Opinión | Voces contra el poder: más allá de la oscuridad

 

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

 

Compañero Cirino, este domingo recibiste 

el homenaje de tu pueblo como una gran autoridad que entregó su vida,

 para que la semilla de la justicia comunitaria

se cultive en las comisarías y las escuelas y 

florezca en los territorios sagrados. 

Lograste construir colectivamente

 lo que hoy es parte del patrimonio intangible del México profundo: la Policía Comunitaria.   

 

El pasado sábado 7 de diciembre, en el marco del día internacional de los derechos humanos se presentó una función especial en el teatro de la ciudad de México Esperanza Iris, con la obra “Voces contra el poder: más allá de la oscuridad”, del autor y dramaturgo chileno – estadounidense Ariel Dorfman. El objetivo de la obra es exaltar la trascendental labor que realizan las personas defensoras de derechos humanos en México, pese al entorno de violencia e impunidad en el que hacen su trabajo y ponen en riesgo su vida. La iniciativa fue impulsada conjuntamente por el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, la plataforma de acción El Día Después, dirigida por el actor Diego Luna y la periodista Ixchel Cisneros, así como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

La obra de teatro está basada en el libro de Kerry Kennedy, presidenta del Centro Robert F. Kennedy titulado: “Decir la Verdad al Poder: Defensores de Derechos Humanos que están cambiando nuestro Mundo”, que recoge algunos testimonios de personas defensoras de derechos humanos de distintos países. La versión que se presentó por primera vez en México retomó testimonios valiosos de personas defensoras y periodistas del país, que han alzado la voz contra las atrocidades del poder. El Día Después estuvo a cargo de la dirección artística que incluyó monólogos inéditos inspirados en la vida de María Herrera, fundadora de Familiares en Búsqueda; de Idelfonso Zamora, defensor del Gran Bosque de Agua en el Estado de México; de Valentina Rosendo Cantú, indígena Me’phaa sobreviviente de tortura sexual e integrante de la Campaña Rompiendo el Silencio: Todas juntas contra la Tortura Sexual; así como de Miroslava Breach, periodista asesinada en 2017 por su trabajo de investigación en la Sierra de Chihuahua.

En el escenario estuvieron dando su voz a estos testimonios los artistas: Cassandra Ciangherotti, Diana Bracho, Diego Luna, Dolores Heredia, Jesús Ochoa, Juan Manuel Bernal, Luis Miguel Lombana y Marina de Tavira, además de la participación especial de la compañera Valentina Rosendo Cantú. Al final del monólogo, cuando la actriz Cassandra repitió tres veces “Yo soy Valentina Rosendo Cantú”, la luz iluminó el rostro de Valentina, quien se encontraba entre los asistentes, a un lado de Kerry Kennedy. Se levantó de su butaca y con voz firme dijo: “Soy Valentina Rosendo del pueblo Me’phaa”. En medio de aplausos por parte de un público conmovido por los testimonios, expresó lo siguiente: “Ojalá no tuviéramos que escuchar estas historias. Ojalá la figura de los defensores de los derechos humanos no fuera necesaria. Pero es una utopía. Es necesario asumir que depende de nosotras asegurar que se haga justicia. No es un camino fácil, pero no es imposible. Tenemos que luchar para que esto no se repita”, rememorando el agravio que sufrió el 16 de febrero del 2002, cuando fue atacada sexualmente por militares. El público la ovacionó, reconociendo su valentía y su entereza para enfrentar al poder. Tanto para los actores como para las defensoras y defensores que ahí nos encontrábamos fue un momento muy emotivo, por lo que representa la lucha de tantas mujeres que en medio de su sufrimiento se transformaron en grandes defensoras de derechos humanos.

En Guerrero muchas mujeres y hombres han sido asesinados y desaparecidos, por asumir la defensa de los derechos humanos como parte de su proyecto de vida. Nos viene a la memoria la compañera Tita Radilla, que lleva más de cuatro décadas alzando la voz contra el poder para exigir la presentación de su padre Rosendo Radilla, quien fue desaparecido por el ejército el 25 de agosto de 1974. La misma batalla han dado las viudas de Aguas Blancas y de El Charco, que en medio de su pobreza han mantenido su lucha para exigir castigo a las autoridades que fueron responsables de estas masacres.

En los últimos años la situación de nuestro país se ha agravado a causa de la violencia que se ha desatado entre los carteles de la droga y la guerra emprendida por el gobierno federal, que ha provocado una grave crisis de derechos humanos, por el alto número de personas desaparecidas y asesinadas, que contrasta con un ineficiente sistema de justicia que encubre a los perpetradores en lugar de investigar y castigar con todo el rigor de la ley a los responsables. En este contexto, miles de familias se han visto obligadas a dejar sus hogares para salir a las calles y encarar al poder, ante las tropelías sufridas por la desaparición de sus seres queridos. En esta lucha por la justicia, periodistas y personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas. El clima de impunidad alienta la agresión de los perpetradores y deja en estado de indefensión a una población que lucha por sus derechos.

Las disputas territoriales han desencadenado confrontaciones violentas no solo entre comunidades indígenas y campesinas, sino con grupos de la delincuencia organizada, que se han expandido en varias regiones del estado para defender, con las armas en las manos, sus negocios ilícitos tomando el control de los gobiernos municipales. Los intereses de los grupos políticos para mantenerse a salvo, se han mezclado con los intereses delincuenciales. El pacto de impunidad entre políticos y delincuentes se mantiene intacto, y la forma más cruenta que utilizan, es ejerciendo violencia contra quienes obstaculizan sus planes aviesos.

Ante esta permisividad en la que se ha perdido la línea divisoria entre el quehacer de las autoridades y el accionar de los delincuentes, el saldo de defensores y defensoras desaparecidas y asesinadas es alto. Mencionamos los casos más recientes que muestran el grave de conflictividad social que se da en varias regiones donde no existen garantías de seguridad para mujeres y hombres que se atreven a defender sus derechos. El asesinato de Juventina Villa Mojica, esposa de Rubén Santana Alonso (quien también fue asesinado), así como de su hijo Reynaldo Santana, de 17 años de edad, se da en un contexto donde los grupos de la delincuencia han tomado el control territorial de la sierra de Petatlán y de Coyuca de Catalán, obligando al desplazamiento forzoso de familias que se niegan a trabajar en actividades ilícitas. Por encabezar al grupo de desplazados y planear su salida de la comunidad de La Laguna, le dispararon cuando se desplazaba en su cuatrimoto para hablar por teléfono. El pasado 28 de noviembre cumplió 7 años este artero asesinato sin que los responsables de este crimen hayan sido investigados, por el contrario, la situación de violencia sigue cobrando más vidas en la región.

Al siguiente año, el 30 de mayo, cuando un grupo de la Unidad Popular se retiraba de la caseta de cobro de la carretera a Iguala, en el tramo hacia Puente de Ixtla, donde habían protestado contra el presidente José Luis Abarca, el dirigente Arturo Hernández Cardona fue interceptado por un grupo armado, quienes lo bajaron y se lo llevaron con rumbo desconocido. La colusión que se urdió entre el alcalde de Iguala con grupos de la delincuencia propiciaron una violencia encarnizada contra los opositores políticos. Arturo, fue desaparecido y posteriormente asesinado, junto con dos compañeros más. Sus cuerpos fueron encontrados el 3 de junio en la entrada de la comunidad de Xalitla, del municipio Tepecoacuilco.

Cinco meses después, el 19 de octubre, la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino Mesino, fue asesinada a balazos en las inmediaciones de la comunidad de Mexcaltepec, municipio de Atoyac de Álvarez, en la región de la Costa Grande. De acuerdo con testimonios, un sujeto se le acercó y acribilló a la dirigente cuando supervisaba la rehabilitación de un puente dañado por las lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid.

No podemos olvidar la fecha en que Eva Alarcón y Marcial Bautista, dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán A.C. (OCESP), fueron desaparecidos el 7 de diciembre de 2011. Hasta la fecha se desconoce su paradero, a pesar de la detención de un comandante de la policía ministerial del estado, que participó en esta acción coordinada con el ejército y grupos de la delincuencia organizada.

Un caso deleznable es el asesinato del dirigente social Ranferí Hernández Acevedo junto con su esposa, su suegra y su chofer. Fueron interceptados cerca de la comunidad de Nejapa, municipio de Chilapa, por un grupo de personas armadas el 14 de octubre de 2017. No hay duda que este crimen artero fue planeado por personajes siniestros que sintieron amenazados sus intereses políticos y económicos. Para ellos Ranferí representaba un obstáculo para extender su control territorial en la región.

El defensor de la Montaña, Arnulfo Cerón Soriano es el caso más reciente que muestra esta red de complicidades, que se da en municipios donde se ha permitido que grupos del crimen organizado impongan su ley y tomen el control de algunas instituciones para proteger intereses facciosos, atentando contra la seguridad y la vida misma de la población. Por alzar la voz contra el poder Arnulfo fue desaparecido y asesinado. Su lucha justa tuvo un alto costo en un estado donde las autoridades se obstinan en desacreditar el compromiso social de quienes defienden los derechos humanos. Este patrón de criminalización y persecución pone en la mirilla a los hombres y mujeres que luchan por transformar estructuras que oprimen y ahondan la desigualdad.

A 71 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a 21 años de la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, en México y en nuestro estado no existen garantías para defender y promover los derechos humanos. A los defensores, defensoras y periodistas, no solo se les desacredita su trabajo, sino que se realizan campañas para denostarlos. Las autoridades se empeñan en acallarlos y someterlos. En un contexto donde impera la violencia y la impunidad las consecuencias son fatales porque se cosecha la muerte y se siembra el odio. Con tal de mantener el poder tanto miembros de la delincuencia como actores políticos han llegado al extremo de aniquilar a los defensores y periodistas. Estas acciones violentas no solo nos hunden como sociedad, sino que los gobiernos retroceden a la barbarie. Los defensores y periodistas son una luz en la oscuridad de un poder obtuso.