Defender los derechos humanos puede costar la vida; la impunidad lo agrava todo

México sigue siendo uno de los países más peligrosos para defender los derechos humanos. Así lo constató la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su 197º periodo de sesiones, celebrado del 27 al 30 de octubre en el Parlamento Latinoamericano, ubicado en la Ciudad de Panamá.

Junto a una delegación de organizaciones y personas defensoras mexicanas, desde Tlachinollan pudimos participar en la audiencia “Situación de las personas defensoras en México”, donde demostramos que defender derechos humanos en México implica una doble tragedia. Primero, porque las personas defensoras son asesinadas, desaparecidas y agredidas constantemente. Segundo, porque el Estado mexicano permite que la gran mayoría de estos casos permanezcan en una impunidad casi total.

Las y los comisionados de la CIDH reconocieron la urgencia de tratar este problema. La comisionada y relatora para México, Andrea Pochak, destacó que “México continúa siendo uno de los países más peligrosos para defender derechos humanos”, ya que “la violencia y el hostigamiento que padecen las personas defensoras de derechos humanos tienen un carácter estructural”. Asimismo, el comisionado presidente, Edgar Stuardo Ralón, hizo énfasis en que “quien defiende los derechos de los demás no debería tener que defender su propia vida”.

En la audiencia también participó Andrea Bolaños, relatora especial de las Naciones Unidas sobre las personas defensoras de derechos humanos. A raíz de la aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del Protocolo Homologado Especializado para la Investigación de Delitos Cometidos contra las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, la relatora instó al Estado mexicano a diseñar “un plan de acción que cuente con un cronograma establecido, recursos suficientes, capacitación y sensibilización de los actores implicados en la ejecución… el diseño de monitoreo, la real y efectiva participación de las personas defensoras y de la sociedad civil y claridad sobre las responsabilidades de autoridades para la implementación adecuada”.

Un protocolo para la investigación de ataques contra personas defensoras de derechos humanos

Este Protocolo surge a partir de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Digna Ochoa y familiares vs. México, donde el Estado mexicano fue condenado por el asesinato de Digna Ochoa, notable defensora de derechos humanos. En el resolutivo 20 de dicha sentencia, la Corte IDH ordenó al Estado mexicano crear e implementar, a nivel federal, “un protocolo específico y especializado para la investigación de ataques contra las defensoras y defensores de derechos humanos”. Aunque el Protocolo no será la solución a la grave crisis de violencia contra las personas defensoras, desde la sociedad civil consideramos que puede significar una ruta para impulsar el combate a la impunidad en casos de agresiones contra quienes defienden derechos.

Después de escuchar una serie de peticiones por parte de la sociedad civil, el embajador de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Alejandro Encinas, se comprometió —a nombre del Estado mexicano— a:

1. Impulsar un plan nacional de implementación del Protocolo.
2. Difundir dicho Protocolo de manera accesible.
3. Crear un registro homologado de delitos contra las personas defensoras.
4. Impulsar una mesa de trabajo para atender los 113 casos documentados por las organizaciones de la sociedad civil.
5. Invitar a la Fiscalía General de la República (FGR) a valorar la creación de una fiscalía especializada.
6. Aceptar el apoyo técnico de la relatora especial de Naciones Unidas sobre las personas defensoras de derechos humanos.

Este foro interamericano sirvió para visibilizar la letalidad bajo la que sobreviven las personas que defienden derechos humanos en México. Sin embargo, no es suficiente con difundir esta información: las cosas deben cambiar.

Los acuerdos alcanzados frente a la CIDH y la relatora de Naciones Unidas deben traducirse en acciones concretas, eficientes y verificables a corto plazo para fortalecer la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Dos tragedias nos llevaron este 29 de octubre a Panamá; al Estado mexicano le corresponde evitar que se repitan.