Desatención de las autoridades a familias jornaleras; hoy migraron 117 a los campos agrícolas

Tlapa, Guerrero, 4 de agosto de 2026. Ante la pobreza y la falta de trabajo en las comunidades indígenas de la Montaña, al filo del mediodía de este martes salieron 117 jornaleras y jornaleros, 25 fueron niñas y 26 niños de 0 a 17 años, a los campos agrícolas de Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Michoacán, San Luis Potosí y Sonora al corte de chile y tomate verde.

Se registró que el 53 por ciento son familias na savi, el 33 por ciento nahuas y el 14 por ciento me’phaa. La mayoría son de comunidades indígenas, pero abandonadas por las autoridades que no quieren resolver la compra de gas para que en la casa del jornalero se les dé comida caliente, menos les mportan los derechos laborales de la población jornalera.

La mayoría de jornaleros y jornaleras que salieron fueron del municipio de Copanatoyac con 34; de Cochoapa el Grande se registraron 28; Tlapa con 25; de Metlatónoc se fueron 20; Alcozauca, 6; Olinalá, 2 y uno de Tlacoapa. Las comunidades de Cochoapa el Grande y Metlatónoc han sido históricamente las más pobres del país. De Tlacoapa el grado de marginación es muy alto. Para Alcozauca la situación no es mejor, las familias viven con enormes precariedades, conflictos agrarios y feminicidios que se han perpetrado a la luz del día como pasó con Leuteria en enero de 2025.

No sólo la pobreza y la profunda desigualdad campea en la Montaña, las niñas y niños no cuentan con oportunidades para estudiar. Sólo de la diáspora de familias que hoy se encaminaron a los campos agrícolas, 20 personas son niños de 0 a 5 años que crecen en medio de los surcos. En muy pocos campos, sobre todo en empresas agroindustriales, hay guarderías y escuelas de Conafe. En la mayoría de las “rancherías” las niñas y niños se quedan bajo una sombrilla, en un árbol o entre las plantas de chile y tomate verde.

Los niños y niñas de 6 a 11 años que deberían estar en la primaria ayudan a sus padres a trabajar en los campos agrícolas porque no tienen dinero para solventar los gastos de la educación de sus hijos. Las autoridades estatales y federales no les garantizan el derecho a la educación de la niñez rota de la Montaña. Tienen la misma suerte los niños y niñas de 12 a 17 años. Sus esperanzas están en los surcos porque no cuentan con la beca Benito Juárez para poder estudiar y dejar de heredar la explotación.

La población jornalera es la que menos tiene garantizado el derecho a la educación. Crecen en los surcos como la única alternativa de vida. La historia desgarradora de varios se repite con las nuevas generaciones. En un resumen breve de los jornaleros y jornaleras que viajaron a los campos agrícolas 52 pudieron estudiar algún grado de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, mientras que 64 no tuvieron acceso a la escuela. El problema de falta de maestros e infraestructura escolar sigue.

La migración de las familias continúa a toda velocidad. No pueden dejar de ir porque mueren de hambre o por enfermedades. Por eso muchas familias que salieron en dos autobuses destartalados llegaron desde las 9 de la mañana del lunes 3 de agosto a la Unidad de Servicios Integrales (USI), mejor conocido como la casa de los jornaleros. Esperaron todo el día y pernoctaron en los pocos espacios que hay en condiciones paupérrimas. Los colchones de hace varios años se están deshilachando.

A una de docena de mujeres como doña Ofelia, jornalera indígena ñuu savi de la comunidad de Loma Canoa, municipio de Cochoapa el Grande, les ofrecieron comida caliente en la casa del jornalero. Vestía un huipil florido  y calzaba huaraches. Su pequeña hija Yanet de 3 años estaba a su lado, bajo el techado. Brayan de 5 años juega en el piso más allá, mientras Crispín, de un año, está en los brazos de su mamá.

A pesar de que Ofelia elabora huipiles que cuestan hasta 3 mil pesos no es suficiente para solventar los gastos de la familia. Además, no siempre le compran y tarda varios meses para tejer uno. No tiene apoyos del gobierno que pueda mitigar las emergencias, porque para sobrevivir los programas gubernamentales no son suficientes.

A las autoridades estatales y federales poco les importan las familias indígenas de la Montaña que cargan en sus espaldas la cruz de la esclavitud moderna. No sólo tienen que soportar el suplicio y las extenuantes jornadas en los campos agrícolas, sino la desatención del gobierno estatal.

Hoy en la mañana las familias tuvieron que comprar sus alimentos porque las dependencias no pudieron comprar a tiempo el gas para cocinarles al menos frijoles. A las 2 de la tarde llegó un personal de la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (SEDEPIA) para resolver el problema con mucho trabajo.

Las Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales, la Secretaría del Trabajo y Previsión social y el Intituto Nacional de los Pueblos Indígenas han dejado en el abandono a la población jornalera. No han atendido lo más básico para que las familias jornaleras tengan una mejor estancia en la casa del jornalero.

Las mesas interinstitucionales quedaron volando, sólo atendieron a cuentagotas la emergencia de inseguridad que se presentó en noviembre del año pasado cuando un grupo del crimen organizado les cobró cuota a las jornaleras y jornaleros que se fueron a Sinaloa, y los que no acataron las órdenes de los delincuentes fueron agredidos a balazos y a pedradas, despojándolos de los pocos ahorros que llevaban para vivir la primera semana en los campos agrícolas.

Es increíble que las autoridades no atiendan a las familias jornaleras. Es una desfachatez que las consideren como personas de segunda, sin derechos y a las que hay que mantener con migajas. Oliverio, un jóven na savi de 18 años de la comunidad de Cochoapa el Grande, por primera vez intenta migrar a los campos de Chihuahua al corte de chile, pero lo bajaron del primer escalón del autobús porque no había pagado su boleto de 2 mil pesos. Se tuvo que quedar para viajar el jueves 7 de agosto. A las cuatro de la tarde aún no había comido por falta de gas en la casa del jornalero.