El horror de la violencia

Las comunidades nahuas de la Montaña baja de Guerrero han sufrido constantemente la violencia de los grupos de la delincuencia desde el 2015. Hombres, mujeres, niñas, niños y jóvenes han quedado bajo el fuego, sin que las autoridades implementen acciones contundentes para desarticular a estas organizaciones que mantienen en el limbo del horror a la población indígena indefensa.

Ante la ausencia de las autoridades, la delincuencia ha impuesto su ley con las balas y ahora con drones. Las incursiones de civiles armados en las comunidades indígenas son recurrentes y lo más grave es que no son atendidas por las autoridades. Optan por esconderse en los cerros y en las iglesias de las comunidades que pertenecen a la CRAC-PF y al Cipog-EZ.

Las tragedias pasan desapercibidas para las autoridades porque están ausentes y porque a la distancia los hechos se desvanecen. La gente llora por la impotencia de no ser atendido y porque no le dan crédito a su testimonio. Las niñas y niños se refugian en los brazos de sus mamás y ellas también son presas del temor de que las priven de la vida. Sus gritos se pierden en los lomeríos. Están solas, sin protección. Por eso su único consuelo es la denuncia pública y la súplica a las autoridades. “Nos están atacando a balazos y con drones artillados por los delincuentes que avanzan a pesar de que se topan con el Ejército”.

Los últimos hechos de violencia iniciaron el 2 de mayo de este año cuando asesinaron a dos personas de la comunidad de Alcozacán. El miércoles 6 continuó una serie de ataques contra las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, pertenecientes Cipog-EZ. Ahí fueron asesinados Isaías Morales Lucas, Bernardino Hilario Ocotlán, Ernesto Hilario Ocotlán e Isacar Villalba Rosario, originarios de la comunidad de Tula. El 8 de mayo una señora de la comunidad de Xicotlán fue herida de bala.

A las 7:30 de la mañana de este 9 de mayo irrumpieron los delincuentes con drones artillados que sobrevolaron en la comunidad de Tula. Entraron bien armados con equipo táctico destruyendo todo a su paso. No les importó que había niñas y niños. Disparaban indiscriminadamente a quien le tocara. Desde los cerros cercanos, se atrincheraron para abrir fuego. Estaban algunos elementos del Ejército como a 200 metros, pero sólo fueron espectadores, mientras las personas corrían despavoridas. No se movilizaron para enfrentarlos o detener a los agresores. La Guardia Nacional, la Policía Estatal y el Ejército estuvieron en las comunidades solo para documentar la infamia. Se tomaron fotos, pero no protegieron a las ciudadanas ni a los ciudadanos. Los dejaron a su suerte.

Las imágenes son de terror. El ambiente es tenso. El estruendo de las balas hizo eco en sus casas. Las gallinas cacaraquearon para refugiarse y los perros aullaban. El polvo se levantaba como si fuera una confrontación abierta. En el cerro cercano a Tula un dron posó en la tierra. Lo que quedó del paisaje fueron los rastros de la violencia.

Las mujeres indígenas relataron: “nos quedamos en el monte sin poder dormir porque teníamos miedo de que llegaran los armados. Estábamos escondidas en silencio porque teníamos miedo de que nos fueran a encontrar”. A las 2:40 de la mañana varias familias se tuvieron que desplazar a la comunidad de Alcozacán para salvarse. Más de tres días consecutivos de agresiones no fueron suficientes para que los militares actuaran, más bien las dejaron abandonadas.

Los ataques continuaron en este Día de las Madres. No había nada qué festejar. Más bien, había gritos y llantos por los balazos y las bombas que lanzaban sobre las viviendas. La agresión era directa. Los delincuentes tiraban a matar. Las noches se han convertido en un infierno. “Nos hemos pasado huyendo, cargando en nuestras espaldas a nuestros pequeños hijos e hijas para escapar de las balas”, comentan con desesperación las mujeres.

El rugido de las armas de fuego azotaba las puertas de las viviendas. Las mamás escondían a sus hijos. La inenarrable escena de violencia fue devastadora. Querían correr, pero se contuvieron hasta que parara la balacera. La muerte ahora ronda en las veredas y en cualquier rincón de la casa. Una madre de familia de Tula cuenta que se salió a la una de la tarde porque en su comunidad les estaban tirando bombas y balazos con armas de alto poder.

“Saqué a mis gemelos como pude porque deshicieron mi puerta con los balazos, casi nos tocaba. Siguen ahí los delincuentes. Le solicito al gobierno que nos haga caso porque estamos sufriendo. Mis niños están sufriendo. Hay un miedo muy grande. Ya mataron a nuestros animales, están prendiendo el monte, están amenazando con que van a entrar. Las autoridades están viendo lo que está sucediendo, que por favor nos hagan caso. Los niños lloran, ya no pueden vivir bien en sus casas porque nos amenazan los de la delincuencia. Las mujeres y los niños no tenemos la culpa, defendemos al pueblo, no somos criminales”.

Entrada la noche más de 800 personas desplazadas estaban refugiadas en la iglesia de Alcozacán. El comisario municipal señaló que “las señoras, niñas, niños, madres, viudas y ancianos de 70 años, están resguardados en la iglesia. Nos están atacando en las comunidades de Acahuehuetlán, Xicotlán, Tula y ya vienen entrando a Alcozacán. Solicitamos a los tres niveles de gobierno que nos respalden. Ya marqué al 911, a la Guardia Nacional, a la presidenta de Chilapa; estamos esperando su apoyo inmediato desde Chilpancingo y a nivel federal. Necesitamos que inmediatamente llegue el gobierno. Le solicito a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la gobernadora, que respondan, que hablen con nosotros. Esperamos su apoyo urgente”.

A los recientes episodios de violencia se suman la larga lista de crímenes que hasta hoy se han registrado 76 asesinatos y 25 desaparecidos. Lo peor es que varios niños han sido privados de la vida por los grupos de la delincuencia que quieren tener el control total de las comunidades y sus territorios. Por defender a sus pueblos nos ha costado la vida. Algunas comunidades han quedado deshabitadas por la violencia demencial e irrefrenable.

Las autoridades estatales y federales han dejado que los grupos de la delincuencia se expandan y actúen con total impunidad. En cambio, a la población indígena la han relegado y discriminado, dejando que ellos solos afronten este poder impune. En lugar de protegerlos, los criminalizan y argumentan con falacias que se trata de enfrentamientos entre grupos delincuenciales.

Para las comunidades indígenas de Chilapa la frase “primero los pobres” está muy lejos de que se haga realidad, porque siguen sometidos por los comerciantes y políticos. El gobierno municipal de Chilapa siempre ha estado controlado por familias ricas de la cabecera. Ha sido un bastión priista, de grupos caciquiles que en las últimas tres administraciones cambiaron de estafeta con el PRD. Sin embargo, los vicios son los mismos, reproducen los mismos esquemas de corrupción, nepotismo, maltrato y desatención a las comunidades indígenas. Continúa la inseguridad, la violencia y la delincuencia organizada. Los delitos no se investigan, mucho menos se castigan. La justicia es inaccesible para la población indígena y los crímenes de alto impacto quedan en la impunidad. Los casos de desapariciones y asesinatos de personas indígenas solo son reivindicados por sus familiares. Para la Fiscalía estos casos no cuentan porque no hay carpetas de investigación. Le cargan a las familias todo el peso de la investigación, además de interponer las denuncias en la cabecera municipal, se encargan de presentar pruebas y testigos. Ante el temor de que las consecuencias sean fatales por exigir justicia, las familias se resignan al silencio y a padecer el flagelo del miedo y la amenaza.

En la Montaña alta la violencia se extiende como la lumbre incontrolable de los cerros. La tarde de este domingo se suscitó un ataque armado en la comunidad de Huitzapula, municipio de Atlixtac. A las 6 de la tarde iniciaron los disparos desde los cerros, poco a poco se fueron acercando a la comunidad con drones explosivos. Cerca de las 10:30 de la noche ya estaban a 500 metros del centro del pueblo. La noche oscura aguarda sorpresas y secretos. En estas agresiones ya es común que los chispazos de luz iluminen la noche por los artefactos que explotan en el cerro. El terror parece instalarse en las comunidades de la Montaña, que ya no son nada tranquilas.

La población no tiene otra opción que pedir auxilio, sin embargo, las autoridades están ausentes. Nadie se da por enterado. Esperan órdenes superiores, sin éstas el aparato de seguridad del Estado no funciona. Las mismas autoridades que reciben los reportes ya se acostumbraron a sobrellevar los conflictos. Solo verifican si hay peligros inminentes o si está en riesgo la seguridad de algún funcionario. Fuera de estos agravantes la gente que teme ser agredida o que es reportada como asesinada o desparecida, tiene que esperar hasta que el elefante reumático de la justicia reaccione.

Antes de cerrar este artículo nos llegó información de Alcozacán de que hay 13 personas de Xicotlán que están reportadas como desaparecidas. Los familiares han tenido que organizarse para buscarlos. No lo pueden hacer con total libertad porque saben que se encuentran asediados por grupos de la delincuencia. La angustia es mayor porque las autoridades no acuden en su auxilio. Este domingo por la tarde hicieron un recorrido los militares en la comunidad de Tula pero no establecieron contacto con las familias agraviadas. Esperamos que las autoridades acudan al llamado de las comunidades y que puedan escuchar a las madres de familia que tienen mucho temor de que las agresiones continúen. Es importante atender a los familiares que reportaron la desaparición de sus hijos y hermanos, también se debe garantizar la atención a las víctimas de desplazamiento forzado. No se debe sesgar la información, ni desacreditar el trabajo de las organizaciones sociales que acompañan a las comunidades agraviadas. Para la construcción de la paz en Guerrero se tienen que desmontar las estructuras delincuenciales, es un imperativo legal perseguir a quienes atentan contra la vida y la seguridad de las personas y garantizar la protección de las comunidades y familias sometidas por la violencia criminal.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan