Palabras de Guillermo Fernández-Maldonado para la presentación del XXVIII Informe de Actividades de Tlachinollan

El presente año marca el 75 aniversario de la histórica Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por ello, para nosotros acompañar el lanzamiento de Informes como el que se presenta esta mañana es una oportunidad propicia para reafirmar nuestro empeño en contribuir con materializar en la vida de todas las personas, los contenidos del texto dignificante y libertario más relevante del mundo contemporáneo.

Tlachinollan es una de las organizaciones más importantes de derechos humanos que trabajan en el país y es referente obligado en Guerrero. La presentación sostenida que hace de sus Informes anuales es una muestra clara, no solamente de la notable labor que desarrolla, sino del compromiso por trasparentar su mirada y dar ejemplo de rendición de cuentas ante la sociedad guerrerense, a la que se debe y consagra. Pocas son las organizaciones de la sociedad civil en México que suelen presentar año con año informes de actividades. Este es sólo uno de los aspectos positivos que distingue a Tlachinollan.  Por estas razones, con todo merecimiento, soy portavoz de la sincera felicitación de todo el equipo de ONU-DH a todo el equipo “Tlachi”, como con aprecio y estima se les conoce.

El Informe es una radiografía exhaustiva y comprometida de lo que acontece en Guerrero. Gracias a su lectura, uno se adentra en las ciudades, comunidades y pueblos de las diversas regiones en las que “Tlachi” realiza su infatigable labor de acompañamiento a las víctimas de las violencias, a los pueblos indígenas, personas afromexicanas, jornaleros agrícolas, familiares de personas desaparecidas, mujeres discriminadas y demás personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad.

El Informe desnuda las heridas abiertas provocadas por la violencia, el impacto desgarrador del accionar del crimen organizado, la colusión entre criminalidad y algunas autoridades, las consecuencias negativas de una estrategia errada de militarización de la seguridad pública, la expoliación de los recursos de las comunidades, la rapacidad de algunos proyectos de inversión, entre otras fuentes de violencia que corresponde el Estado atender como principal garante de los derechos humanos.

El Informe tiene una fecunda mirada regional, que nos transporta a las distintas zonas del Estado, ciudades y poblaciones que lo conforman. Además recupera episodios que han marcado a la entidad en su historia reciente, cuidando siempre de mantener los derechos de las víctimas en el centro y procurando darles voz.

En este nuevo Informe resalta, una vez más, el caso Ayotzinapa. Dada la explicación de Vidulfo, me limitaré a destacar la resistencia de las familias, su infatigable lucha por mantener vivas las exigencias de verdad y justicia, su capacidad de movilización y de denuncia valiente y constante en distintos espacios públicos. También destacar su apuesta por mantener vivo un diálogo que permita esclarecer los hechos y sancionar a los responsables de un crimen que evidenció no sólo el menosprecio de los derechos humanos, sino un acto de barbarie ultrajante para la conciencia de la humanidad. La voz que recupera el Informe de las familias de los 43 jóvenes acredita el profundo amor que les impulsa en su digno caminar. Desde la Oficina reiteramos nuestro compromiso de seguir acompañando a las familias en su búsqueda de la verdad y la justicia.

El Informe aborda el tema de las desapariciones a través de la mirada del acompañamiento de Tlachinollan a víctimas directas. Inicia, en el capítulo de “la tragedia del nuevo milenio”, con el testimonio de Mario, quien busca a su hermano desaparecido hace más de diez años. Con contundencia afirma que ninguna persona se encuentra preparada para una desaparición. Su relato nos sitúa en la cotidianidad del tiempo de las búsquedas, con la desesperación y angustia de no encontrar nada en meses, pero con el aliento de la esperanza. Y así es como las familias de las personas desaparecidas, acompañadas por colectivos y organizaciones, han encontrado las fosas que posteriormente las autoridades intervienen. Las y los familiares buscan en medio de un ambiente de silencio temeroso en pueblos que se acostumbraron, dice, a enterrar muertos en un mudo anonimato.

Un segundo caso, relativo a la desaparición de personas, es el de Vicente Suástegui, defensor de la tierra y el Río Papagayo, desaparecido en agosto de 2021. Pese a que la denuncia fue presentada sólo horas después de los hechos, los familiares no fueron atendidos por las autoridades hasta 9 días después. Según cuentan en el Informe, se han realizado al menos 10 actividades de búsqueda, pero algunas autoridades poco a poco se han ido desentendiendo. Las que quedan, han sido por el impulso de colectivos y organizaciones que, junto a la familia, insisten en la búsqueda. La búsqueda de Vicente es, como muchas otras, una actividad de tiempo completo, en donde se exige la acción de las autoridades para localizar a las personas desaparecidas y para esclarecer la verdad.

Un caso que demuestra el nivel de violencia estructural a través de la desaparición de personas es el caso de Arnulfo Cerón Soriano. El Informe relata cómo el activismo de Arnulfo, sus denuncias de malos manejos de recursos por el ayuntamiento de Tlapa, fueron respondidos con su desaparición y asesinato, presuntamente por la delincuencia organizada, en colusión con servidores públicos. Tras varias acciones de protesta, en octubre de 2019, Arnulfo fue desaparecido. Si bien las primeras acciones para su búsqueda fueron activadas poco después, no fue sino hasta que el caso se retomó en medios que las autoridades se comprometieron a realizar las investigaciones. Tras 50 días de búsqueda, Arnulfo fue encontrado enterrado en Tres Postes, en la periferia de Tlapa, el 20 de noviembre de 2019. Varias personas del crimen organizado, incluidas algunas que trabajaban en el ayuntamiento, han sido detenidas en relación al caso. El pleno esclarecimiento del caso ayudaría a entender los vínculos entre autoridades y crimen organizado.

El Informe también recupera la primera visita del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) a un país en el mundo, en noviembre de 2021, y en particular al estado de Guerrero. El CED visitó 13 estados, representativos de distintos fenómenos de desaparición de personas. En Guerrero, se tuvo la oportunidad de conversar y presentar testimonios. El Informe señala que desde el caso de la desaparición de Rosendo Radilla en 1974, existe una línea ininterrumpida marcada por la impunidad estructural. Como una señora señaló durante la visita del CED, “de fe y esperanza vive el ser humano, pero habiendo injusticia su alma nunca descansa”. Esta frase que llama a la reflexión acerca de la impunidad, es reflejada en el Informe bajo tres aspectos: la impunidad estratégica del Estado, la dificultad de acceder a la justicia y la falta de confianza de las víctimas.

En esta sección el Informe recupera la búsqueda de Aurelia, mujer na savi de 29 años, desaparecida cuando exigía justicia por el asesinato de su pareja. Así, con tantas personas desaparecidas a cuestas, las búsquedas se hacen insuficientes y el encontrar a los seres queridos, que es lo más importante para las familias, es un objetivo indefinidamente postergado.

El Informe también nos habla de los matrimonios infantiles forzados y uniones tempranas, práctica nociva que viola los derechos humanos e impacta gravemente las vidas y afecta de manera desproporcionada a niñas y adolescentes del estado de Guerrero. Aquí se hace un recuento de factores que contribuyen a los matrimonios forzados infantiles y uniones tempranas, así como las fuertes repercusiones en el disfrute de sus derechos y libertades: les priva de su infancia, de su autonomía y les expone a violencia física, sexual, psicológica, económica, entre otras. El Informe destaca una serie de casos, entre ellos, la valentía de niñas que se opusieron a matrimonios forzados impuestos por sus familias, como Angélica y Anayeli, ambas originarias de Cochoapa el Grande, en la montaña de Guerrero. Sin embargo, sumándose a las transgresiones de sus derechos, fueron detenidas por las autoridades comunitarias. Estos casos son ilustrativos de una realidad que viven numerosas niñas y adolescentes indígenas de la región.

El Informe da cuenta de las medidas adoptadas por el Estado para enfrentar esta problemática – que tienen un enfoque punitivista- y hace eco de las opiniones de organizaciones de mujeres y feministas, que consideran que se debe partir de una visión amplia con mecanismos preventivos, orientativos y de toma conciencia (sensibilización).

Para ONU-DH, toda medida debe tener como guía el interés superior de la niñez, adecuarse al contexto regional y estar en línea con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en los tres niveles de gobierno. Los esfuerzos de autoridades estatales y municipales de Guerrero deben prestar atención particular a combatir la aceptación del matrimonio infantil y de las uniones tempranas forzadas, basándose no sólo en las normas y principios universales de derechos humanos, sino también concientizando sobre la base de los datos directos del impacto en las víctimas y en la sociedad en general.

En el capítulo La violencia que clama el cielo: los feminicidios en la Montaña, Tlachinollan presenta particularidades y dimensiones del contexto de violencia feminicida en la región de la Montaña de Guerrero. Las convergencias entre distintas causas que impiden que las mujeres accedan a su derecho de vivir libres de violencia, indicando: “contextos precarizados (…) violencia a manos del crimen organizado, añadiendo la violencia estructural (….) falta de acceso a derechos básicos como educación, salud (…)”. Asimismo, apunta que la discriminación múltiple es una constante: mujeres, indígenas, en condiciones precariedad.

Se trata de una revictimización constante. Tlachinollan identificado que las instancias operadoras de justicia muestran poca sensibilización hacia las víctimas, cuyo dolor ante la pérdida de sus seres queridas, viene acompañado de trámites burocráticos y procesos jurídicos complejos.

La Oficina pone el acento en el derecho internacional de los derechos humanos que reconoce que la violencia contra las mujeres, y en particular el feminicidio, es una grave violación grave. Es obligación del Estado actuar con debida diligencia para prevenir, investigar, juzgar y sancionar toda acción de violencia contra las mujeres. Los fallos u omisiones en esta debida diligencia comprometen la responsabilidad del Estado.

Un derecho y salbvaguarda fundamental de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas es la consulta previa, libre e informada, para llegar a acuerdos u obtener su consentimiento, en casos de actos o normas que puedan afectar sus derechos, su vida o su entorno. Por ello es preocupante que, como señala el Informe, existan al menos 4 sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre acciones de inconstitucionalidad por la falta de esta consulta en ordenamientos locales, como la Constitución del estado y leyes estatales en materia de seguridad pública, educativa y electoral.

Adicionalmente, es necesario que, para cumplir con tales sentencias, se sigan los estándares internacionales señalados para que la consulta no sea meramente un trámite administrativo, sino un verdadero mecanismo que permita que los pueblos y comunidades puedan participar en la toma de decisiones que puedan afectar sus vidas.

En el capítulo, Las tragedias que no duelen y que no se ven, las familias jornaleras excluidas por la 4T, Tlachinollan continúa con su excelente trabajo de documentación de casos de violaciones a los derechos humanos de familias jornaleras que, por factores de expulsión, incluida la violencia, la marginación y la falta de derechos económicos y sociales, y factores de atracción, viajan hacia el norte del país en busca de oportunidades laborales en la agroindustria.

De acuerdo con el Informe, en el periodo de septiembre de 2021 al 2022, la población jornalera agrícola migrante fue de 14 mil 539 personas. El 52% fueron mujeres; el 94% personas indígenas. El rango de edad con mayor porcentaje de migración fue de entre los 16 y los 20 años. Este es el perfil de las personas jornaleras, en su mayoría personas jóvenes e indígenas, cuyos derechos deben ser garantizados por el Estado y respetados por las empresas. El Informe de Tlachinollan nos recuerda que existe una agenda pendiente y retoma las múltiples violaciones a los derechos humanos que viven las y los jornaleros agrícolas, incluyendo la discriminación racial y la explotación laboral y, en algunos casos, el trabajo forzoso y la trata de personas. Estas violaciones se dan en las comunidades de origen, durante el trayecto y en el lugar de destino.

Los Principios Rectores de la ONU en materia de empresas y derechos humanos ofrece herramientas y establece obligaciones para que, tanto gobiernos como empresas, actúen para mejorar las condiciones laborales y el cumplimiento de los derechos humanos de las personas jornaleras. Estos Principios incluyen la responsabilidad del Estado de promover y garantizar el respeto de los derechos humanos en las actividades empresariales. Establecen que todas las empresas deben respetar los derechos humanos a través de procesos de debida diligencia en toda su cadena. La tendencia mundial es aumentar la exigencia de debida diligencia en materia de los derechos humanos al sector empresarial, con énfasis en las cadenas agroindustriales. Varios países ya han emitido leyes de debida diligencia y otras que se enfocan en la erradicación de la trata de personas con fines de explotación laboral y las formas modernas de esclavitud.

Recordemos que, muchas veces las personas jornaleras se encuentran en lugares alejados, con pocas opciones de comunicación y lejos de sus comunidades de origen. Por ello, los mecanismos de debida diligencia, tanto del Estado como de las empresas, son esenciales. Felicito a Tlachinollan que ha sido pionera en trabajar, desde una perspectiva de derechos humanos e interseccionalidad, en la defensa de los derechos humanos de las personas jornaleras agrícolas.

Finalizo mi intervención con una bella frase que da cuenta del trabajo de Tlachinollan, quien luego de referir a quienes agradecen y dedican su Informe, enfatiza que “su lucha tenaz nos inspira y oxigena nuestro corazón. Su ejemplo nos anima y fortalece. Su testimonio y su amor inagotable nos reconforta y revitaliza para no desfallecer en esta Montaña de agravios”.

Desde la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ratificamos nuestro público reconocimiento de la importancia del trabajo de Tlachinollan, resaltamos su compromiso y entrega generosa por la causa de los derechos humanos y hacemos un respetuoso llamado a todas las autoridades federales, estatales y municipales para abrir espacios de diálogo y suma de esfuerzos con actores sociales que anhelan ver florecer en Guerrero las más altas aspiraciones de la humanidad, reflejadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

¡Muchas gracias!