Los enclaves de la Muerte

Abel Barrera Hernández

El humo que escapa de las mazorcas carbonizadas guardadas dentro de un tambo, los chivos muertos devorados por los zopilotes y las viviendas incendiadas por los ataques de Los Ardillos no sólo dejaron sin casa a 40 familias nahuas de Tula, municipio de Chilapa, Guerrero, también los condenaron a morir de hambre. Cortaron de tajo cualquier intento por retornar. Su regreso solo sería para morir de pie.

Los cerros y la huida a los campos agrícolas de San Quintín fueron las salidas de emergencia para ponerse a salvo. Se desplazan en las noches para librarse de las balas. No hay autoridad que los auxilie. Son las familias pobres de otras comunidades las que dan cobijo y comida a quienes perdieron todo.

El olor fétido de la muerte se extiende a más de un kilómetro. El silencio es aterrador. Adentro de las chozas los trastes, los tambos de agua y el maíz que guardaban fueron arrasados por el fuego. Las balas de AK-47 y AR-15 estaban esparcidas en los caminos incrustadas en los tinacos de agua.

Las paredes de las casas quedaron derruidas y quemadas por las bombas que cayeron. La comisaría municipal fue saqueada; las ventanas quebradas, los balazos en la pared y los documentos reducidos a cenizas. La policía comunitaria de los pueblos fundadores (CRAC-PF) no lograron contener la agresión y mejor se replegaron. Avisaron a las familias que salieran. La mayoría subió un cerro rumbo a Acahuehuetlán.

La violencia se extendió a la comunidad de Xicotlán donde hirieron a una señora cuando balaceaban la comunidad de Tula. Las primeras casas fueron quemadas. Los comunitarios se apostaron en los cerros arriba de Xicotlán y también avisaron a las familias de que salieran para que no quedaran atrapadas en el fuego cruzado. Fueron decenas de familias que caminaron en la noche para refugiarse en Alcozacán.

Cuatro bombas más explotaron en las primeras casas de Alcozacán. Los policías comunitarios resistieron, tumbaron un dron, pero resultaron asesinados Martín Flores Migueleño, Eusebio Migueleño Zoyateco y Abraham Jiménez Chautla de Alcozacán. Marcelo Calvario Hilario de Acahuehuetlán, Saturnino Bartolo Tlalcorral de la comunidad de Xicotlán que aún sigue en el Semefo de Chilpancingo. Varios fueron heridos y más de 800 personas fueron desplazadas. 30 permanecían en Alcozacán.

A más de 3 semanas de la agresión las niñas y niños recuerdan con tristeza cómo huyeron de las balaceras. Algunos recuerdan cuando se refugiaron en la Iglesia de Alcozacán: “Ese día mi papá se fue a la guerra, pero yo estaba llorando porque pensé que nos iban a matar”. En Tula y Xicotlán las escuelas están cerradas y la mayoría de niños huyeron junto con sus padres a los campos agrícolas del norte del país.

El mismo grupo delincuencial de la violencia que azota las comunidades de la Montaña baja ha desatado el terror en comunidades del municipio de Olinalá. El 31 de marzo fueron esparcidos 7 cuerpos sobre la carretera que va hacia Tlapa en diez bolsas de plástico y en varios costales. Ese mismo día fueron privados de su libertad tres hombres, un abuelo y sus dos nietos. Los asesinaron y los colocaron en la batea de una camioneta sobre la carretera Olinalá-Paso Morelos, a la altura de Papalutla. Al día siguiente en el mismo lugar fue hallado otro cadáver.

La localidad de Teticic, municipio de Olinalá, fue asediada por el grupo delincuencial que, desde el 1 de abril, entraron a una vivienda por la noche y asesinaron a tiros a dos hombres. La mañana del 11 de mayo se encontraron 6 personas en varias bolsas de plástico esparcidas sobre la carretera Olinalá-Temalacatzingo. Ese mismo lunes se localizaron 4 cuerpos sobre la carretera Chilapa-Tlapa.

El 20 de mayo pobladores de Teticic, municipio de Olinalá, denunciaron que sujetos armados entraron balaceando varias viviendas. Durante el ataque también utilizaron drones. Los agresores se llevaron a varias personas. Al siguiente día una camioneta nissan tipo estaquita fue abandonada en la periferia de Teticic con 6 cuerpos visiblemente torturados. Ante esta macabra acción las familias huyeron de Teticic y de otras comunidades vecinas.

En la región Me pháá de la Montaña Alta la violencia también se ha recrudecido. El foco de la agresión es la comunidad de Huitzapula, municipio de Atlixtac. Una localidad que por más de 40 años ha librado un conflicto agrario con otra comunidad vecina. Es un enclave donde la violencia criminal ha cobrado muchas vidas. Desde el 27 de octubre del 2024 al 26 de mayo del 2026 hay un registro de 23 personas asesinadas en Huitzapula. En ese período también fueron desaparecidos Fernando García Sánchez, Luis Santiago Parra y Constantino Cantú Santiago, y al menos una docena de heridos, entre ellos, tres menores de edad.

El parteaguas de esta violencia fue el 27 de octubre del 2024 cuando en plena asamblea se suscitó una balacera con el autodenominado grupo de la policía comunitaria que dejó 2 hombres asesinados. Desde esa fecha la población ha denunciado ataques frecuentes de los comunitarios y de grupos armados.

Ante la crisis de inseguridad las autoridades estatales acudieron a Huitzapula para incrementar el número de efectivos de la guardia nacional y del ejército. Sin embargo, los asesinatos continúan. En 19 meses se han registrado más de 23 ataques. El más fuerte se registró en diciembre de 2025 cuando hubo un ataque con drones y explosivos. A mediados de mayo de este año la población quedó encerrada en sus casas por varios días a causa de las balaceras y bombas que caían sobre las casas.

Las autoridades parecen estar rebasadas o coludidas porque la violencia no para. Los hechos más recientes ocurrieron el 26 de mayo por la tarde, cuando asesinaron a Cristal Avilés Sierra de 20 años y a su esposo Emilio, en el tramo de la comunidad Tres Lagunas a Zapotitlán Tablas, a la altura de Alteopa. Salieron a comprar mangos al municipio de Alpoyeca para asegurar un ingreso, porque les prohibieron vender fertilizante. En esa comunidad nadie puede realizar actividades fuera de su domicilio si no pide permiso a los armados que vigilan las entradas. Salir sin avisar es desafiar a los que portan las armas. Desobedecer sus órdenes es colocarse contra el paredón.

La policía estatal, en lugar de proteger la escena del crimen le dijo a los familiares que levantaran los cuerpos y empezaron a patear los casquillos percutidos de las armas de alto poder, para ocultarlos. Presas por el miedo, la familia optó por dar parte a la síndica de Zapotitlán Tablas para que realizara el levantamiento de los cuerpos.

En la noche Cristal fue velada por cuatro familiares a puerta cerrada. El 27 por la mañana acudieron más familiares y personas de otras comunidades llevando flores y veladoras. Su esposo Emilio fue velado en otro lugar. No pudieron estar juntos por el temor de que sufrieran otro atentado. Durante dos noches y dos días el ambiente fúnebre estuvo marcado por el miedo, la desolación y la desesperación de no saber cómo salir de este infierno.

El 28 de mayo por la mañana los cánticos resonaron en una pequeña casa de adobe con techo de lámina de asbesto. Una banda de música interpretaba las melodías propias para los difuntos. La rezandera se hincó frente al ataúd de Cristal y pidió: “Que Dios te reciba y te proteja. Tu que fuiste buena cuida a mis hijos y a mis nietos”. A las 11 de la mañana Cristal salió de su casa donde vivió con sus padres al lado del río que cruza Zapotitlán. A pesar del miedo mucha gente se solidarizó con el dolor de la familia.

En el momento en que colocaban el ataúd de Cristal, los policías estatales detenían a una persona con cargadores de AK-47 y una pistola. Un carro llegó repentinamente en el crucero de Huixtlatzala, donde bajaron hombres armados que se desplegaron por el cerro. La tensión aumentó porque el detenido es uno de los cabecillas que asolan la región. De inmediato llegaron jóvenes en motocicletas para rodear a los policías y exigir que lo liberaran y entregaran los cargadores y el arma. Sus órdenes se cumplieron. Demostraron que nadie los puede tocar y que su poder está más allá de las leyes que nos rigen. Las autoridades se han coludido con la delincuencia organizada para socavar la vida comunitaria.