Cifras alegres de un Estado maltrecho

Todo nuestro aprecio y reconocimiento

 a Ernestina Aguilera, José Camilo Valenzuela y Jesús Guerrero,

por su compromiso con la lucha social

y el ejercicio de un periodismo independiente,

solidario con los de abajo

 

Las brechas de la desigualdad y la violencia contra las mujeres, los matrimonios forzados de niñas, los limitados servicios de la salud pública, la carencia de maestros en las comunidades apartadas, el incremento de casos de personas desaparecidas, la violencia delincuencial en varias regiones del estado fueron realidades que no aparecieron en el quinto informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. El discurso vacuo tuvo el aplauso fácil de la clase política morenista, que se ha distinguido también por sus excentricidades y corruptelas.

En el recinto solo los trajeados ocuparon los primeros asientos, los que aparecen en la nómina de los privilegiados. Ninguna autoridad de las comunidades indígenas formó parte de esta casta perfumada. Llegaron solo para reverenciar a los elegidos de la 4T con la danza de los tlacololeros, los Manueles, los diablos de Teloloapan. Como siempre son utilizados para amenizar los eventos políticos. No son tratados como sujetos de derechos público, como dicta el artículo 2 de la constitución.

Como a la usanza priista los funcionarios de la 4T repitieron el ritual del besamanos, se preocuparon más por sacarse una foto con la gobernadora para dejar constancia de su lealtad.  Se trató de un informe con cifras alegres que contrasta con la criminalidad que nos avasalla.

Habló de las cuatro transformaciones en el país, recitando el discurso del gobierno federal. No cayó en la cuenta que los pueblos indígenas fueron los más olvidados en el movimiento independentista, que en la guerra de reforma brilló más la visión racista de los liberales y en la gesta revolucionaria, a pesar de la gran contribución de los campesinos e indígenas como fuerza imbatible, fueron invisibilizados hasta la década de los 90 cuanto irrumpieron en la escena nacional los indígenas zapatistas.

Hizo un balance “del primer gobierno de la transformación en Guerrero y del primer gobierno encabezado por una mujer. Una administración que ha trabajado para ampliar derechos, para reducir desigualdades y llegar a quienes durante mucho tiempo permanecieron al margen de las decisiones públicas. Desde el primer día asumimos que la igualdad de las mujeres tenía que estar presente en todas las decisiones de nuestro gobierno.

La realidad lacera a las mujeres indígenas que padecen cotidianamente la violencia. Los multicitados centros libres no funcionan y los refugios tampoco porque no les asignan recursos suficientes. Los matrimonios forzados de niñas son recurrentes en los municipios más pobres. Para los funcionarios municipales y los ministerios públicos estos casos generan ganancias. Hace unas semanas a una joven Na savi de Metlatónoc le integraron una carpeta de investigación por alteración de su estado civil ante la fiscalía del Estado. Lo real es que su ex pareja, que constantemente la golpeaba, exigía con el apoyo de sus padres, el reintegro de los 170 mil pesos que dieron como pago de la dote. Lo deleznable es que funcionarios de Metlatónoc y el fiscal de Tlapa asumieron el papel de abogados del agresor, a cambio de dinero. Guerrero no es el santuario sino el infierno para las niñas indígenas.

Con orgullo la gobernadora afirmó que “Guerrero fue el primer estado en implementar un programa como la alerta Violeta, una política única en su tipo a nivel nacional, con la que mantenemos una efectividad superior al 92% en la localización de niñas adolescentes y mujeres reportadas como no localizadas”, sin embargo, las búsquedas son engorrosas y no dan resultados inmediatos. Lo que más lastima a las familias es que la identificación de cuerpos va a paso de tortuga, lo inadmisible es que la fiscalía extravié los restos óseos que las buscadoras encuentran en los cerros y barrancas.

Para la gobernadora los servicios de salud son óptimos: “El nuevo Hospital General de Tlapa ofrece atención gratuita y servicios ampliados a más de 400 mil habitantes de la Montaña. Además, gestionamos un nuevo hospital en Atlixtac y que este año va a iniciar su construcción”. No tomó en cuenta las denuncias de los familiares de pacientes que llegan de comunidades alejadas y que tienen que realizar gastos que están fuera de su alcance al tener que comprar los medicamentos y pagar los estudios de laboratorio en establecimientos privados.

“La educación ha sido una de las mayores prioridades de este gobierno, porque es el derecho que abre todos los demás caminos”. No profundizó sobre la educación de las niñas y niños indígenas que no cuentan con escuelas ni maestros. Los padres de familia han tenido que presentar amparos para que les asignen maestros y maestras. La gobernadora ha impedido que la niñez tenga una educación digna al interponer recursos jurídicos para deslidarse de su responsabilidad. En la secundaria “Roberto Mejía Guzmán” de Petlacala, donde los padres de familias y los estudiantes ganaron un amparo para que les contruyan su escuela, va más de un año sin que los trabajos inicien. En este ciclo escolar los estudiantes reciben clases bajo una enramada y un árbol.

La gobernadora también informó sobre la distribución de alimentos a 223 mil niñas y niños de preescolar y de primaria. En cuanto a las familias indígenas migrantes aseguró que su gobierno orientó a más de 10 mil jornaleras y jornaleros sobre sus derechos laborales y humanos, y que se habilitó “un espacio temporal digno para la población jornalera migrante”. Lo contrastante es que a la casa del jornalero de Tlapa  no le han asignado ningún presupuesto para su rehabilitación, con dificultades la Secretaría de Asuntos Indígenas compra el gas y brida algunos insumos para el comedor comunitario, que se sostiene con aporte de personas voluntarias.

Resaltó la rehabilitación, construcción o reconstrucción de carreteras y puentes en las ocho regiones del estado, así como la construcción de caminos artesanales. Continuó hablando de la inversión que hubo para la infraestructura en Acapulco como los pozos radiales que extraerán el agua del río Papagayo, lo paradójico es que las comunidades rurales del CECOP no tienen agua en sus casas y su hábitat es una zona de desastre. Es el Acapulco que no brilla en el informe.

Evelyn mencionó que trabajó mucho para atender los problemas de inseguridad y violencia que azotan al estado. Habló de la prevención social en los 85 municipios, de 580 mil personas que participaron en asambleas comunitarias; de la conformación de 104 redes de mujeres como constructoras de paz y 9 mil 420 acciones para tener escuelas seguras. Mencionó 40 ediciones del tianguis del bienestar y 51 ferias de paz en las ocho regiones, priorizando la Montaña baja y alta, donde se implementa el Plan maestro en Chilapa, Atlixtac, Olinalá y Zapotitlán Tablas.

Hubo más de 15 mil denuncias telefónicas y dijo que Guerrero es uno de los estados con el mayor número de detenciones por delitos relacionados con la extorsión y por las que se suspendieron mil 923 líneas telefónicas utilizadas con este fin. Señaló la ampliación de la red de radiocomunicación y 2 mil 226 cámaras activas en Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo. También hubo inversión de más de 467 millones de pesos en los cuerpos policiales para aumentar la seguridad. Durante las mesas de construcción de paz diarias, aseveró que “Guerrero alcanzó el menor promedio diario de homicidios dolosos en más de una década con una disminución cercana al 30 por ciento desde 2021 y del 61% frente al pico máximo que se tuvo en el 2017”.

El gobierno estatal percibe otra realidad, repitiendo mensajes y maquillando cifras sobre la violencia en Guerrero. La realidad es que los asesinatos, los desplazamientos forzados y las desapariciones no paran. No hay lugares seguros, porque la presencia de los grupos de la delincuencia está en todos los municipios. El plan maestro no ha tocado esta red delincuencial. Hace unas semanas fue asesinado en Zapotitlán Tablas el maestro Federico quien demandó la presencia de la guardia nacional y del ejército en la comunidad de Huitzapula. Las consecuencias fueron fatales porque lo asesinaron y además la violencia se incrementó.

Casi al final de su informe la gobernadora habló de transparencia y que Guerrero se ubica en tercer lugar a nivel nacional con el menor monto observado por la auditoría. “Aplicamos una estricta racionalida del gasto bajo la premisa de auteridad republicana y el principio máximo por el bien de todos primero los pobres”. Sin embargo, tenemos ejemplos paradigmáticos de la opacidad y la corrupción que se cocina en el congreso del estado.  El diputado Aristóteles Tito, presidente del Comité de Administración del Congreso, solicitó una auditoría al Poder Legislativo por el probable fraude de falsificación de cheques y firmas de diputados que ascienden a más de 20 millones de pesos. A 21 diputados se les falsificó la firma. Sucedió durante el cambio de presidente de la Jucopo. Son investigados los ex funcionarios de Servicios Administrativos Héctor Avilez Cruz, suplente del diputado Jesús Urióstegui; Brian Luna Aguirre; José Ángel Rómulo Hernández; Erick Chávez Medina; Alex Cepeco Justo; Jorge Antonio Solís Ocaña y Samir Robles Ocaña, despedidos por el actual presidente de la Jucopo.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por el cobro ilegal de cheques por medio de firmas falsas. Solicitó a la Secretaría de Servicios Financieros y Administrativos del Congreso información detallada sobre los cheques expedidos a nombre de Guadalupe García Villalba, legisladora por Morena y de 8 empleados involucrados, por los delitos de abuso de confianza, administración fraudulenta, falsificación o alteración y uso indebido de documentos, fraude y peculado. Las irregularidades surgieron desde el área financiera durante la gestión de Urióstegui García, período en que está pendiente la comprobación de más de 15 millones de pesos correspondientes al primer semestre del año.

Joaquín Badillo Escamilla, presidente de la Jucopo, informó que entregó documentación de ocho trabajadores para ser investigados por fraude. La diputada Guadalupe García Villalba denunció la falsificación de su firma en los cheques. Este destape de las triquinueñas en las altas esferas del poder en Guerrero es solo una muestra de un estado maltrecho, cuya clase política forma parte de la delincuencia de cuello blanco.