Algarabía e ingobernabilidad

En memoria de

Arturo Hernández Cardona:

luchador social que con temple y pundonor

desenmascaró la red criminal

que regenteaba el presidente municipal

Jose Luis Abarca.

Fue desaparecido, torturado y ejecutado

por el narcopoder

que impera en Guerrero.

El acto multitudinario convocado por Morena para arropar a la presidenta de la república Claudia Sheibaum, fue una gran oportunidad para que la clase política Guerrerense se luciera. Se disipó bailando la iguana, chupando paletas y tomándose fotos.  En la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac fueron ubicados en primera fila los aspirantes a la gubernatura por Morena: Félix Salgado Macedonio, Beatriz Mojica Morga, Abelina López Rodríguez, Guadalupe Eguiluz Bautista e Iván Hernández Díaz. Estuvieron ausentes Esthela Damián Peralta, Rogelio Ortega Martínez y Rubén Cayetano García.  Ante una audiencia cautiva la gobernadora Evelyn Salgado Pineda aprovechó la ocasión para agradecer a la presidenta de la república todo el apoyo que ha brindado a Guerrero. La algarabía morenista expresaba con porras sus preferencias electorales y su determinación para dar la batalla en estos días decisivos. La cargada de los simpatizantes fue para mostrar músculo e ir ganando más presencia en la opinión pública.

En esa misma mañana la familia del profesor Sergio Nájera García, desaparecido el 28 de mayo, protestaba en las puertas de la Fiscalía General del Estado para exigir a los funcionarios que impulsen la investigación y que la comisión estatal de búsqueda despliegue personal calificado para dar con su paradero. El drama cotidiano de las desapariciones, los asesinatos, los desplazamientos forzados marcan de por vida a decenas de familias mayoritariamente pobres que además de luchar por la sobrevivencia, tienen que enfrentar la indiferencia y el maltrato de las autoridades acostumbrados a actuar con prepotencia, endureciendo su trato con las víctimas, negándose a dialogar con ellas y sin mostrar resultados de sus investigaciones.

El mensaje de la presidenta se centró en mostrar los logros alcanzados en estos dos años de su administración y arremetió contra los gobiernos neoliberales que dejaron crecer a los cárteles de la droga coludiéndose con los grandes capos. La presidenta levantó la voz para decir México ¡No acepta injerencias! ¡Somos un país libre, independiente y soberano! Las intervenciones nunca han dejado justicia y bienestar para los pueblos.

Resaltó los resultados en seguridad: han reducido en 20 meses, en 49 por ciento los homicidios dolosos y en 20 por ciento los delitos de alto impacto. Argumentó que para disminuir la violencia en México es indispensable detener el tráfico ilegal de armas hacia nuestro país y considera que es fundamental que el gobierno de Estados Unidos atienda el grave problema del consumo de drogas en su territorio.

Criticó acremente la actitud de una parte de la derecha mexicana: una derecha entreguista, dispuesta a celebrar e incluso promover las presiones de políticos extranjeros. Una derecha que llega al extremo de invitar a representantes de la ultraderecha española para rendir homenaje a Hernán Cortés.

Con los triunfos electorales que ha tenido Morena a nivel nacional para la presidenta Claudia, México ya cambió. Nada ni nadie va a detener la transformación de México. Esa es una nueva realidad. ¡La patria no se vende! ¡La patria se ama y se defiende!

Esta nueva narrativa de que México ya cambió y de que es un gobierno del pueblo y para el pueblo no reconoce los grandes problemas que aún persisten en nuestro país y que requieren del apoyo de la sociedad, de los colectivos de víctimas, de las organizaciones de la sociedad civil, de los movimientos sociales para revertir los grandes rezagos que hay en cuanto al combate a la impunidad y la corrupción.

En nuestro estado los crímenes del pasado siguen vivos, son parte de la realidad dolorosa que no ha sido atendida por los gobiernos de Morena. La comisión para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las graves violaciones a los derechos humanos de 1965 a 1990 quedó trunca, porque el gobierno federal ignoró sus recomendaciones y descalificó los resultados de la investigación. Fue un esfuerzo más que deja en estado de indefensión a las familias que por más de 5 décadas han buscado a sus seres queridos desaparecidos.

No solo no hay avances en el paradero de los desaparecidos tampoco existen investigaciones que señalen a los perpetradores de estos crímenes de lesa humanidad. Se encubre a los altos mandos militares y se mantiene intacto el pacto de impunidad. Este continuum de violencia sigue desangrando a nuestro estado. La transformación que pregona la 4T no ha llegado a las fiscalías porque persisten los mismos vicios de la corrupción, la colusión con los grupos de poder es una práctica añeja que deja buenos dividendos. Los cotos de poder ahora se comparten con las elites militares que tienen en sus manos la fiscalía del estado que camina en sentido contrario de las víctimas.

La cifra imparable de las personas desparecidas en nuestro país pone en entredicho la actuación del gobierno federal que no atiende los planteamientos de los colectivos de familiares que tienen la experiencia y el compromiso para realizar búsquedas y hacer investigaciones en el territorio. Hay un malestar muy grande de las madres buscadoras porque sus planteamientos no encuentran eco entre las autoridades federales, tampoco cuentan con el respaldo y los recursos necesarios para realizar dignamente su trabajo. Luchan a contrapelo de las autoridades sacando siempre la casta y mostrando entereza y pundonor para llegar a los lugares más recónditos y peligrosos donde las autoridades no se atreven a indagar.

El sábado 30 de mayo colectivos de familiares de periodistas y participantes del premio Breach/Valdez de periodismo y derechos humanos instalaron un antimonumento  “Aquí Nadie Olvida” para nombrar y recordar, a unos días del mundial de futbol, a los periodistas asesinados y desaparecidos en México. El memorial fue levantado sobre el paseo de la reforma en la conocida esquina de la información, donde se ubicaban las principales redacciones impresas del país. Esta estructura servirá como un recordatorio para la población nacional e internacional de la grave situación que enfrenta el periodismo en México, que desde el año 2 mil hay más de 150 periodistas asesinados y decenas están desaparecidos. La fecha fue muy representativa porque el 30 de mayo de 1984 asesinaron a Manuel Buendía, uno de los periodistas más influyentes del siglo XX.

Otro de los graves problemas que sigue arraigado en México es la violencia contra los periodistas, al grado que nuestro país es catalogado como de los más peligrosos para ejercer el periodismo. En nuestro estado varios periodistas han sido asesinados, otros más se encuentran desplazados y en algunas regiones del estado no hay condiciones para ejercer el periodismo. Hay zonas silenciadas por los grupos de la delincuencia que ejercen un control férreo de lo que circula en las redes sociales y de las noticias que aparecen en los medios locales. El gobierno federal ha demeritado el trabajo periodístico dejando en estado de indefensión al gremio periodístico que es la columna vertebral de una sociedad democrática, que requiere de información veraz, independiente y comprometida con la sociedad.

Los defensores de derechos humanos aparecen como actores incómodos para las autoridades que se sienten interpeladas debido a sus malas actuaciones y por el abuso de su poder. Además de trivializar su trabajo y desacreditarlo desatienden y obstaculizan cualquier esfuerzo que se orienta a proteger los derechos de las víctimas. Lo más grave que ahora sucede en nuestro entorno es que tanto los gobiernos como los empresarios han utilizado a grupos de la delincuencia organizada para hacer el trabajo sucio. Hay colusión por los negocios que emprenden y que requieren poner en orden a quienes pueden descubrir los intereses económicos que se tejen de manera subrepticia.

En Guerrero la delincuencia se ha transformado en un poder fáctico que tiene el control de ayuntamientos y comunidades, que amenaza y atenta contra la vida de quienes considera sus enemigos o una amenaza a sus intereses mafiosos. Varios luchadores sociales son desaparecidos y asesinados en este contexto de ingobernabilidad donde caciques, políticos regionales o autoridades municipales utilizan a estos grupos para deshacerse de quienes consideran como un obstáculo en su carrera político delincuencial.

El caso del luchador social Arturo Hernández Cardona es un caso emblemático de cómo el presidente municipal Jose Luis Abarca catalogó como un enemigo a quien tenía que quitarlo del camino. Con el apoyo de un grupo de la delincuencia el 30 de mayo de 2013, Arturo fue desaparecido, torturado y asesinado por órdenes del presidente municipal José Luis Abarca. En nuestro estado hay muchos luchadores y luchadoras sociales que fueron desaparecidos y asesinados pero que lamentablemente las autoridades no han asumido el compromiso de reivindicar su memoria dando con los responsables e imponerles un castigo ejemplar.

La violencia que se enseñorea en la Montaña Baja de Guerrero es otro indicador funesto del grave problema de la inseguridad y de la crisis de ingobernabilidad. Las comunidades indígenas además de padecer los estragos de la pobreza y el abandono del gobierno ahora tienen que padecer el flagelo de la delincuencia que, a decir de ellos, son los que impondrán el orden y aplicarán la ley. Toman el control del territorio y asumen el poder de facto. Irrumpen con armas de alto poder y con drones, detienen, desaparecen y asesinan a quienes consideran que forman parte de otro grupo de la delincuencia.

Hacen la limpia para imponer su poder siniestro. El problema del desplazamiento forzado es una realidad que se ha extendido en donde se libran batallas por el control territorial entre grupos de la delincuencia antagónicos. Las consecuencias son funestas porque son familias enteras las que tienen que salir de manera clandestina, con niños pequeños, con personas mayares y enfermas, con madres embarazadas. Se refugian en lugares inhóspitos o huyen del estado para ponerse a salvo. Lamentablemente estas realidades no aparecen en el informe de la presidenta de la república, están invisibilizadas, nuestro gran temor es que su apuesta sea mostrar cambios en la política social y en su estrategia de seguridad pública, independientemente que a nivel local y regional la situación empeore. De que muchas familias sigan sin experimentar una mejoría en su calidad de vida y que continué a salto de mata para librarse de las balas y de las incursiones armadas.