OPINIÓN | La presa La Parota es un ejemplo de la tendencia global de asesinatos de personas defensoras del territorio reportada por Global Witness

English version

Miércoles 25 de julio de 2018, Tlapa de Comonfort, Guerrero, México. – El informe anual de Global Witness “¿A qué precio? Negocios irresponsables y el asesinato de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente en 2017”, lanzado este martes 24 de julio a nivel mundial, ha puesto nuevamente en el centro del mapa los asesinatos, la violencia y la criminalización de personas defensoras del territorio y el medio ambiente en México. Entre sus cifras, destacan países como Brasil, Filipinas, Colombia y la República Democrática del Congo por el elevado número de asesinatos contra personas defensoras del territorio y medio ambiente, los cuales alcanzan hasta un asesinato por semana.

México ocupa en esta escala el cuarto lugar, con 15 asesinatos durante el 2017, y es el segundo país donde la situación para las personas defensoras del territorio y medio ambiente empeoró a nivel mundial, al pasar de 3 a 15, es decir, un aumento del 500% en un año. Más aún, el informe de Global Witness reporta que 13 de las 15 personas asesinadas eran de origen indígena que luchaban por sus territorios ancestrales, mientras que en el informe “México 2017: 48 Defensores de DH Ejecutados Extrajudicialmente” del Comité Cerezo se indica que fueron 12 personas defensoras de los pueblos indígenas y del territorio las que fueron asesinadas en el mismo año[1].

En el estado de Guerrero, se registraron 8 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos este año[2]. Esta cifra, junto con la tendencia registrada por Global Witness sobre las industrias que se encuentran mayormente involucradas con los asesinatos, entre las cuales se encuentran los proyectos relacionados con el agua y las presas hidroeléctricas, nos conducen a la serie de violaciones graves a los derechos humanos que ocurrieron en la comunidad rural de La Concepción en Acapulco, Guerrero el 7 de enero de 2018[3]. Las 3 ejecuciones extrajudiciales y los – al menos – 8 casos de tortura perpetrados en esa fecha contra los defensores del territorio integrados en el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) y en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) son una muestra de la tendencia global de participación de las fuerzas de seguridad en los asesinatos, en los que sobresalen el ejército y la policía, reportada por Global Witness.

El operativo de más de 200 elementos de seguridad, incluida la policía estatal, policía ministerial, policía federal (gendarmería) y el ejército, llegó con un alto grado de violencia y arbitrariedad a La Concepción y exhibe la cultura generalizada de impunidad con que las fuerzas de seguridad perpetran actos violatorios a los derechos humanos. De hecho, de acuerdo con testimonios documentados por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, pobladores que presenciaron los más de 25 cateos ilegales realizados durante el operativo, escucharon que los miembros de las fuerzas de seguridad reconocieron abiertamente que la Ley de Seguridad Interior les permitía llevar a cabo esas acciones sin ningún tipo de control judicial. Una ley como ésta se encuentra en perfecta consonancia con el conjunto de factores que, Global Witness señala, acentúan y perpetúan los riesgos que enfrentan las personas defensoras, específicamente que los Estados privilegien la militarización de la seguridad pública.[4]

La defensa del territorio contra la presa hidroeléctrica de La Parota ha sido una lucha que las comunidades potencialmente afectadas por el megaproyecto han emprendido desde hace años y que ha sido seguida por intimidaciones, amenazas, criminalización de las personas integrantes del CECOP y fomento de la conflictividad comunitaria por agentes del Estado y no estatales. Global Witness afirma que las causas de las amenazas contra las personas defensoras se relacionan con la impunidad de las amenazas y los ataques, la corrupción de funcionarios y empresarios para imponer los proyectos, la falta de respeto al consentimiento libre, previo e informado y la exclusión de las comunidades indígenas respecto al uso de su territorio. Todas estas causas están claramente presentes en los intentos del gobierno y otros agentes no estatales por desarticular la lucha, infundir miedo en las comunidades, imponer el proyecto de la presa a través de relaciones de corrupción entre los mismos funcionarios de gobierno del estado de Guerrero y de nivel federal, así como empresarios y el crimen organizado, y finalmente en la falta de cumplimiento a la resolución judicial emitida el 11 de julio de 2010 del Tribunal Unitario Agrario Distrito 41 que ordenó la suspensión del proyecto de la presa.

Entre las recomendaciones que Global Witness emite, particularmente respecto a México, se encuentra garantizar la rendición de cuentas, que incluye asegurar que las investigaciones sobre crímenes contra personas defensoras consideren adecuadamente los motivos potenciales relacionados con su actividad de defensa del territorio y el miedo ambiente. En todo el país, se ha visto que los niveles de impunidad se encuentran en alrededor de un 99% y los crímenes contra personas defensoras, como el CECOP, no se encuentran exentos de esta tendencia. Prácticamente las investigaciones sobre la tortura que sufrieron al menos 8 de ellos y sobre las 3 ejecuciones extrajudiciales de miembros de la policía comunitaria no muestran ningún avance. Por el contrario, las investigaciones parecen estar activamente siendo retrasadas por las autoridades, mientras que se observa una tendencia de fabricación y manipulación de evidencia encaminadas a criminalizar a 25 miembros del CECOP y la policía comunitaria como consecuencia de su digna defensa del territorio.

Por ello, el informe de Global Witness debe ser un llamado de atención al Gobierno Federal para atender la grave situación de personas defensoras del territorio y medio ambiente, particularmente de las personas defensoras contra el megaproyecto hidroeléctrico de La Parota.

[1] Comité Cerezo, “Informe México 2017: 48 defensores de DH ejecutados extrajudicialmente”, Enero 2018, p. 4. Disponible en: https://www.comitecerezo.org/spip.php?article2936

[2] Idem, p. 5

[3] Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, “Ficha informativa: Violaciones graves a los derechos humanos en La Concepción, Guerrero,” 11 de enero de 2018. Disponible en: http://www.tlachinollan.org/ficha-informativa-violaciones-graves-los-derechos-humanos-la-concepcion-guerrero/

[4] Global Witness, “¿A qué precio? Negocios irresponsables y el asesinato de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente en 2017”, Julio 2018, p. 13. Disponible en: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/a-qu%C3%A9-precio/