CRAC: 31 años de criminalización, resistencia y fortalecimiento de su reglamento

Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, Guerrero, 14 de octubre de 2026. En los 31 años de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) se aprobaron las modificaciones a su reglamento en la reeducación de las niñas, niños y jóvenes, la participación de las mujeres, el uso de las armas de alto poder para hacerle frente a la violencia y la reelección de coordinadores y consejeros después de un periodo de estar en el cargo y la coordinación general quedaría conformada con dos elementos por casa de justicia.

Después de la instalación formal de la asamblea general guardaron un minuto de silencio en honor a los caídos y los que iniciaron la lucha como el párroco Mario Campos. Los coordinadores denunciaron los golpes y los atropellos del gobierno. Desde el 15 de octubre de 1995 las autoridades no reconocieron a la CRAC-PC como un sistema comunitario de los pueblos indígenas. “Las comunidades se tuvieron que organizar y en una asamblea regional de 34 comunidades y representantes de seis organizaciones con trabajo en la región se acordó conformar la policía comunitaria. De acuerdo con el padrón actualizado nuestro territorio cuenta con 160 comunidades de 28 municipios”.

César, nuevo coordinador de la casa de justicia de Espino Blanco, leyó que la CRAC surgió por la grave inseguridad que sufrieron las familias en los caminos. Los tres niveles de gobierno no cumplían con su obligación de brindar seguridad y proteger a los ciudadanos y ciudadanas. Quienes iban a vender sus productos o compraban en San Luis Acatlán en el trayecto sufrían en carne propia la violencia desplegada por las bandas de asaltantes. Varias personas fueron asesinadas y las mujeres fueron agredidas sexualmente. Se solicitó la intervención del gobierno para frenar la violencia, pero no hizo caso. Por eso los pueblos “hicimos un esfuerzo de unidad con grandes asambleas que se llevaron a cabo para resolver el problema de la inseguridad”.

Al inicio los reeducados se entregan al ministerio público, pero tardaban más en detenerlos que en liberarlos. Los asaltantes salían más enojados y seguían delinquiendo. Las comunidades decidieron impartir la justicia comunitaria como lo hacían los ancestros. La lucha por el ejercicio de los derechos colectivos fue difícil, pero se logró fortalecer la CRAC a pesar de la persecusión y la criminalización de los gobiernos priistas y de la cuarta transformación. En la actualidad se cuenta con seis casas de justicia: San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec, El Paraíso, Caxitepec y Chilixtlahuaca. Se logró bajar el 90 por ciento del índice de violencia.

Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, habló de la comunidad de Zitlaltepc, cerro de la estrella, ubicado en un lugar estratégico por la ruta hacía San Luis Acatlán. En estas tierras también hay minas, pero que siempre benefician a los empresarios canadienses. La resistencia contra las empresas madereras hubo detenciones. Aquí se escribe la historia rebelde de Zitlaltepec. Tiene la reserva más grande para vivir mil años.

En el artículo 2 constitucional se reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos; son sujetos de derecho público. La ley los reconoce como gobierno comunitario. A pesar de los trámites burocráticos pueden tener un presupuesto para el desarrollo y futuro de las comunidades indígenas. Sin embargo, la ley sobre el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos tiene limitaciones y trabas que se tienen que ir superando, pero ya existe el primer paso. Se pone en el centro los derechos colectivos de las comunidades indígenas y afromexicanas.

El último tema y más importante fue desarrollado por Isidoro Vicario, abogado de Tlachinollan, dónde explicó que las modificaciones al reglamento interno de la CRAC tienen como antecedentes varias asambleas regionales. Ahí se reflexionó ampliamente de los diversos temas que no contempla el sistema comunitario o que se necesita reforzar y clarificar.

El año pasado en la comunidad de Caxitepec, municipio de Acatepec, se conformó y se tomó protesta de los integrantes de la Comisión de Coordinación General. También se acordó impulsar la participación de las mujeres para que se integren a la estructura de autoridades comunitarias. En El Paraíso hay coordinadoras porque así lo indica el reglamento y porque hay casos de mujeres que deben ser atendidos con perspectiva de género. Hace 15 días en Espino Blanco se nombró a dos coordinadoras. Cuando son elegidas no debe prevalecer el castigo, sino que es un derecho. En el reglamento se dice que se debe tener una Comisión Especial de Mujeres, y sólo la casa de justicia de San Luis Acatlán lo tiene.

Otro de los temas medulares que se han discutido en las asambleas regionales es el derecho de las niñas, niños y adolescentes en el sistema comunitario. Es importante porque los niños y niñas no pueden ser sometidos a reeeducación como un adulto. Más, cuando el sistema comunitario se rige bajo el principio de reeducación y no castigo. El trato con la niñez debe ser diferenciado. Para determinar una sanción se retomó estándares internacionales de las divisiones que se hacen: de 0 a 12 años se protege a las niñas y niños y no podrán ser motivo de medidas sancionadoras, pero la responsabilidad lo asumen sus padres; el rango de 12 hasta menos de 15 y el rango de 15 a 18 años. Una comisión especial tendría que atenderlo. Se podrán realizar convenios con instituciones públicas o privadas para ayudar a las niñas y niños.

Se acordó que la Comisión de Coordinación General será conformada por dos integrantes de las casas de justicia. Mientras los coordinadores y consejeros podrán relegirse después de un periodo de haber dejado el cargo.

La asamblea general en estos 31 años denunció el hostigamiento y la criminalización del sistema de justicia comunitario, pese a que hay un reconocimiento a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y afromexicanos. Los cinco policías comunitarios de Xalpatláhuac que permanecen en la cárcel sufren en carne propia el desprecio de las autoridades estatales y federales sólo por ser indígenas y cumplir con un servicio comunitario.