Informe presidencial y realidades que increpan

En el día internacional de las mujeres indígenas

 su grave situación de violencia

y sus perpectivas de igualdad, 

increpan a la clase política de Guerrero

por su trato discriminatorio y excluyente.

 

En su segundo informe la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló de una economía robusta, de exitosos programas sociales. Criticó a los gobiernos neoliberales que “después de 36 años de empobrecimiento y aumento de las desigualdades, desde el 2019, las y los trabajadores viven en una primavera laboral”. Comentó que hay avances notorios en salud con 33 nuevos hospitales, 11 Unidades de Medicina Familiar y 36 centros de salud, así como servicios de quirófano, camas y el programa casa por casa.

La presidenta resaltó que en este año llegará a 1001 centros libres para mujeres y se presentará la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el delito de Feminicidio. Citó el artículo 2 constitucional donde se reconocen los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público. Abordó los temas de soberanía energética, los ejes carreteros, producción de fertilizante y su distribución gratuita, la producción en el campo y los derechos laborales de los jornaleros.

Al final comentó los resultados de la estrategia de seguridad: “el 51 por ciento se han disminuido los homicidios dolosos, lo que equivale a 44 homicidios menos cada día. El mes de julio registró el promedio más bajo desde hace 11 años. En lo que va de 2026, el promedio diario de delitos de alto impacto bajó 54 por ciento respecto a 2018”.

Además, señaló que hubo menos robos con violencia a transportistas, robos de vehículos y lesiones dolosas con arma de fuego. “De octubre de 2024 a julio de 2026, ha habido 63 mil personas detenidas relacionadas con algún delito y 207 de ellos son objetivos prioritarios de la delincuencia organizada; se decomisaron 32 mil 824 armas de fuego y 519 toneladas de droga. Fueron desarticulados y desmantelados 2 mil 725 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas”.

Aseguró que se llevaron a cabo 665 Ferias de Paz y se brindaron más de un millón de atenciones como servicios de salud, educación, empleo, trámites y servicios gubernamentales. Esta atención especial se centró en “10 municipios de Michoacán; Cuautla, Morelos; Culiacán, Sinaloa; La Montaña de Guerrero y 40 municipios prioritarios, a los que llevamos el Programa Jóvenes Unen al Barrio, Jóvenes Construyendo el Futuro, Preparatorias “Margarita Maza”, la construcción de Centros Deportivos “México Imparable”, Boxeando por la Paz, conciertos y actividades deportivas”.

En Guerrero se vive una realidad que nos avasalla, donde el terror se apodera de las calles y los hechos de sangre se han normalizado. Las estadísticas de la disminución de la violencia contrastan con los asesinatos y personas desaparecidas que siguen en aumento. Los grupos de la delincuencia organizada se han erigido en amos y señores de varias regiones del estado. Las autoridades se han concentrado en apaciguar los enfrentamientos con la implementación del programa maestro. Lo grave es que no hay investigaciones a fondo sobre la urdimbre delincuencial con funcionarios municipales.

El jueves 3 de septiembre, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Ejército y la Guardia Nacional en coordinación con la Policía Estatal y la Fiscalía de Guerrero realizaron un operativo conjunto en Tlapa, Atlixtac y Chilapa, donde catearon las comandancias municipales. En Tlapa ejecutaron una orden de aprehensión contra el director de Movilidad y Transporte del municipio de Tlapa, Simitrio Álvarez Benito, por el delito de extorsión agravada y 21 agentes de tránsito y policías municipales fueron detenidos. En Chilapa el número de detenidos fue de 43 elementos policiacos y en Atlixtac detuvieron a 7 policías.

Después de que los 71 agentes fueron presentados ante el Ministerio Público, 66 de ellos comprobaron sus identidades como policías y salieron libres, sin embargo, 3 fueron puestos a disposición de un Juez de Control por los delitos de privación de la libertad y abuso de autoridad. Una persona fue acusada de usurpación de funciones, uso indebido de uniformes y portación de arma.

En Tlapa el malestar de los ciudadanos cobraba visibilidad en las redes sociales por el uso excesivo de la fuerza de los policías encapuchados; por los tratos crueles que recibían los detenidos; las detenciones ilegales y las multas excesivas. Por parte de los agentes de tránsito llovían reclamos por sus arbitrariedades: como el uso recurrente de la grúa para el arrastre de los vehículos a las instalaciones del deportivo, habilitado como corralón. Por la imposición de multas exorbitantes contrarias al reglamento, por el cobro de piso por la permanencia del vehículo y la negativa a dar recibos oficiales con efectos fiscales por el pago de las multas.

Los abusos de los policías y los tránsitos eran constantes pero la población no interponía denuncias por temor a represalias, por eso no hay estadísticas oficiales sobre las malas actuaciones de las autoridades municipales. Un caso documentado fue el de un maestro y comerciante: El 1 junio de 2025 el agraviado atendió un pedido de comida para entregar a domicilio. A la altura del puente de la colonia San Diego dos elementos de tránsito le marcaron el alto a las 10:30 de la noche. Le reclamaron porque había entrado al libramiento cuando no se podía pasar, el joven les respondió que no había señalamientos. Los agentes se molestaron y le dijeron que lo iban a revisar. El maestro se negó y en 10 minutos llegaron 2 patrullas con 8 policías municipales cubiertos del rostro. “Te vamos a madrear para que aprendas, te sentías muy cabrón grabando, tienes que aprender a obedecer” le decían después de haberlo golpeado.

En otros municipios de Guerrero los policías han sido acusados de abuso de autoridad, corrupción e incluso asesinatos. El 18 de agosto la Unidad Antiextorsión de la FGE, junto con el ejército, la guardia nacional y la policía ministerial, detuvieron a 8 policías municipales y al encargado del banco de armas de la dirección de Seguridad Pública de la Unión, como parte de una revisión de armas y un examen de control y confianza. En este operativo encontraron en los separos de la policía a una persona que tenía dos días encarcelado, sin que lo pusieran a disposición de alguna autoridad.

El 31 de julio pasado también fue detenido en Coyuca de Benítez el secretario de Seguridad Pública, Mario Arturo Castillos Ramos, y dos policías municipales porque no acreditaron que una de las armas que llevaban estuviera registrada dentro del banco de armas. Según los reportes, una llamada de emergencia dio aviso de 2 camionetas sospechosas en las que iban a bordo hombres armados y alcoholizados. Agentes estatales y federales acudieron a revisar los vehículos y encontraron al secretario, el director y dos policías municipales, de quienes revisaron sus documentos y se percataron de que un arma no tenía registro.

Los detenidos fueron puestos a disposición del ministerio público federal de la subdelegación de la FGR, y luego de 40 horas fueron liberados tras acreditar el registro del arma en el banco de armas de la Secretaría de Seguridad Pública. En un comunicado del gobierno municipal de Coyuca de Benítez se informó que los “servidores públicos se encuentran en libertad y mantienen plenamente sus facultades en el ejercicio de sus funciones”.

Estos hechos en los que agentes de seguridad pública y vial son detenidos y posteriormente liberados aparentan ser simples fallas administrativas que se resuelven acreditando su identidad o comprobando el registro de sus armas. Lamentablemente no son investigaciones que vayan al fondo: a verificar si están certificados, a revisar sus sistemas de control y rendición de cuentas. Deben de inspeccionar los lugares donde realizan las detenciones, constatar si cuentan con un juez calificador encargado de revisar las faltas cometidas contra el bando de policía o los reglamentos. El debe de recibir a los detenidos e imponerles el pago de una multa por las infracciones.  Tiene que haber también un médico que certifique a los detenidos infractores, se debe revisar si existe una bitácora que lleve los registros de los detenidos. Si estas fallas persisten quiere decir que se toleran que se violen los derechos humanos de los detenidos y que se cometan delitos por abuso de autoridad, incomunicación, maltrato, amenazas entre otros.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México las y los ciudadanos han experimentado actos de corrupción por parte de autoridades de seguridad pública durante el primer semestre del 2026. De abril a junio de este año la población sigue considerando inseguras sus ciudades. En el caso de Guerrero, Ixtapa-Zihuatanejo y Chilpancingo bajaron dos puntos porcentuales en los niveles de percepción de inseguridad; mientras que Acapulco se mantuvo igual en comparación en la ENSU del primer trimestre de 2026.

Lo inaudito es que este 5 de septiembre en el diario El Sur se publicó que agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, policía estatal y la FGE detuvieron a 16 presuntos integrantes de un grupo criminal, entre los que se ubica a un operador financiero, en las comunidades de Xaltianguis, Pablo Galeana y Río Verde del municipio de Acapulco.

En un comunicado la Sedena indicó que el operativo se realizó tras el homicidio de tres personas y un agente de la guardia nacional. Antes de ser localizado sin vida, la tarde del sábado, el integrante de la guardia nacional apareció privado de la libertad en un video en el que hizo señalamientos de funcionarios de la institución castrense y la Fiscalía coludidos con un grupo de la delincuencia organizada. La mañana de este domingo sus restos fueron localizados sobre la carretera federal México-Acapulco a la altura de la comunidad de Plan de Lima, municipio de Juan R. Escudero.

Estos hechos provocaron el despliegue de 284 efectivos, 2 aeronaves y 36 vehículos, según informó la Defensa, y aseguró que en los próximos días estarán arribando más elementos hasta dar con los responsables del asesinato del agente de la guardia nacional. La realidad nos avasalla porque sigue imparable la violencia. Por más estrategias anunciadas y mesas de seguridad instaladas los guerrerenses estamos inermes, mientras tanto la clase política de morena dilapida los recursos y está absorta por su próxima coordinadora de la 4T.