Opinión / Quince años blandiendo el acero de la resistencia

En la comunidad de Huamuchitos, bastión de la resistencia del Acapulco rural, se dieron cita miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) que estuvieron acompañados por madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa, así como una comisión del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, liderados por Ignacio del Valle. Fue muy simbólica la presencia de los coordinadores de las Casas de Justicias de San Luis Acatlán y de El Paraíso, en representación del proyecto histórico de la Policía Comunitaria, que ha sido un ejemplo a nivel nacional e internacional de cómo los pueblos indígenas son capaces de autogobernarse y garantizar seguridad y justicia a la población en general.

Estuvieron también organizaciones hermanas de Oaxaca que libran una ardua batalla contra las empresas mineras y proyectos hidroeléctricos. Fue muy importante la llegada de las esposas de los veinticinco detenidos del Cecop, quienes enfrentan un proceso penal plagado de irregularidades en la cárcel de Acapulco. Compañeras y compañeros de la CETEG hicieron patente su solidaridad y su compromiso de luchar por la libertad de Marco Antonio Suástegui y los veinticuatro campesinos del Cecop. De la Ciudad de México llegaron compañeros del Sindicato de Trabajadores del Transporte Colectivo y del Sindicato Mexicano de Electricistas. Estuvieron presentes también compañeras y compañeros del Consejo Indígena y Afroguerrerense, de la Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero y del Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero. Ante el nuevo escenario político llegó el senador electo Félix Salgado Macedonio y la virtual diputada federal Rosario Merlín. Acudieron al evento para manifestar su total respaldo al movimiento emblemático de resistencia en defensa del territorio.

A dos días de que el Congreso local aprobara la reforma al artículo 14 de la Constitución del Estado, enviada por el gobernador Héctor Astudillo en el mes de abril del año pasado, en el territorio del Cecop resonaron las voces de los indígenas y campesinos para desenmascarar a un poder Legislativo sumiso ante el Ejecutivo estatal, que con gran cinismo simuló dialogar con las autoridades comunitarias para hacer creer que atenderían sus planteamientos y propuestas relacionadas con el reconocimiento de sus derechos colectivos. Se repitió la misma historia de personajes carentes de compromiso y palabra que agazapados en sus curules tomaron una decisión cupular para defender intereses de las élites políticas y económicas en detrimento de los derechos de los pueblos originarios.

Sus decisiones fueron ajenas a lo que realmente requiere el estado para salvaguardar los derechos colectivos de quienes forman parte de la riqueza cultural y lingüística de nuestro estado. Tiraron por la borda la propuesta que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) y varias organizaciones sociales y civiles presentamos ante una representación de diputados y diputadas para su análisis y valoración. Ignoraron este esfuerzo que es una contribución seria a la discusión de un tema nodal que retoma normas internacionales que reconocen a los pueblos indígenas como sujetos de derecho. Es muy difícil imaginar que los diputados y diputadas en verdad dediquen tiempo a leer y a analizar estas contribuciones que provienen de una sociedad crítica y bien informada. No están a la altura de lo que la sociedad reclama y de lo que se escribió para la posteridad con el siervo de la nación.
Estamos muy lejos de lo que hace doscientos cinco años José María Morelos y Pavón proclamó en los Sentimientos de la Nación con toda su fuerza y autoridad moral: “Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto… Que las leyes generales comprendan a todos, sin excepción de cuerpos privilegiados, y que éstos sólo lo sean en cuanto el uso de su ministerio…Que para dictar una ley se discuta en el congreso, y decida a pluralidad de votos” (sic). Esta grandilocuencia y visión de miras en nada se compara en lo que hoy hicieron los diputados y diputadas que se esmeran en desconocer los derechos alcanzados, en el plano nacional e internacional, de los pueblos indígenas. Esta legislatura no sólo deshonra la memoria del siervo de la nación y su carta magna, sino que se empeña en mancillar el legado histórico de los pueblos indígenas y campesinos que lucharon al lado de Morelos y Guerrero para alcanzar nuestra independencia y ser un país soberano.

La mezquindad y pequeñez de estos supuestos representantes populares no les alcanza para comprender la trascendencia de este movimiento gestado por los pueblos indígenas, que no solo se han armado de valor, sino que han apelado a la razón histórica y a la verdad jurídica para darle a nuestro estado un sistema de seguridad y justicia reconocido y aplaudido por los Relatores de la ONU, como el añorado Dr. Rodolfo Stavengahen y la admirable Dra. Victoria Tauli-Corpuz, quien en su mismo país Filipinas fue acusada de pertenecer al Nuevo Ejército del Pueblo, señalándola como terrorista. La misma relatora de la ONU que visitó la Montaña en noviembre, manifestó en su informe preliminar que es un gran avance que haya un reconocimiento al sistema de justicia indígena como el caso de la Policía Comunitaria en Guerrero, los juzgados indígenas en Puebla y otras formas de resolución de conflictos que implementan en varios estados. Sin embargo, “este reconocimiento se ha hecho de forma ad hoc y difiere entre los Estados”, por eso: “Recomiendo firmemente que se lleven a cabo discusiones en profundidad entre los órganos de justicia, las autoridades mexicanas pertinentes y los pueblos indígenas con objeto de desarrollar la necesaria armonización. Esto incluiría mecanismos para garantizar que el ejercicio por parte de los pueblos indígenas de sus sistemas de justicia no tenga como resultado su criminalización”.

Podemos afirmar con plena seguridad que los miembros de esta Legislatura ni por accidente tomaron en cuenta los informes de los Relatores Especiales de la ONU, cuyas recomendaciones son el mejor termómetro para valorar la importancia que las autoridades les otorgan a los derechos de los pueblos indígenas. Tampoco tomaron en cuenta la recomendación de que cualquier norma o ley que afecta a los pueblos indígenas, el criterio fundamental es que deben de ser previamente consultados para no violentar sus derechos. Esta Legislatura hizo lo contrario, pues en lugar de consultar a los pueblos como lo dictan las normas internacionales se puso al servicio del gobernador aprobando la reforma al articulo 14, en la que desaparece la figura de Policía Comunitaria. En la práctica la forma de legislar en nuestro estado es desconociendo derechos y criminalizando el sistema de seguridad y justicia. A las autoridades les cuesta distinguir lo que realmente es el proyecto histórico de la Policía Comunitaria, les causa pavor y tienen aversión hacia esta organización exitosa que protege a la población pobre del estado. La fortaleza de este sistema radica en sus asambleas comunitarias, que son las instancias máximas para la toma de decisiones. Esta experiencia inédita los políticos de dudosa reputación la confunden con el grave problema de los grupos de la delincuencia organizada que han proliferado en varias regiones del estado por la complicidad y colusión de algunas autoridades y fuerzas de seguridad estatales. En lugar de que las autoridades focalicen todo su poder para desmantelar a las organizaciones delincuenciales, implementando una estrategia integral orientada, prefieren confabularse en el recinto legislativo para desacreditar el proyecto histórico de la Policía Comunitaria y desconocer los derechos conquistados.

En Huamuchitos de nueva cuenta emergieron los actores que están luchando colectivamente para hacer valer el Estado de derecho, para obligar a que quienes tienen la responsabilidad pública de velar por la seguridad y justicia a que cumplan con su compromiso. Estos quince años del Cecop son un ejemplo de la tenacidad y compromiso de los pueblos olvidados de una de las principales ciudades turísticas del país para proteger el entorno natural que le da vida al Acapulco Diamante y luchan para asegurar el futuro de las próximas generaciones. Sin embargo, los gobiernos no solo los han dejado en el abandono total, sino que se han empeñado en dividirlos para diezmar su resistencia y continuar con sus negocios privados, teniendo siempre en la mira la construccion de la presa La Parota. Ha sido tanta su obstinación en resquebrajar este movimiento emblemático que han alentado la confrontación comunitaria para generar la violencia en los bienes comunales de Cacahua-tepec. El saldo sangriento lo han pagado las partes en conflicto como sucedió en la comunidad de la Concepción el 7 de enero donde perdieron la vida seis miembros de la Comisaría Municipal y fueron ejecutados tres elementos de la Policía Comunitaria por parte de las corporaciones policiales del estado. Ahora son veinticinco campesinos, en su mayoría del Cecop los que se encuentran encarcelados a lado de su líder histórico Marco Antonio Suástegui acusados de homicidio, mientras a los autores de los homicidios de los tres policías comunitarios, las autoridades del estado los encubren y protegen.

A quince años del nacimiento del Cecop los comuneros y comuneras arropados por organizaciones sociales y civiles y por el movimiento emblemático de los 43 madres y padres de los estudiantes de Ayotzinapa han vuelto a blandir su acero para decir ¡No a La Parota!

Marco Antonio Suastegui de puño y letra envió un mensaje a quienes acompañaron al Cecop en sus quince años: “No vamos a dar ni un paso atrás, seguiremos luchando, no le vamos a ceder ni un centímetro cuadrado de nuestras tierras ¡La Parota no va!

“Somos un movimiento social ejemplar digno, autentico, fuerte, solido, unido, limpio no tenemos miedo porque nuestra causa es justa, defendemos nuestros derechos… aquí nacimos y aquí moriremos, nuestros antepasados nos heredaron este territorio y lo vamos a seguir defendiendo machete en mano, como lo hemos venido haciendo todo este tiempo.

¡Que viva el Cecop! ¡Que viva Huamuchitos! ¡Zapata vive, la lucha sigue! ¡La tierra no se vende!”.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. 30 de julio de 2018.