Estamos aquí por la guerra

—¿Saben por qué estamos aquí?

—Sí, por la guerra.

 

Esa fue la respuesta que nos dio una niña de 12 años que fue desplazada de su comunidad por la violencia que ejerce el crimen organizado en la sierra de Chihuahua.

La semana del 26 al 29 de mayo, diversas organizaciones locales, nacionales e internacionales participamos en una misión civil de observación en el estado de Chihuahua para documentar cientos de los casos de desplazamiento forzado interno que son acompañados por las organizaciones chihuahuenses. Nuestro equipo, conformado por miembros de la Red TDT, Brigadas Internacionales de Paz (PBI), Serapaz, ACNUR y Tlachinollan, visitó las ciudades de Parral, Delicias y Chihuahua. Nos entrevistamos con alrededor de 200 personas que han sido desplazadas de diversas comunidades de la sierra de Chihuahua, Sinaloa y Durango, principalmente por la violencia generalizada que ejerce el crimen organizado en la región.

Las organizaciones de derechos humanos del estado de Chihuahua, entre las que se encuentran la Alianza Sierra Madre (ASMAC), el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), la Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC) y el Comité de Solidaridad y Defensa de Derechos Humanos (COSYDDHAC), han denunciado por años la crisis de desplazamiento forzado interno que se vive en la región, sin que las autoridades del estado hayan sido capaces de brindar una respuesta efectiva para prevenir el desplazamiento y atender a las víctimas.

En realidad, ha sido la sociedad civil la que —a través de sus limitados medios— se ha encargado de brindar asistencia humanitaria y jurídica a los cientos de personas que se encuentran desplazadas.

Escuchamos decenas de testimonios sobre asesinatos, desapariciones forzadas, tortura, violencia de género, amenazas y reclutamiento forzado en contra de la población civil. En la sierra, la gente es atacada por defender sus ríos y bosques. Si se resisten a entregar sus ranchos, animales o casas, comienzan a amenazarlos. Es cuestión de días para que empiecen a desaparecer y asesinar a los miembros más prominentes de la familia. Por eso es que todos —incluidas las mujeres, adolescentes y niños— tienen que huir. Es eso o la muerte.

La federación dice que el desplazamiento forzado interno es problema del gobierno estatal

Los desplazados de la sierra —personas indígenas rarámuri y ódami, pero también mestizos— salen de sus ranchos y comunidades sin pertenencias. Se ven obligados a dejar atrás sus tierras y animales, aquellos medios de subsistencia que les aseguraban un bocado a lo largo del año. Los que tienen suerte pueden armar unas pacas de ropa para sus hijas e hijos, pero la mayoría debe salir corriendo con lo que tienen en las manos.

Al llegar a las principales ciudades de acogida —Parral, Delicias y Chihuahua— la situación es precaria. Aunque los gobiernos municipales les dan acogida temporal en los albergues o centros comunitarios con los que cuentan, no hay mucho más que puedan hacer. El gobierno del estado les brinda un apoyo de renta por seis meses, pero solo eso. La federación dice que el desplazamiento forzado interno es problema del gobierno estatal, por lo que no brinda ningún tipo de ayuda. Esta descoordinación política provoca que las víctimas se vean forzadas a sobrevivir por sus propios medios.

Una familia de alrededor de 65 personas nos recibió en su hogar, una vecindad de seis recámaras. Entramos a sus cuartos de 5 por 5 metros, en donde duermen de 6 a 13 personas, todas en el piso. Esas mismas habitaciones funcionan como cocina y comedor. Los más afortunados tienen una silla, una mesa con espacio para un plato y una estufa de gas. Todos los demás comparten una estufa de leña que está en la parte exterior, rodeada por las gallinas y perros que juegan con las decenas de niñas y niños que cohabitan en ese estrecho y alargado patio de cemento.

Estar con las comunidades de la sierra de Chihuahua recuerda, inevitablemente, a lo que sucede en la Montaña Baja de Guerrero, en donde cientos de personas indígenas del municipio de Chilapa fueron atacadas con armas de alto calibre y drones con explosivos, forzándolas a que se desplazaran de sus hogares.

También ahí la respuesta estatal ha sido deficiente, con acciones aisladas por parte del gobierno federal para “pacificar” la zona. En realidad, el problema de fondo sigue presente: el crimen organizado quiere y tiene cada vez más control sobre el territorio y no hay indicios de que eso vaya a cambiar pronto.

Para el caso de Chihuahua, desde la misión civil de observación propusimos la creación de una mesa interinstitucional en donde participen organizaciones de la sociedad civil junto con autoridades municipales, estatales y federales para generar una política pública integral y coordinada para prevenir el desplazamiento forzado interno y atender a las víctimas. Será un experimento nunca visto en el país, pero podría servir para trazar una hoja de ruta que nos enseñe a prevenir y atender dicho desplazamiento en Guerrero, Chiapas, Jalisco y el resto de los estados que se encuentran asediados por la guerra.