OPINIÓN | La disputa de la tierra a costa de la vida

El día viernes 9 de noviembre cuando la clase política de Morena era ataviada con collares de Cempasúchil en un salón de fiestas de la capital del estado (repitiendo el mismo ritual de la veneración de los indígenas pobres a quienes ostentan el poder) al filo de las 9 de la mañana en el paraje de “Texmelican” dos indígenas me’phaa de la comunidad de Huitzapula del municipio de Atlixtac eran abatidos a balazos cuando caminaban con dos niñas en la zona del conflicto agrario que mantienen desde 1980 con la comunidad de San Juan Bautista Coapala. Son 38 años de una disputa por la tierra que las autoridades en turno han dejado a su suerte a los comuneros y comuneras de los dos núcleos agrarios. En estos cerros que, de acuerdo a investigaciones arqueológicas, fue el principal asentamiento de los me’phaa, lamentablemente ahora se ha transformado en un campo de batalla donde han sido asesinadas más de 60 personas por defender su tierra. De nada ha servido la resolución del Tribunal Agrario porque no ha podido ejecutarla por la inoperancia de su propuesta que más bien desencadenó una confrontación violenta. En el 2007 entro el programa de atención a los Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER) para desactivar la violencia buscando otro mecanismo de solución con un pago compensatorio para respetar los polígonos que cada núcleo agrario había reconocido y aceptado ante el Tribunal. Todo fue en vano, porque el dinero vino hacer causa de mayores conflictos debido al manejo turbio que hicieron tanto los funcionarios del sector agrario como los representantes de ambas comunidades. Los comuneros y comuneras nunca supieron cuánto dinero recibieron quienes firmaron el convenio. Los comisariados tampoco se presentaron ante la asamblea para rendir cuentas. Como siempre los indígenas fueron víctimas del atraco perpetrado por los operadores de este programa.

Nunca ha habido una atención integral al conflicto que enfrentan estas comunidades vecinas que hasta la fecha viven en constante zozobra. Todo el tiempo están vigilando los movimientos de sus adversarios para accionar sus armas. En los cerros cercanos a las comunidades siempre hay personas que esperan el momento para dar un golpe sorpresivo a cualquier persona que cruza la superficie en disputa. En varias ocasiones logran su objetivo, de lo que se trata es cobrar venganza, hacer realidad la ley del talión. Lo más grave es que no respetan la vida de niños y niñas, quienes por ir a la escuela son también víctimas de esta violencia fratricida.

En la línea del tiempo estos pueblos están marcado por la sangre, por la muerte, el dolor y el sentimiento de venganza. Las autoridades se han encargado de sumergirlos en este laberinto de la violencia, los han dejado para que entre ellos mismos ajusten cuentas. En abril de este año asesinaron a dos personas de Ocopexco, lo más sanguinario sucedió cuando los familiares sepultaban a sus seres queridos. En ese momento en que los enterraban escucharon varias detonaciones de armas que privaron de la vida a otras dos personas, dejando el charco de sangre donde enterraban a familiares que habían sido abatidos de la misma forma en día anterior. Hace apenas 15 días emboscaron a otra persona de la comunidad nahua Ocopexco que también murió. En estos 11 meses han asesinadas 12 personas del núcleo agrario de San Juan Bautista Coapala y unas 10 de la parte de Huitzapula. Los mismos habitantes saben que se trata de una guerra, por eso tienen que andar a salto de mata porque saben que en cualquier momento pueden emboscarlos o ser balaceados desde los cerros. Ante el abandono de las autoridades, las mismas comunidades han encontrado en la venganza la única forma de hacerle frente al conflicto. El incremento de la violencia es la forma más efectiva para sobrevivir en esta lluvia de balas. El horizonte de justicia no existe, porque desgraciadamente el futuro para las nuevas generaciones ha quedado trunco por la sangre de los caídos. De nada les ha servido los patrullajes del ejército y la instalación temporal de un grupo de policía en la zona. La población desconfía de ellos porque saben que cualquiera de las partes en conflicto les puede llegar al precio. No solo hacen negocio con los problemas que cargan las comunidades, sino que los mismos actores armados del Estado son parte de esta conflictividad que sigue derramando sangre. En esta región se han suscitado hechos graves donde elementos del ejército han privado de la vida a algunos miembros de las comunidades. Uno de los casos que ejemplifican esta realidad es el de el joven Abrahán Gerónimo Ortega de 17 años quien fue asesinado por elementos del ejército en 2010. El joven fue interceptado cuando buscaba a uno de sus animales, al ver que uno de los militares le apuntaba y otro le daba la orden de que se parara, prefirió correr y en su huida fue alcanzado por una bala que entro por la espalda. El joven permaneció tirado por varias horas. Sus familiares tuvieron que organizarse para hacerle frente al ejército con el fin de trasladar a Abrahán al hospital de Tlapa. Todo fue en vano porque ya se había desangrado. Al siguiente día el ejército emitió un comunicado donde aseguraba que al menor lo encontraron en un plantío de amapola. A pesar de la denuncia interpuesta no hubo ningún avance en las investigaciones.

Este ambiente bélico ha cubierto de luto a decenas de familias que viven en el desamparo. Saben que en cualquier momento una bala puede acabar con su vida. Para ellos y ellas el estado de derecho es una quimera, un discurso hueco de los políticos. Palabras que no tienen ningún sentido ni significado, porque solo la muerte es su verdadera compañía.

Las autoridades están lejos de esta realidad, por eso son insensibles y no sienten la obligación de buscar soluciones reales a conflictos tan arraigados. Sólo se acuerdan de los casos cuando se consuman hechos de sangre que impactan en la opinión pública. Los asesinatos cotidianos pasan desapercibidos. El estilo burocrático para atender estos asuntos se reduce a citar a las partes en conflicto en la capital del estado. Los obligan a gastar dinero que no tienen y a escuchar las peroratas de los funcionarios que se ven obligados a elaborar minutas para justificar su trabajo. El fondo del problema no les interesa, simplemente se dedican a postergar la solución a estos conflictos.  Desde el escritorio quieren imponer sus criterios y sus formas de atender los casos. No tienen paciencia para escuchar a las partes, sobre todo no se esmeran por comprender le contexto y ubicar en su justa dimensión los planteamientos de cada parte. Falta oficio para resolver los conflictos y se evade la responsabilidad de prevenir situaciones graves y alertar a las autoridades competentes para que de manera conjunta se eviten situaciones fatales.

La vida de los indígenas no tiene ya ningún valor en contextos de alta conflictividad social y donde los asesinatos que a diario acontecen en el estado son simples números rojos de la sangre derramada. Las autoridades endilgan a las partes en conflicto los hechos de violencia que protagonizan, porque supuestamente no tienen voluntad y se aferran a sus posturas.

El asesinato de Marco Sosa Parra, papá de la niña Eusebia Sara Torres y tío de Lorena Martínez de 15 años, además del asesinato del menor Alfonso de la Cruz García, forma parte de una cadena de hechos de sangre que las autoridades no han investigado y que tampoco se han preocupado por encontrar soluciones a un conflicto agrario que tiene un alto costo de vidas humanas sin que tengan consecuencias jurídicas ni penales. Desde el pasado viernes 9 las niñas Eusebia y Lorena están desaparecidas. Las autoridades no han dado con su paradero y solo se reducen a poner retenes en la entrada de San Juan Bautista Coapala y amenazan con entrar a las casas a la fuerza para buscar a las dos niñas. No existe una estrategia apropiada para contener esta violencia y utilizar las capacidades instaladas de la Fiscalía para dar con el paradero de las niñas.

Estas situaciones es suma mente dolorosas, difícilmente serán puestas en el centro de las grandes preocupaciones tanto de las autoridades estatales como de los futuros funcionarios del gobierno federal que asumirán la responsabilidad de velar por los derechos de los pueblos indígenas. Es preocupante la forma como se realizó este foro de consulta sobre la iniciativa que crea el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. El mismo formato deja mucho que decir, quienes presidieron el acto no fueron las autoridades indígenas sino funcionarios del estado que de nueva cuenta se colocan y suplantan a quienes realmente representan el sentir de los pueblos y comunidades que enfrentan el flagelo de la violencia, el trato discriminatorio y la exclusión social. Fue una consulta la revés donde los discursos de los funcionarios y las mesas de trabajo desplazaron la voz de las sabias y sabios y las asambleas comunitarias. Esperemos que este primer ensayo sirva para corregir las deficiencias de este formato y que se tenga claro que estos foros no están representado el sentir de la gente que está luchando de manera permanente por alcanzar una vida digna y construir una vida digna fundada en la autonomía y libre determinación de los pueblos. En el mismo senado de la república se está impulsando por parte del senador Ricardo Monrreal una iniciativa de Ley para el desarrollo agrario que tampoco fue puesta a consulta de los pueblos máxime que se trata de impulsar las inversiones en la propiedad ejidal y comunal y de promover contrato de usufructo sin consultar a la asamblea. Estos claro oscuros que se presentan con el nuevo gobierno obligan a los pueblos indígenas a reafirmar sus posturas contra la privatización de sus bienes naturales y contra el modelo extractivista. La experiencia acumulada de estos pueblos no puede ser tirada por la borda, del nuevo gobierno depende que los pueblos indígenas se incorporen a esta cuarta transformación siempre y cuando sean tomados en cuenta como sujetos de derecho y no como simple seres que son utilizados por los gobiernos para justificar su proyecto político por encima de las demandas de justicia y trato igualitario que en todo momento han planteado los pueblos indígenas de Guerrero. La historia que han escrito desde hace siglos estas culturas está íntimamente anclada con la defensa de su territorio y su organización autónoma, lo han hecho en todo momento a costa de su vida.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan