El dolor por nuestros muertos

El jueves 29 de octubre alrededor de las 4 de la tarde, Juan Francisco Chino Díaz se reportó con su hermana para comentarle que estaba en Chilapa y que iba para Alcozacán. Regresaba de Acapulco después de trabajar dos meses como albañil. El dinero que juntó fue para comprar las flores y las velas que pondría en el altar para su esposa y otros familiares difuntos. En esta temporada Juan Francisco no sembró maíz ni frijol por las balaceras de mayo y por el mal temporal.

En la pasajera viajaba con otro paisano que también había ido a trabajar al puerto. Antes de llegar a Xicotlán fueron interceptados por gente armada, que con violencia lo bajaron del vehículo. Su compañero se escapó, pero Juan Francisco de inmediato fue sometido. A las 5:20 de la mañana del 30 de octubre, la gente que va a sus parcelas se topó con un cuerpo ensangrentado. La escena fue espeluznante porque estaba decapitado. Era inconcebible creer que los militares, que tienen su base a unos 200 metros, no se hayan percatado del crimen artero.

Cuando los miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) tuvieron conocimiento, de inmediato acudieron al lugar de los hechos. Encontraron el cuerpo de Juan Francisco en medio de un charco de sangre. Sobre el camino de terracería detectaron el rastro de sus pasos, dedujeron que lo obligaron a caminar para matarlo. Fue una acción sanguinaria por parte de quienes controlan la región. Los coordinadores preguntaron a los elementos de la Guardia Nacional y a los del Ejército qué había pasado. Solo se limitaron a contestar que no habían visto pasar a nadie y que tampoco habían escuchado algún ruido en la madrugada. Ni siquiera los gritos o el gemido de la víctima.

De nueva cuenta las acciones violentas de los criminales cobran vidas de gente que forma parte de la CRAC-PF y que, de acuerdo con su modo de operar, los ubican en Chilapa, los interceptan en lo caminos de terracería para luego asesinarlos. El terror se ha enraizado en las comunidades que se rigen por sus sistemas normativos y que pertenecen a la CRAC-PF. La presencia de la Guardia Nacional y del Ejército en la zona no representan mayor seguridad, no repliegan a los grupos armados, mucho menos desmontan el entramado criminal que tiene sometidas a las comunidades indígenas de Chilapa y José Joaquín de Herrera. Los retenes no garantizan seguridad a la población porque el crimen está enquistado en las mismas estructuras comunitarias. Lo grave es que las autoridades lo toleran.

El poder que tienen los grupos delincuenciales demuestra que tienen mucho peso porque no son investigados ni molestados. Hay permisividad y complicidad. La Fiscalía del estado no abre carpetas de investigación por los crímenes que se cometen. En estas comunidades nahuas se han registrado 85 homicidios, incluyendo el de Juan Francisco, un padre que, además, buscaba a su hijo desaparecido y que se fue a trabajar para poner la ofrenda a sus familiares.

La CRAC-PF con gran indignación ha denunciado que quieren criminalizar a sus integrantes, que las autoridades han dejado correr la versión de que son ellos los que cometieron ese crimen. “Nosotros no matamos a nadie, nos defendemos de los verdaderos delincuentes que traen violencia, muerte y desapariciones. ¿Por qué persiguen a las comunidades indígenas, por qué asesinan a un padre que buscaba a su hijo?”.

Los mensajes funestos que dejan entre la gente es sembrar el terror en las comunidades indígenas que pertenecen a la CRAC-PF con el fin de desplazarlas y obligarlas a que se adhieran al grupo delictivo como la alternativa más segura. La delincuencia ha demostrado que tiene poder por encima de la Guardia Nacional y del Ejército. Su presencia y sus actuaciones lo dicen todo. Nadie los para ni los investiga. Solo hacen presencia y son testigos mudos para dar cumplimiento al plan maestro de la Montaña Baja y Alta. Sus retenes no son una garantía de que protegerán la vida de la población indígena, mucho menos velarán por la seguridad de quienes son parte de la CRAC-PF, como Juan Francisco.

Por eso la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) en un comunicado exigió justicia a los tres niveles de gobierno por la ejecución y decapitación de su compañero Juan Francisco.

En los retenes militares y de la Guardia Nacional que se instalaron en Xicotlán, Alcozacán, Acahuehuetlán y Mezcaltepec por la violencia de mayo, no hay resultados tangibles en favor de las comunidades agredidas. La gente sigue con temor porque sabe que al interior de sus comunidades se encuentran varios miembros de la delincuencia. Con preocupación han constatado que desde mayo no han realizado operativos para desmantelar a la organización que tiene sentados sus reales en la región. Por el contrario, imponen su ley y controlan las comisarías.“Es increíble que a unos metros del puesto de vigilancia de la Guardia Nacional, que permanece en Xicotlán, hayan decapitado a Juan Francisco.”

“Cómo es posible que el gobierno haya permitido que a nuestro compañero lo viniera a tirar cerca Xicotlán, una comunidad donde el grupo delincuencial entró a través de las autoridades comunitarias. Le decimos a las autoridades estatales y federales que queremos justicia y que ya basta de asesinatos y desapariciones sin que haya investigaciones, mucho menos que no den con los responsables. Sólo encarcelan a los defensores comunitarios con delitos que son fabricados, sin embargo, los asesinatos que se cometen contra los miembros de la CRAC quedan en la impunidad”.

“El crimen del compañero Juan Francisco fue selectivo, porque lo identificaron como un ex policía comunitario y por eso lo mataron”. Esta forma de operar es la que no investigan las autoridades, dejan toda la responsabilidad en las familias que no bajan a denunciar a Chilapa, porque saben que pueden correr la misma suerte, además de que la denuncia no es garantía de nada.

“Las autoridades del estado y la federación actúan con la misma vara, persiguen y encarcelan a nuestros compañeros, como sucedió con Jesús Plácido y Sixto Mendoza.También criminalizan a la CRAC-PF, nos catalogan como parte de la delincuencia para justificar las agresiones armadas de los delincuentes, la quema de nuestras viviendas y la destrucción de nuestro sistema de seguridad. Nos quieren desaparecer como organización y sacarnos de las comunidades por mantenernos autónomos.”

“Tenemos que seguir resistiendo, porque la presencia del Ejército y la Guardia Nacional no nos garantizan seguridad, no les interesa nuestra vida ni nuestra tranquilidad. Nos tratan como sus enemigo porque tenemos nuestra propia organización. Fuimos tolerantes de que ocupen las instalaciones de la CRAC-PC en nuestras comunidades porque creímos que en verdad la situación mejoraría, pero ya vimos que hay mucha simulación y las cosas siguen como antes. Siguen los mismos peligros y las agresiones violentas. Como CRAC tendremos que reorganizarnos para hacer valer nuestros derechos como pueblos, para garantizarnos seguridad y aplicar nuestra justicia comunitaria. La Guardia Nacional y el Ejército no están del lado de los pueblos indígenas ni de la CRAC, más bien vemos que defienden otros intereses”.

Los habitantes de Tula están con el miedo de que los delincuentes puedan entrar de nuevo. Se dieron cuenta que la seguridad del gobierno estatal y federal no funciona y están pidiendo que la Policía Comunitaria de la CRAC-PF se haga cargo de la seguridad, porque enfrente de ellos matan a los ciudadanos, sin que puedan protegerlos. El desafío que tenemos, no solo es contener la delincuencia, sino al mismo gobierno que no quiere que ejerzamos nuestros derechos como pueblos indígenas, que podamos ejercer nuestro sistema de justicia comunitaria. La Guardia Nacional y el Ejército nos criminalizan, pero tampoco nos garantizan seguridad.

La comunidad de Tula quiere el resguardo de la Policía Comunitaria. El gobierno nos dijo que el comisario tiene que hacer un acta y que se presente a una asamblea regional de la CRAC-PF para que puedan hacerse los recorridos. Lo tenemos que hacer, porque ya no queremos que asesinen a más compañeros. El filtro de seguridad que está en Xicotlán fue el responsable de este crimen porque no garantizó la protección a los ciudadanos. Supuestamente están para proteger, pero Juan Francisco fue decapitado a unos metros de donde estaban.

Este domingo 1 de noviembre en la mañana nos avisaron que en la comunidad de Amatitlán, municipio de José Joaquín de Herrera, hubo amenazas de que un grupo de la delincuencia va a tomar el control. El aviso urgente llegó hasta la comandancia regional de la CRAC-PF y a los coordinadores de la Casa de Justicia de Alcozacán. Las autoridades comunitarias avisaron a los militares que tienen una base en el crucero de Rincón de Chautla para que vayan a realizar los recorridos.Tememos que no atenderán la llamada de auxilio y que las comunidades sigan padeciendo los estragos de la delincuencia. En este Día de Muertos la mayoría de familias rememoran la pérdida de sus seres queridos. Se resquebrajan sus corazones porque saben que sus familiares fueron víctimas de la violencia impuesta por la organizaciones criminales. El dolor por nuestros muertos es por la impunidad que impera en el estado y por la complicidad e indolencia de las autoridades.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan