Crimen y poder en la Montaña de Guerrero

Las denuncias públicas de Jesús Plácido Galindo contra el grupo delincuencial Los Ardillos, causaron mella en el gobierno del estado por evidenciar su omisión, complicidad y colusión. Del 6 al 11 de mayo, el grupo que controla la región de la Montaña Baja de Guerrero, emprendió un ataque descomunal contra comunidades nahuas del municipio de Chilapa, adscritas a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF).

Fueron días trágicos por las balaceras y las incursiones armadas que destruyeron viviendas, arremetieron contra los habitantes de Tula y Xicotlán, privaron de la vida a seis personas y obligaron a que más de 800 pobladores huyeran de sus comunidades. Las madres de familia dejaron todo y con dificultades cargaron con sus hijos. Los cerros fueron su refugio y su sustento.

Las llamadas de auxilio de las madres de familia, de las niñas y las autoridades comunitarias llegaron a Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que atendiera a las comunidades agredidas. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informaba que el conflicto se reducía a una confrontación armada entre Los Ardillos y Los Tlacos. Un hecho grave que se ha normalizado en Guerrero. Trivializó el contexto de violencia que se ha focalizado contra las comunidades indígenas que se mantienen al margen de estos grupos y que se rigen por sus sistemas normativos.

Es preocupante que el secretario criminalice a las poblaciones que resisten y se organizan para impedir la entrada de la delincuencia a sus territorios. Estos grupos han ampliado su presencia en la entidad al grado que comandan varias regiones y municipios. La estrategia de seguridad del estado ha quedado desdibujada por su inoperatividad y complicidad. Los planes de seguridad no responden a las demandas más urgentes de la población. La mesa de coordinación para la construcción de la paz se reduce a reuniones cerradas que no trascienden en favor de la población. El auxilio que prestan los cuerpos de seguridad siempre es tardío, evidenciando su ineficacia.

La amenaza mayor se gesta dentro de los gobiernos municipales, que han dejado en manos de la delincuencia las principales direcciones y departamentos que funcionan como negocios privados. Este cogobierno ha impuesto un estilo gansteril para causar terror entre la población. Los problemas y demandas sociales ya no se resuelven con las autoridades, sino con los representantes del crimen. Los policías actúan como halcones y torturadores.

Jesús Plácido se atrevió a denunciar este entramado delincuencial que se oculta bajo los tapetes de Casa Guerrero. Ha descrito los enroques que se dan entre políticos y jefes de la delincuencia. En todo momento ha denunciado los asesinatos que en dos décadas suman 84 y 25 desapariciones. Su cercanía con las poblaciones asediadas le ha dado una visión amplia sobre cómo ha penetrado el crimen en los gobiernos municipales y en las comunidades indígenas. El control lo ejercen utilizando la misma estructura de los ayuntamientos y utilizando los liderazgos tradicionales para mantener clientelas cautivas. Han conformado una base social que les permite ejercer presión a las autoridades estatales y federales.

Ante la impotencia de no poder revertir esta espiral de violencia, las madres y padres de familia de Ayahualtempa se organizaron para que sus hijos marcharan y se enfundaran el uniforme de la policía comunitaria como protesta ante la indolencia de las autoridades. Jesús convocó a los medios para que difundieran el desfile de los niños y tomaran testimonios de las madres que tienen a sus hijos desparecidos.

Su valor para señalar a los presidentes municipales coludidos con el crimen organizado causó una reacción virulenta por parte de las autoridades del estado. En lugar de investigar las denuncias y apoyar a las comunidades agredidas, se volcaron contra Jesús. La fiscalía del estado le fabricó el delito de homicidio calificado y el subsecretario de asuntos políticos, Francisco Cisneros, se encargó de tenderle una trampa. Junto con la dirección de comunicación social del estado armaron una campaña contra el defensor comunitario. Le endilgaron los delitos de delincuencia organizada, secuestro y de ser parte de Los Tlacos. Lo confinaron al penal de Almoloya y fue trasladado en helicóptero por elementos de la fuerza aérea para silenciarlo e incomunicarlo de su familia y sus abogados.

El castigo que le impuso el estado a Jesús lo festinó el grupo de Los Ardillos al facilitarle la entrada a las comunidades en resistencia. Las órdenes de aprehensión contra varios compañeros de Jesús tienen dedicatoria, se trata de replegarlos y desarticular su movimiento autónomo. Las asambleas dejarán de ser el motor de la vida comunitaria, las autoridades y comisarios funcionarán como súbditos de la gente armada y la población tendrá que someterse al yugo de sus verdugos.

Las comunidades indígenas de la Montaña tienen que pactar con la delincuencia y enrolar a sus hijos a las filas del sicariato. Los grupos armados han tomado el control de las entradas y salidas de la gente; aplica revisiones minuciosas de los vehículos, interroga y pide la identificación de los pasajeros. Revisa celulares, verifica sus contactos y los datos que conservan. El control es total, los policías municipales con sus pasamontañas amedrentan a la población apuntando con armas de grueso calibre. Los jefes de la plaza, además de monopolizar los giros comerciales y agenciarse las obras públicas, crean su propio ejército con gente de la misma comunidad para desactivar cualquier tipo de resistencia o rebelión.

El poder de la delincuencia ha sobrepasado a los presidentes municipales. En el proceso electoral pasado demostraron su capacidad para inclinar la balanza a favor de sus candidatos. Este tinglado delincuencial colocó ante la opinión pública a Jesús Plácido Galindo. Su osadía la ha tenido que pagar muy cara por desafiar al crimen y al poder político de Guerrero.

Publicado originalmente en el periodico La Jornada