Opinión | “La justicia” que mata a las mujeres

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

En1999, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en honor a las hermanas Mirabal, tres activistas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960. Con esta declaración se invitó a todas las naciones a sumar esfuerzos para erradicar la violencia de género y realizar acciones para sensibilizar sobre esta problemática. Hoy, a 20 años de dicha declaración la realidad atroz que viven las mujeres en estados como Guerrero, nos muestra la falta de acciones reales por las autoridades mexicanas para erradicar la violencia feminicida y patriarcal.

La entidad ha sido reconocida en diversas ocasiones como una de las más peligrosas para las mujeres, por lo que desde el 2017, los municipios de Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort, cuentan con una declaratoria de Alerta de Violencia de Género. Las últimas cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señalan que hasta octubre de este año han sido asesinadas en Guerrero 145 mujeres, incluyendo aquellas muertes que fueron tipificadas como feminicidios y homicidios dolosos. En pocas palabras, en la entidad mueren alrededor de 2 mujeres al día, muchas de las cuales no logran obtener justicia.

Las muertes se dan a cualquier hora del día; en la vía pública, con la presencia de testigos y con el respaldo de las autoridades que protegen a capa y espada a los feminicidas. Ese fue el caso de Isabel, una mujer indígena Me’phaa, perteneciente al municipio de Malinaltepec, asesinada brutalmente por su esposo en marzo 2017. Ella se encontraba lavando ropa en su casa, mientras su agresor tallaba madera y le pidió que le consiguiera unos clavos. Isabel le contestó que no sabía dónde estaban y esa simple respuesta, bastó para que su agresor tomara un machete y comenzara a corretearla para golpearla. Eran las 12 del día, ella corrió y pidió auxilio, pero nadie en su comunidad la ayudó. Su agresor le dio 9 machetazos en diversas partes del cuerpo. Su brazo izquierdo quedó cercenado y le desprendió el derecho, cortó su cara y le atravesó en dos ocasiones el abdomen. Todo esto sucedió frente a su pequeña hija de 7 años, que en todo momento le gritaba que dejara a su mamá. A pesar de la brutalidad nadie intervino, ni siquiera después de que Isabel quedó tirada en la calle a la intemperie. Así permaneció por más de 2 horas, hasta que llegó su familia con apoyo médico; sin embargo, no alcanzó a ser trasladada al hospital y murió desangrada. El agresor se fue sin temor a ser detenido.

En este caso como en muchos otros, el personal del Ministerio Público no llegó de inmediato para recoger las pruebas ni se resguardó la zona. Los peritos, el ministerio público y policía ministerial llegaron hasta el día siguiente cuando la familia se encontraba velando a Isabel. El machete con el que mataron a Isabel se entregó al Coordinador de Servicios Periciales hasta febrero de 2018, para que se realizaran las pruebas de dactiloscopia. En julio de ese mismo año se giró la orden de aprehensión contra el agresor. Pasó más de un año, tanto para rescatar las huellas digitales del arma, como para perseguir al agresor. Un año en el que la falta de debida diligencia con la que se llevó el caso generó la pérdida de la prueba más importante, pues para ese momento los peritos señalaron que el machete presentaba un gran deterioro y se encontraba oxidado.

Fue hasta julio de este año, que se pudo ejecutar la orden de aprehensión contra el agresor de Isabel. En los próximos días se realizará la exhumación para recabar más pruebas que permitan determinar científicamente la causa de su muerte. Por otra parte, algunas autoridades ponen en duda de que su pareja la haya asesinado, por lo mismo, se resisten a que su muerte sea un feminicidio. Los testigos han declarado con mucha contundencia la agresión brutal del esposo. Han sido dos años tortuosos para sus pequeños hijos, quienes sobreviven con el apoyo de su abuela materna, sin que hayan tenido el respaldo de alguna institución abocada a proteger a las víctimas. El trato discriminatorio contra la población indígena es más cruento con las mujeres, los niños y las niñas que siempre son ignoradas e invisibilizadas. Estos dramas lamentablemente son cotidianos, se padecen crudamente en contextos de extrema pobreza y en ambientes donde las violencias se multiplican y se focalizan contra la población más vulnerable.

Las batallas jurídicas, en los casos de violencia de género, es contra los agresores y también contra la indolencia y el racismo de las autoridades del Estado. Se tiene que pelear con las titulares de los ministerios públicos para que escuchen con respeto a las mujeres y contextualicen la situación de violencia que padecen, para identificar patrones sobre las diferentes formas como ejercen la violencia los agresores. Tiene que haber un conocimiento adecuado de las normas internacionales que protegen los derechos de las mujeres, sobre todo deben de incorporar la perspectiva de género, desarrollar una gran sensibilidad que se traduzca en protección y una atención integral a las víctimas. La disputa también se lleva al ámbito de la tipificación correcta de los delitos, hay muchos obstáculos para calificar como feminicidios, los casos donde es muy evidente la acción premeditada de los agresores que tienen la intención perversa de hacer el mayor daño posible a sus parejas, ejerciendo el uso de la fuerza para destrozar su cuerpo y su dignidad. Lo más grave es que por un lado se minimizan los hechos, por el otro, se permite el escarnio público en medios amarillistas, para despertar el morbo y cosificar a las víctimas. Además, la carga de la prueba es para los familiares, que además del duelo, tienen que probar que fueron víctimas de feminicidios.

Es inaudito que se sigan dictando sentencias misóginas por parte de algunos jueces y juezas que mantienen criterios de la justicia patriarcal, que por la vía de los hechos protege a los agresores, haciendo de la impunidad un gran negocio, al proporcionar servicios poniéndole precios a los delitos.

Un caso ilustrativo es el de doña Juana, una mujer nahua de la comunidad de Ayotzinapa, municipio de Tlapa, quien fue víctima de abuso sexual por su ex pareja, que además la amenazó de muerte. Un juez de primera instancia absolvió a su agresor, señalando que ella pudo defenderse en el momento de la agresión y no lo hizo. Doña Juana, al apelar dicha sentencia, lejos de conseguir justicia fue revictimizada por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado. El argumento burdo que utilizó el magistrado para confirmar una sentencia injusta, no se fundamenta ni con el sentido común: “al tratarse de una mujer de cuarenta y cuatro años de edad, quien está acostumbrada a los trabajos pesados como casi toda la gente de la montaña y sobre todo porque además dijo que tenía las manos libres al ser atacada sexualmente, resulta lógico pensar que en realidad sí estuvo en condiciones de evitar una unión sexual no deseada”. Increíble pero cierto.

Las mujeres tienen que enfrentar a las autoridades que administran justicia. Ellas se encargan en muchas ocasiones a darles el tiro de gracia con sus sentencias. Ninguna instancia superior sale en defensa de las mujeres, más bien son cómplices de estas actuaciones que violentan los derechos de las mujeres y ponen en entredicho la honorabilidad y credibilidad del mismo Tribunal Superior de Justicia.  En nuestro estado el déficit de justicia es alarmante, porque la gente no confía en la actuación imparcial, objetiva e independiente de los jueces y magistrados. Son muy pocas las sentencias que toman en cuenta los más altos estándares internacionales, que se traduzcan en una protección efectiva a las víctimas de la violencia. El indicador funesto es que los feminicidios van a la alza y los perpetradores se multiplican, porque saben que tiene jueces a modo.

En nuestro estado, a pesar de que se han creado varias instituciones encargadas de atender la violencia de género, como los Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM), ubicados en Chilpancingo y Tlapa; el proyecto que quedó truncado con el nuevo gobierno federal de Ciudad Mujer, con sede en Tlapa; así como el reciente Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), que se ha buscado impulsar recientemente en el municipio de Ayutla de los Libres, para atender la Alerta de Violencia de Género contra la Mujer en el municipio, las mujeres se sienten asediadas e indefensas, porque puede más sus agresores que las autoridades.

Hemos constatado la descoordinación de estas instituciones. Los 3 modelos de atención pertenecen a dependencia diferentes y son solo apéndices de las instituciones a las que pertenecen. No cuentan con presupuesto ni con personal suficiente y capacitado. Se hace lo que pueden, sin que la preocupación central sea la protección a las mujeres, sino las estadísticas para los informes de los jefes o jefas.

Son las mujeres las que están evidenciando estas fallas estructurales y estos pactos de impunidad que persisten entre quienes procuran y administran justicia. Han expresado públicamente que están hartas de tanta verborrea, burocratismo y simulaciones. Solo con su participación decida y desinteresada se podrá incidir en cambios de fondo al interior de estas dependencias públicas. Las autoridades del estado tienen que entender que la ruta trazada esta equivocada. Los mismos resultados de la violencia feminicida nos remarca que se tiene que desandar el camino y depurar a fondo al personal que no tiene compromiso con las víctimas de la violencia. Tenemos que apoyar a las mujeres, porque nos han demostrado tener valor, decisión y mucho compromiso para encarar al poder. Ellas han desenmascarado que el sistema de justicia estatal mata a las mujeres.