Jornaleros y jornaleras explotadas y sin derechos en los campos agrícolas

Este 16 de abril de 2026 inició el foro denominado “Sembrar el derecho a la seguridad social para las personas jornaleras agrícolas”, en las instalaciones de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) en la Ciudad de México. Estuvieron presentes seis jornaleras de Guerrero, Baja California, Sonora y Sinaloa que dibujaron las condiciones laborales en las empresas agroindustriales y las falencias del Estado mexicano. Sara lo sintetizó con la frase: “como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, tiempo de la mujer indígena, pero no sabemos cuando va a llegar a la Montaña” de Guerrero.

“Soy inmigrante desde que nací, fui niña jornalera, soy mujer jornalera y creo que me voy a morir siendo jornalera. Desde las rancherías a los campos registrados, el patrón no nos da el seguro social. Nos registra unos meses y luego nos da de baja. Hace una semana mi hija estaba embarazada y se desangró. En el hospital le exigían el seguro social, pero no tiene porque el patrón no le brinda. Ahorita mi hija está en cama y no le pagan porque no trabaja en los campos agrícolas de Sinaloa. Les pido que nos tomen en cuenta. Las jornaleras somos importantes porque con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, mantenemos al mundo entero”, relató Sara de la Montaña de Guerrero.

Señalaron que hay más de 2.6 millones de jornaleros y jornaleras en el país. Pedro Kumamoto, Secretario General de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, en su intervención señaló que de “acuerdo con datos recientes del Inegi en 2024 nos dice que el 90 por ciento de esas personas no estaba afiliada en ese momento a la Seguridad Social, y que 7 de cada 10 no tenían acceso a algún tipo de salud. Es que el diseño de la Seguridad Social en México muchas veces ha estado construido desde el centralismo, desde una priorización de lo urbano, desde el machismo, sin considerar las características del trabajo del campo, su movilidad, sus tiempos, sus ciclos, sus formas”.

La inauguración del foro fue coordinado por Jessica Rodríguez Balderas, Directora Ejecutiva de Proyectos e Investigacion de la CISS. Después de realizar un comentario breve sobre la asistencia de una representación de autoridades del Estado mexicano, organizaciones de la sociedad civil y jornaleras, pasó el micrófono a los ponentes.

Luisa Obrador Garrido Cuesta, Directora Normativa de Incorporación y Recaudacion del IMSS, señaló que están comprometidos en cumplir el “compromiso 63 de seguridad social a jornaleros, agrícolas y pesca que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 1 de octubre de 2024”. Dijo que en San Quintín la mano de obra que se ha detectado es femenino principalmente y que están habilitando un módulo para dar información sobre los beneficios de tener la seguridad social, sobre todo los cinco seguros que tiene el Instituto Mexicano.

Luisa Obrador asegura que hay promotores que salen a territorio para explicar a la gente los beneficios necesarios como salud, maternidad, guarderías, riesgos de trabajo y prestaciones económicas… “Nosotros estamos comprometidos y, por supuesto, estaremos retomando las inquietudes desde los diferentes puntos de vista, desde la Conferencia Interamericana, por supuesto, de Seguridad Social, el tema de la Secretaría del Trabajo, el Congreso de la Unión, desde la academia o desde la base trabajadora”.

Las familias jornaleras no sólo les exprimen hasta la última gota de vida en los campos agrícolas, sino que tienen que padecer la falta de acceso gratuito a los servicios de salud. Sin embargo, Luisa Obrador abundó en su ponencia que están realizando un enorme esfuerzo para asegurar a los trabajadores agrícolas. “Este año México estará mandando su informe sobre lo que suscribió en el convenio para que justamente haya seguridad social y visibilizar el trabajo de las compañeras del hogar”. Finalizó con el reforzamiento de la infraestructura hospitalaria  y que sólo en los 15 días de marzo contrataron a 11 mil médicos especialistas. Además, dijo que en nuestro país la cobertura es a toda la familia.

Por su parte, Alejandro Salafranca, titular de la unidad de trabajo digno de la Secretaría del Trabajo, habló de la informalidad laboral que a nivel nacional es del 52 por ciento, y “una informalidad agraria de más del 80 por ciento. A la informalidad no hay que combatirla, hay que seducirla. Es decir, debemos hacer tan atractiva la formalidad, que la formalidad y sus ventajas imanten el interés de la informalidad”. Las reformas a las pensiones son “un elemento de atracción enorme para la formalidad”, así como salarios retributivos. El titular de Trabajo Digno informó que el salario mínimo se aumentó y se acortó la brecha salarial de género.

En una “batería de medidas articulan un constructo de política de Estado”, bautiza Alejandro el cómo hacer atractiva la formalidad para seducir a la informalidad. Y luego interroga la realidad de las jornaleras y jornaleros: “qué hacemos con el sector agrario; qué hacemos con el campo que sostiene la seguridad alimentaria de la nación. Cómo hacemos para que ese universo de personas, muchas de ellas mujeres, que sostienen en sus dedos, en sus manos, en sus hombros, en sus espaldas, en sus piernas, la seguridad alimentaria del país”, pero con un trabajo formal y seguridad social.

Alejandra Haas Paciuc, Directora Ejecutiva de Oxfam México y parte de la Alianza Campo Justo, considera que hay décadas de atraso en una agenda para las personas jornaleras y necesita ser tomada con toda la seriedad. Antes de entrar al tema agradeció al secretario general de CISS, Pedro Kumamoto, y una lista de autoridades. “Estamos aquí bajo la premisa de que todas y todos tenemos la obligación de ser aliadas en la búsqueda de mejores condiciones de vida para las mujeres jornaleras y sus familias”.

“Veo en este foro a mujeres muy jóvenes que han acompañado a sus familias desde pequeñas en el trabajo y han iniciado su vida laboral en los campos. Llevan una vida entera de experiencia trabajando en la producción agrícola para abastecer de alimentos a México y a otros países. Nos encontramos en un momento político clave. Desde la Alianza Campo Justo reconocemos una voluntad política renovada. Iniciativas como el Plan de Justicia para San Quintín, la aprobación del Certificado Laboral Agroexportador y la apuesta del IMSS por los Centros de Educación y Cuidado Infantil, las CESIS, demuestran que es posible mover el engranaje institucional”, dijo la directora de Oxfam México.

Sin embargo, anotó que hay enormes retos porque hay una “realidad del 86.6 por ciento de las jornaleras, como lo decía Alejandro Salafranca, que sigue sin afiliación a la Seguridad Social, y 7 de cada 10 carecen de servicios de salud. Esta exclusión sistemática golpea aún más a la comunidad”. No puede ser un pretexto dejar a las familias jornaleras fuera de la ley sólo porque migran de un estado a otro. La cobertura universal debe garantizarlo el Estado y el sector agroempresarial tiene la obligación de cumplir”.

Al concluir hizo un llamado “enérgico para que toda política pública considere estas desigualdades. No hay justicia laboral sin derecho al cuidado, sin protección a la maternidad, sin acceso a la salud y sin garantías de vivir libres de violencia. La agenda de hoy y mañana es vital”.

Rogelia González Luis, titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, sobre la población jornalera, comentó que “aunque sostiene buena parte de la economía agrícola de México han permanecido históricamente en los márgenes de la protección estatal. Las mujeres jornaleras de Oaxaca, mayoritariamente indígenas, parten de sus comunidades en busca de una vida mejor que el territorio de origen aún no les ha podido garantizar”.

“La migración de nuestras mujeres indígenas no siempre es una opción, es con frecuencia la respuesta a una marginación extrema. Migran porque sus territorios han sido castigados por los desastres humanos, por la falta de escuelas o por la carencia de empleos dignos en sus comunidades de origen. Para ellas, es una ruta de escape frente a matrimonios forzados o la violencia familiar. Sin embargo, las extenuantes jornadas del campo se ven día a día sin prestaciones, sin seguridad social y bajo una discriminación sistémica por ser indígenas y hablantes de sus lenguas originarias… Para ellas el derecho al descanso y al cuidado es un lujo inexistente”, dijo Rogelia en el foro.

En el foro las mismas jornaleras, integrantes de organizaciones de derechos humanos y académicas como Maria Antonieta criticaron las fuentes en la mesa de las brechas de información y políticas públicas. No hay estadísticas siquiera para diseñar e implementar políticas de Estado centradas en las familias jornaleras. Los pequeños avances se pierden en los enormes retos que tienen las autoridades federales para cumplir con los derechos constitucionales de las y los jornaleros que, como dice Sara, están en el fondo de las montañas.