. Su inoperancia y complicidad con la criminalidad la tuercen con el argumento de que también son víctimas de las campañas de desprestigio que se propalan en las redes sociales. Para colmo de males la autoridad ministerial se encarga de denigrar a las víctimas del delito, para favorecer a los perpetradores.

Los familiares padecen todo tipo de maltratos y desaires, cargan con la pena de la pérdida de sus seres queridos que resquebrajan su vida familiar y personal. Son arrojados al abismo del olvido. Los huérfanos sufren el desprecio al ser tratados como personas arrimadas, sin dignidad ni derechos. Las viudas sienten el cerco de la muerte ante la imposibilidad de proteger a sus hijos. Cada día es una batalla que libran con esta ley de la selva. No hay escudos humanos que las protejan ni dependencia pública que las atiendan y las pongan a salvo. El miedo, la indefensión y la pobreza son como los remolinos que las arrastran sin rumbo. Resisten como heroínas, por esa capacidad de resiliencia, por ese amor infranqueable de sus vástagos. No existe un lugar donde asirse para tomar respiro. La compañía de los vecinos y familiares es efímera y frágil, la única alternativa es huir del lugar y deambular por lugares desconocidos. Salir en busca de un refugio para reposar un poco.

Esta amarga realidad la han padecido decenas de familias que son víctimas de desplazamiento forzado por la violencia irrefrenable y la impunidad imperante. Las esposas y los hijos que perdieron a sus esposos se ven obligadas a salir de sus comunidades porque saben que el estado de derecho no funciona. La ley del revolver es la que impone la paz de los sepulcros y el silencio de los inocentes.

En Guerrero el desplazamiento forzado es un problema creciente que sigue invisibilizado por las autoridades. Hay reticencias a reconocerlo con el argumento falaz de que no hay denuncias penales y porque no hay amenazas directas a las familias desplazadas, presentando el panorama como una movilidad voluntaria de la población.

Los enfrentamientos armados que se han dado en nuestro estado provocan estos desplazamientos como ha sucedido en la zona serrana, en la Montaña alta, la Montaña baja, zona norte, Tierra Caliente, Costa Chica, Costa Grande, región Centro y Acapulco. Son grupos de familias que se organizan para salir de manera sigilosa, como ha pasado en los municipios de Chichihualco, Zapotitlán Tablas, Chilapa, Zitlala, Acapulco, Cochoapa El Grande, Tlapa, Petatlán, Ajuchitlán del Progreso, Cuajinicuilapa, solo por enumerar los más representativos. La disputa territorial protagonizada por los grupos de la delincuencia ha desplazado violentamente a las familias. Su temor es tan grande que la mayoría prefiere mantenerse en el anonimato y sobrevivir en la clandestinidad.

Las familias de los defensores comunitarios son ejemplos emblemáticos de este quiebre del estado de derecho. Los casos de Ranferi Acevedo, Arnulfo Cerón y Marco Antonio Suástegui, que fueron arteramente asesinados por defender los derechos de los pueblos, sus familiares se encuentran desplazados, en condiciones sumamente riesgosas, porque los perpetradores siguen libres y porque cuentan con una red delincuencial que los protege. Las investigaciones no avanzan a pesar de que las denuncias se enmarcan dentro de un contexto de alta criminalidad. Tampoco toman en consideración que se trata de defensores de derechos humanos, que la violencia que sufrieron fue a consecuencia del compromiso que asumieron públicamente.  Las autoridades los ignoraron y tampoco tomaron en serio las amenazas que recibían. Con el burocratismo que caracteriza a los funcionarios a lo más que llegaron fue emplazar a los defensores para que interpusieran las denuncias. Por tratarse de personas incómodas los dejaron a su suerte, pagaron muy cara la osadía por mantenerse fieles a su lucha y a sus convicciones.

El caso de Arnulfo Cerón Soriano es representativo de esta violencia mezclada con intereses delincuenciales y gubernamentales. Fue parte de la dirección colectiva del Frente Popular de la Montaña. Asumió el liderazgo para gestionar obras sociales en favor de las comunidades indígenas. A finales de 2018 y principios del 2019, el Frente organizó varias protestas para demandar al Ayuntamiento morenista de Tlapa la construcción de obras pactadas con la administración anterior. En sus protestas eran vigilados y amenazados por personajes del crimen organizado.

Arnulfo recibió amenazas de manera constante. En febrero de 2019, ante el anuncio de un bloqueo carretero y la toma del Ayuntamiento de Tlapa, Arnulfo fue advertido que si realizaba las protestas lo matarían junto con su familia. Su respuesta fue que la decisión la tomaba de común acuerdo con las autoridades comunitarias. Arnulfo no se dejaba amedrentar, por el contrario fijaba posturas claras: “sabemos que están coludidas las autoridades con el crimen organizado, por eso todos los compañeros hacemos responsable al presidente municipal y al jefe de gabinete de lo que nos pueda pasar”.

La desaparición de Arnulfo Cerón se fraguó el 10 de octubre de 2019, cuando un grupo de hombres armados ingresó a una casa habitada por mujeres en la colonia Contlalco de Tlapa. Ahí, preguntaron por una mujer que llevaban grabada en un video y que protagonizó una discusión entre agentes de tránsito municipal y comerciantes ambulantes en el centro de Tlapa.

Uno de los hombres ubicó a la mujer e hizo una llamada: “jefe ya la encontramos, ¿qué hacemos con ella?” La mujer escuchó por el auricular la voz del jefe: “sé que estás en el Frente Popular y eres compañera de Arnulfo. Quiero que me lo entregues porque ya se cansaron de que ustedes a cada rato están bloqueando las calles y que tomen el Ayuntamiento. Quiero que tú me lo entregues, porque si no mis muchachos van a matar a toda tu familia”.

Ella obedeció y logró que Arnulfo aceptara platicar con ella en la noche del 11 de octubre. A la hora acordada Arnulfo pasó a recogerla en su camioneta, durante el trayecto recíbía indicaciones sobre el lugar donde se quedarían. La persona cumplió con su cometido. En ese instante llegaron 4 hombres armados que lo sometieron con cachazos en la cabeza. De inmediato lo trasladaron a una casa de seguridad.

Según los peritajes en materia de informática forense y del análisis técnico de los números telefónicos del personal del Ayuntamiento, el jefe de la banda criminal mantenía el control de la policía y de las obras en el Ayuntamiento. La investigación da cuenta que la desaparición de Arnulfo se planeó con el consentimiento del gobierno municipal de Tlapa.

Sus captores provocaron la muerte por sofocamiento mecánico, es decir, perdió la vida por asfixia. Fue enterrado en una fosa clandestina en la colonia Aguaje de Tlapa. Su cuerpo se localizó por las detenciones de los autores materiales y por la presión que ejercieron a nivel internacional organizaciones de derechos humanos. A 40 días de intensas búsquedas se dio con el cuerpo de Arnulfo en una fosa clandestina de más de 3 metros de profundidad.

Su familia desde que tuvieron noticias de su desaparición cada minuto que pasaba era un aguijón en su corazón. Las noches se transformaron en pesadillas ante el temor de que también los desaparecieran. El miedo se instaló en sus vidas, la incertidumbre cimbraba como un martillo en su

mente. Los ruidos de las motos que pasaban por su domicilio era una amenaza constante de quienes tenían el control de la ciudad. El temor los inmovilizó y los confinó a esconderse dentro de su domicilio. Los riesgos eran inminentes porque los autores del crimen andaban libres y se sentían intocables. El silencio cómplice de las autoridades municipales favoreció este clima de inseguridad y miedo. Su familia tuvo que salir de Tlapa y del estado porque vislumbraron los grandes riesgos que corrían. Truncaron sus vidas y les negaron la posibilidad de desarrollarse como personas libres y seguras.

El pasado 14 de enero la jueza Mariela Soraya Alfaro emitió el fallo condenatorio contra Jorge N., el jefe del grupo delincuencial que ordenó la desaparición y asesinato del defensor de derechos humanos Arnulfo Cerón Soriano. La condena que dictó fue mínima, porque dejó de lado todo el contexto de criminalidad que se vivió en Tlapa y que aparece registrado en varias carpetas de investigación sobre desapariciones y homicidios, donde se encuentran involucrados estos personajes. La jueza tampoco tomó en consideración la agravante de que Arnulfo Cerón fue un defensor de derechos humanos. La sentencia quedó corta ante la gravedad de los crímenes atroces..