Urge que el Estado mexicano aplique recomendaciones de la CEDAW con mujeres de la Montaña de Guerrero

Tlapa, Guerrero, a 9 de julio de 2025. La violencia contra las mujeres y las niñas, las desapariciones, feminicidios y matrimonios forzados es imparable. El pasado 7 de julio el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) reconoció que la violencia contra las mujeres va en aumento y realizó recomendaciones finales después de evaluar al Estado mexicano en su décima revisión periódica el 17 y 18 de junio en Ginebra, Suiza.

El Comité CEDAW considera que las respuestas del Estado mexicano frente a la violencia de género contra las mujeres y las niñas cometida por agentes estatales y no estatales, las desapariciones, la tortura, la violencia sexual y el feminicidio han sido ineficaces e insuficientes. Además de que hay una preocupación porque hay estereotipos patriarcales arraigados que socavan la condición social de las mujeres y zanjan la desigualdad entre los géneros.

Se normaliza y se reproducen actitudes en las prácticas sociales y comunitarias discursos estereotipados sobre la violencia de género y la capacidad de toma de decisiones de las mujeres. Señalan que hay una prevalencia de matrimonios forzados de mujeres y niñas como ocurre en la Montaña de Guerrero. Entre otros elementos se restringe la participación de las mujeres en la toma de decisiones en las comunidades.

En la Montaña de Guerrero, en el periodo de 2005 a 2025, Tlachinollan registró más de 135 feminicidios, siete son niñas. El 43 por ciento de las mujeres asesinadas fueron mestizas, mientras que el 33 por ciento pertenecen al pueblo ñu’u savi, le sigue con 32 las me’phaa, 19 nahuas y el 3 por ciento afromexicanas.  Del 2018 a 2023 fueron desaparecidas 12 mujeres, cuatro fueron niñas. El Estado ha dejado solas a las buscadoras en medio del fuego cruzado de los grupos de la delincuencia organizada. Han tenido que suplir las tareas que le toca a las autoridades por sus seres queridos.

Es recurrente que las autoridades no consideren las muertes violentas de las mujeres como feminicidios. No juzgan con perspectiva de género, no toman en cuenta los ciclos de violencia y el contexto. En los ministerios públicos los familiares que piden auxilio para que se les haga justicia son desamparados solo porque no pueden hablar el español.

Las mujeres indígenas cuando van a los ministerios públicos para interponer una denuncia por feminicidios, desapariciones, por guarda y custodia o violación son discriminadas y revictimizadas por las mismas autoridades. Sin embargo, el racismo y la discriminación es generalizada, no solo se restringe al ámbito de las dependencias de gobierno. En las comunidades indígenas las mujeres no tienen derechos a heredar tierras, sus participaciones en las asambleas son nulas y las pocas que participan las limitan. Las mujeres jornaleras están en el sótano del olvido no sólo porque se les niega las tierras, sino que sin alternativas de sobrevivir son desterradas para enrolarse como trabajadoras agrícolas en el corte de chile, jitomate, uvas, cebollas y verduras chinas.

En la guarda y custodia de sus hijos siempre le dan la razón a los hombres, criminalizándolas al grado de que han tenido que ir a parar a la cárcel por la osadía de querer estar con sus niñas y niños. Tienen que soportar los golpes de los suegros porque nadie las protege. Las mismas autoridades comunitarias las dejan a su suerte. Lo peor es que el gobierno local, estatal y federal no las ven, ni las escuchan. Los jueces y juezas en lugar de protegerlas las sentencian o en el mejor de los escenarios les quitan a sus hijos o hijas. Están lejos de salvaguardar los derechos de las mujeres indígenas. Prevalece la corrupción y la impunidad.

No se aplica el principio del interés superior de la niñez con perspectiva de género. Al contrario, son instrumentalizados para perpetuar el abuso contra sus mamás. Han sobrevivido al huracán de la violencia. Han tenido que trabajar en el campo ante la falta de escuelas y maestros. Los programas sociales no han representado nada para mejorar sus condiciones de vida. En los últimos meses decenas de niñas y niños han tenido que viajar a los campos agrícolas para no morir de hambre.

Frente a la preocupante situación que enfrentan las mujeres en México, el Comité decidió emitir una serie de recomendaciones que resultan aplicables para las mujeres de la Montaña y Costa Chica de Guerrero. Entre ellas, el Comité sugirió combatir los estereotipos de género, prevenir y castigar todo tipo de violencia en contra de las mujeres y reparar el daño —como los feminicidios, desapariciones y trata de personas—, combatir el acoso sexual en las escuelas y universidades, así como establecer un plan para que las mujeres no se vean obligadas a dejar la escuela. De igual manera, el Comité considera necesario que las mujeres puedan contar con acceso a la seguridad social y a instituciones que les permitan aligerar la carga en las labores de cuidado de su familia.

En cuanto a las mujeres de comunidades rurales, el Comité expresó la conveniencia de eliminar la discriminación en el acceso a la propiedad y herencia de las tierras ejidales, así como la discriminación y exclusión que sufren las mujeres en las asambleas y gobiernos comunitarios. Finalmente, destacaron la importancia de mejorar la situación económica de las mujeres indígenas y afromexicanas y garantizar su acceso a los servicios de salud, así como castigar a quienes promuevan matrimonios forzados de niñas y adolescentes.

Desde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan nos sumamos al informe de la CEDAW para exigir a las autoridades mexicanas a cumplir las recomendaciones para erradicar la violencia contra las mujeres, aplicar adecuadamente los protocolos de emergencia como Alba y la Alerta Amber, disminuir las brechas de la desigualdad de género, combatir la pobreza, particularmente en las mujeres indígenas, presupuestos efectivos para los servicios esenciales de protección, refugios y centros de justicia que siguen siendo inaccesibles para quienes tienen alguna discapacidad y quienes viven en comunidades inhóspitas. El Comité recomendó el reconocimiento formal de las personas buscadoras como defensoras de derechos humanos. En un contexto de crisis de derechos humanos de las mujeres es urgente que las autoridades municipales, estatales y federales cumplan a cabalidad con las recomendaciones, máxime que es “tiempos de mujeres”.