La justicia para las niñas, niños y adolescentes indígenas

Honramos la memoria y la ejemplar trayectoria de Rocío Mesino dirigente de la OCSS, a 13 años de su artero asesinato. La inacción de las autoridades evidencia su complicidad con los perpetradores.

Justicia para Bruno Plácido Valerio líder de la UPOEG. A tres años de su asesinato el gobierno del estado no ha cumplido con su familia de investigar este crimen atroz.

El 18 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2026-2030 (Pronapinna), que contiene cuatro objetivos estratégicos: 1) garantizar el derecho pleno a los derechos sociales a los niños, niñas y adolescentes en sus diferentes etapas de desarrollo. 2) Proteger integralmente a niñas, niños y adolescentes contra la violencia que enfrentan en los diferentes entornos en que se desarrollan. 3) Promover la inclusión social y la igualdad sustantiva para niñas, niños y adolescentes que son discriminados y viven en condiciones de vulnerabilidad. 4) Impulsar la participación, el acceso a la información y entornos digitales de niñas, niños y adolescentes para que sus opiniones sean retomadas en el diseño de las acciones públicas de gobierno.

A las niñas, niños y adolescentes indígenas de la Montaña, la extrema pobreza los hunde en la violencia y son presa fácil de los grupos de la delincuencia que aprovechan el grado de vulnerabilidad que enfrentan las niñas, niños y adolescentes que caen en sus redes delincuenciales. La falta de centros educativos, la negativa de las autoridades de asignar el número de docentes que se necesitan en las comunidades más apartadas y el trato discriminatorio que reciben al no asignarles presupuesto suficiente para contar con instalaciones dignas y escuelas completas en las comunidades de la Montaña, profundizan la desigualdad, el rezago social, el analfabetismo y la inequidad estructural.

Ante este panorama desolador las autoridades comunitarias están muy preocupadas no solo por la ausencia de las instituciones del Estado, sino por la entrada de los grupos de la delincuencia en la Montaña y la Costa Chica. Comentan que el flagelo ya no solo es la violencia, también “el veneno que distribuyen los delincuentes, el cristal”. Los mayores han constatado que los niños y adolescentes son muy vulnerables, porque no hay quien los oriente ni les ayude a prevenir el grave problema de las adicciones.

En varias comunidades indígenas se distribuye el fentanilo y el cristal. Son parte de las golosinas que compran en las tienditas. El consumo está haciendo estragos en niños y adolescentes. Un joven adicto, a pesar de que sus padres lo llevaron a rehabilitación, cuando regresó a su casa murió por la ansiedad y la abstinencia. En una comunidad me pháa otro joven, bajo los efectos del cristal asesinó con un machete a sus dos tías y un tío que lo habían cuidado desde niño.

Estos casos y otros más han generado preocupación en la Coordinadora Regional de Autoridades comunitarias (CRAC-PC) que se han visto obligadas a tratar el tema en las asambleas regionales. En la casa de justicia de Caxitepec, municipio de Acatepec, tuvieron que atender el caso de dos niños que tenían en posesión dos bolsitas de cristal y habían robado 2 mil pesos. El problema recurrente es que se trata de niños que provienen de familias que viven en extrema pobreza. Este es el gran desafío, que las autoridades de los tres niveles de gobierno le han fallado a los pueblos indígenas impactando severamente en el desarrollo de los niños y adolescentes.

En las asambleas regionales de las seis casas de justicia de la CRAC-PC se ha discutido ampliamente que los niños y jóvenes que caen en las drogas se debe a las redes delincuenciales que se han imbricado al interior de las comunidades y que varias personas son cómplices de estos negocios truculentos.

Los coordinadores dicen “la CRAC no castiga, pero educa”. “Nuestra Biblia es el reglamento interno. Tenemos que hacer que se cumpla al pie de la letra”, aunque no está bien plasmado un apartado que aborde los derechos y el proceso de reeducación de las niñas, niños y jóvenes. Desde mediados de 2025 las autoridades comunitarias iniciaron esta discusión, sin embargo, faltaban más elementos de análisis sobre la especificidad de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En un inicio querían contemplar a los niños y adolescentes dentro del proceso de reeducación, sin embargo, vieron que los niños y adolescentes son más bien víctimas de un sistema corrupto que atenta contra su vida, su salud, su educación y su desarrollo.

Los casos de varios niños y adolescentes involucrados en la venta de cristal, en robos de dinero, en homicidios y algunos casos de suicidio, obligaron a la CRAC a iniciar un proceso de reflexión y consulta entre los consejeros y posteriormente en las asambleas. Un de las vertientes fue adecuar el reglamento para las niñas, niños y adolescentes, sin embargo, vieron que el proceso de reeducación, si es que se incorporaba, tendría que ser diferente a los adultos. En el caso de un niño acusado de homicidio, en una casa de justicia decidieron que el menor hiciera trabajo comunitario, además, le pusieron una mesa y varios libros para que estudiara. Por la tarde lo llevaban a la cancha municipal para que jugara. Lo que no estaba bien es que compartiera el mismo espacio con los reeducados adultos que habían cometido delitos graves. Esa convivencia violentó sus derechos de niño.

Cuando salió de este proceso optó por salir a trabajar al estado de Morelos. Con gran esfuerzo logró comprar una motocicleta. Lamentablemente se accidentó y el menor murió. El testimonio sobre la reeducación y el final fatal de este niño puso sobre la mesa el tipo de apoyo y el trato que deben recibir las niñas, niños y adolescentes. Es importante conocer las condiciones de vida que tienen y el contexto de pobreza en que se desenvuelven. Hay causas más profundas que deben erradicarse y atenderse por parte de las autoridades, para no criminalizar a la niñez indígena, que sobrevive en los surcos de la miseria.

En este marco, el pasado miércoles 14, la CRAC-PC celebró sus 31 años como un sistema propio de seguridad y justicia comunitarias, sustentado en sus sistemas normativos y en el artículo segundo de la Constitución Política mexicana. Con la presencia de 5 casas de justicia, porque la CRAC de San Luis Acatlán no asistió, se informó a los asambleístas los trabajos que se realizaron por parte de un equipo que fue nombrado expresamente para retomar las propuestas emanadas de las asambleas, con el objetivo de presentarlas en esta fecha memorable. Después de explicar de manera resumida el contenido de este apartado se aprobó por unanimidad el capítulo XI de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y el procedimiento de reeducación del reglamento de la CRAC-PC.

Se tomaron en cuenta criterios internacionales y algunas normativas comunitarias incorporando en dos grandes rangos de edad a las niñas, niños y adolescentes que va de 12 a 15 años en el primer rango, y de 15 años a menos de 18 años en el segundo rango.

El artículo 93 del reglamento de la CRAC que se aprobó dice: “En ningún caso se podrá imponer a los adolescentes una sanción más grave ni de mayor duración a los que corresponderían por los mismos hechos a un adulto. En el entendido de que sólo los adolescentes considerados en el segundo grupo de los 15 años cumplidos y menos de 18 años de edad, previa valoración de las autoridades comunitarias y/o a la asamblea regional o general se podrá imponer el proceso de reducación a los adolescentes”.

En el artículo 95 quedó estrictamente prohibida la aplicación del proceso de reeducación para tratar las faltas que hayan cometido. “Las determinaciones de las autoridades comunitarias buscarán, de manera prioritaria, la reintegración del menor a su familia y a la sociedad. Este objetivo se cumplirá mediante un esquema de acompañamiento que incluya pláticas formativas coordinadas por las autoridades de la comunidad (Delegados, Comisarios, Coordinadores, Consejeros Locales y Regionales) y, de ser necesario, mediante el apoyo técnico de las instituciones educativas o centros especializados, ya sean públicos o privados, por lo que las autoridades comunitarias podrán celebrar convenios con dichas instituciones”.

El artículo 96 habla de la reeducación comunitaria para las y los adolescentes de 15 años cumplidos a menos de 18 años de edad y tendrá un carácter extraordinario. Las autoridades comunitarias en asamblea regional tendrán que valorar estrictamente, sólo si es necesario, la reeducación no mayor de 6 años. Este apartado en el reglamento interno de la CRAC respeta los derechos constitucionales y está dentro del marco de los tratados internacionales, respetando y protegiendo los derechos de la niñez y los adolescentes, principalmente indígenas, que comenten faltas para el proceso de reeducación. Lo más importante es que cuentan con más elementos para su rehabilitación, alejados de las malas prácticas y de los grupos delincuenciales que se expanden en la Montaña.

Los grandes esfuerzos que realiza la CRAC-PC para respetar los intereses superiores de la niñez quedarán truncos si las autoridades de los tres niveles de gobierno no se comprometen a velar por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que pasan necesariamente por abatir de raíz la pobreza extrema, garantizar una educación completa y culturalmente adecuada, y proteger a las niñas para que no sean víctimas de matrimonios forzados. También, proporcionar personal médico y abasto de medicamentos a las escasas clínicas que existen en la Montaña, revertir el alto índice de muertes maternas ante la imposibilidad de ser trasladadas a los centros hospitalarios de Tlapa.

Tiene que reactivarse la producción de básicos que se ha derrumbado por la falta de apoyos a los pequeños productores. No se garantiza el derecho a la alimentación a las familias de la Montaña. La situación es catastrófica porque los estragos de los huracanes no se atienden a tiempo y las autoridades dejan en el olvido a las familias damnificadas más pobres de Guerrero. Solo así podemos hablar que podrá llegar la justicia a las niñas, niños y adolescentes y no solo dejar en manos de la CRAC-PC, para que aplique su reglamento, como si con eso resolvieran los grandes problemas de la pobreza y la violencia que por décadas se han arraigado en la Montaña.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan