Agresión letal e impunidad total

El 18 de abril de 2025 Marco Antonio Suástegui Muñoz, defensor del medio ambiente fue agredido a balazos cuando se dirigía a su camioneta, estacionada a unos metros de la playa Icacos. Era viernes santo, y a pesar de que las playas de Acapulco estaban atestadas de turistas, Marco Antonio decidió retirarse ante las amenazas de muerte que había recibido. Los delincuentes seguían sus pasos, conocían sus movimientos y estaban al acecho para que no se les escapara. A pesar de los 4 mil efectivos de la Guardia Nacional que habían sido desplegados en la zona turística, los autores del artero crimen actuaron sin temor a ser detenidos.

Cuatro semanas antes Marco Antonio había relatado a una investigadora del Mecanismo federal de Protección a Defensores y Periodistas los incidentes que había enfrentado. En la sesión que tuvo el defensor con los miembros de la Junta de Gobierno del Mecanismo planteó la necesidad de que le brindaran protección policiaca por los inminentes riesgos que corría. Los funcionarios no dimensionaron los hechos que Marco Antonio relató, al contrario, consideraron que exageraba en su narrativa. Les incomodaba su lenguaje directo y su estilo bravucón. Interpretaron que solo quería andar con policías en el puerto para lucirse y demostrar que el gobierno lo protegía. Trivializaron su testimonio e ignoraron su planteamiento.

Las comunidades afros que conforman el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (CECOP) sabían del gran peligro que corría Marco Antonio. En las asambleas dominicales les compartía la situación que estaba viviendo, aún así nunca dejó de asistir a las reuniones de Cacahuatepec. Siempre estuvo en primera fila defendiendo la tierra y el río Papagayo. En lugar de que los gobernantes reconocieran su trabajo y le proporcionaran seguridad, lo denostaron, lo persiguieron y en tres ocasiones lo encarcelaron por oponerse a la construcción de la presa La Parota.

La lucha del CECOP siempre estuvo centrada en la defensa de los bienes comunales de Cacahuatepec, se acuerparon para impedir que la CFE construyera la cortina. El no a la Parota fue rotundo cuando supieron que desplazarían a más de 25 mil habitantes de una docena de comunidades. Resistieron por varios años y ganaron 6 juicios agrarios.  Sin embargo, los empresarios y políticos vieron una oportunidad de oro la entrada de las organizaciones criminales a las comunidades rurales. Ellas se encargaron de fragmentar a las comunidades y someterlos con amenazas, extorsiones y asesinatos. Lograron cooptar a personas de la zona para que poco a poco las comunidades abandonaran la lucha. El terror los inmovilizó. Los crímenes horrendos que acontecían en la ruta de la Costa Chica fue mermando el ánimo dominando un sentimiento fatalista.

Poco a poco Marco Antonio empezó a percatarse de que las amenazas se incrementaban porque también en las asambleas dominicales llegaban personas para advertirle que dejara de denunciar al gobierno. Antes y después de la desaparición de su hermano Vicente continuaron las amenazas. Marco Antonio estaba desconcertado porque en el mismo núcleo de Cacahuatepec había personas acechándolo, ya no se sentía seguro ni en su comunidad. Valoraba que los riesgos aumentaban en los recorridos que hacía a las comunidades y en sus traslados al puerto de Acapulco.

El líder del Cecop que rentaba motos acuáticas enfrentó también el problema de las cuotas. En varias ocasiones llegó a manifestar que no podía continuar con esta loza pesada de la extorsión, porque era trabajar solo para la delincuencia. Con el liderazgo y la autoridad moral que tenía Marco habló con los trabajadores de las playas para que se organizaran porque solo como grupo podían contener la avalancha delincuencial. Era una batalla perdida porque la gente vivía atemorizada, prefería pagar la cuota que armarse de valor para hacer frente a la delincuencia. Marco Antonio percibió que la gente tenía miedo porque sabía que los hilos de la telaraña delincuencial estaban en todos los negocios de las playas.

Al ver que era enfrentarse a un monstro, Marco solicitó al Mecanismo medidas de protección más duras como la protección policiaca. Planteó en varias ocasiones la presencia de elementos de la Guardia Nacional como una medida extrema para continuar con su trabajo como defensor del medio ambiente.

Con los desastres naturales causados por los huracanes Otis y John Marco Antonio visitó las comunidades afectadas para realizar censos de los daños y al mismo tiempo buscó apoyo con Fundaciones y organizaciones solidarias para impulsar la reconstrucción de viviendas, el saneamiento del agua y la recuperación de parcelas y huertas. Los peligros se incrementaron ante la ausencia de las autoridades.

Desde diciembre de 2024 Marco Antonio constató que andaban tras de él. Ubicaba a gente en la playa donde trabajaba y también se daba cuenta que en las asambleas llegaban personas extrañas. Se preocupó más cuando alguien se acercó para amenazarlo. Tenía la intención de compartirnos estos incidentes y planeamos que fuera el domingo de ramos, sin embargo, el encuentro no se concretó, porque iniciaba la temporada alta en las playas de Acapulco. Lamentablemente no fue posible vernos porque el viernes santo por la tarde Marco Antonio había sufrido una agresión letal.

Los defensores del medio ambiente como Marco Antonio Suástegui están siempre en la línea de fuego porque realizan su trabajo en lugares donde hay disputas férreas por el control territorial. Son enclaves donde se tejen alianzas con empresarios que cuentan con el respaldo de autoridades que legalizan el despojo de tierras y la extracción sin control de los recursos pétreos. Se urden jugosos negocios con giros de la economía criminal sumiendo en la miseria a los verdaderos dueños del río papagayo.

Las comunidades del CECOP han seguido el ejemplo de Marco Antonio para defender el agua del río Papagayo. Su lucha contra La Parota fue estratégica para garantizar que el río siga corriendo, bañando las tierras de los agricultores y asegurando la alimentación de las familias pobres. El Cecop fue un ejemplo de resistencia pero también de sabiduría, ellos conciben al agua como un bien sagrado y no como una mercancía. Lo sabios y sabias de las comunidades rurales saben que existen los dueños en los manantiales, por ello se debe de pedir permiso para roturar la tierra, para extraer el agua y hasta para pedir la lluvia. Cuando no se hace es cuando llegan los huracanes que arrasan con todo. Es la furia de la naturaleza   que pone en riesgo nuestra sobrevivencia.

En Guerrero la clase política se ha extraviado por su ambición de poder. Todo lo ve como negocio, busca en todo momento sacar la mejor tajada de cualquier proyecto. No le interesa cuidar la naturaleza, mucho menos respetar los bienes comunes que han sabido cuidar los pueblos. Para ellos el agua representa un signo de pesos, sobre todo en lugares turísticos. Se aprovechan de las comunidades rurales que han sabido cuidar el agua para impulsar proyectos extractivistas que surtan de agua a los hoteles del gran turismo. La prioridad son los emporios hoteleros porque son negocios redituables. No les interesa garantizar el acceso al agua a las colonias pobres porque ahí hay pérdidas, tampoco le dan prioridad a las comunidades rurales para generar infraestructura hídrica que mejore su calidad de vida.

A pesar de que el río está en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, las familias carecen de llaves de agua porque representan pérdidas. En los últimos meses el gobierno municipal ha querido construir los pozos radiales en Aguacaliente, sin consultar a las comunidades que habitan en el afluente del río Papagayo. Argumentan que son compromisos asumidos por la presidenta de la república y por eso mismo se tienen que construir los pozos radiales, por encima de lo que opinen los dueños de estas tierras. La gente del Cecop ha tenido que parar los trabajos para hacer visible su protesta y exigir que las autoridades escuchen sus demandas.

La figura de Marco Antonio se robustece con esta lucha que continúan las comuneras y comuneros de Cacahuatepec. Tienen claro que deben defender la tierra con el acero en la mano, y que no pueden tirar por la borda su legado. Marco Antonio es un defensor del medioambiente que las autoridades de los tres niveles de gobierno lo criminalizaron y encarcelaron, siempre lo catalogaron como un actor incómodo e indómito. Nunca se sometió a los partidos políticos, por el contrario, fue firme en sus convicciones, solidario con los campesinos pobres, siempre dispuesto a dar la batalla contra quienes saquean sus territorios y los engañan con promesas falsas. Marco Antonio nunca se vendió, mucho menos bajó la guardia. Siempre encaró al poderoso, denunció sus tropelías y denunció a los empresarios que han sobre explotado el río y saqueado sus riquezas.

Marco evidenció al gobierno morenista que arrastra los mismos vicios de la corrupción, que se colude con grupos de la delincuencia, que encubre a los que violan los derechos humanos, que hace negocios privados con el dinero público, que utiliza el poder para amafiarse con los empresarios y jefes del crimen organizado. Nunca se calló y por eso lo desecharon como aliado incondicional. Nunca buscó la comodidad ni el lucro. Fue coherente con su modo de vivir y de pensar. Vivió como cualquier campesino que sabe trabaja la tierra y que vive modestamente con lo que produce en el campo.

A un año de su asesinato vemos lejos la justicia para Marco Antonio. No hay una persona detenida, tampoco se ha tomado en cuenta como una línea de investigación el trabajo de Marco Antonio como defensor del medio ambiente. Exigimos al gobierno estatal y a la Fiscalía del estado que acelere las investigaciones porque hay datos fehacientes sobre los autores materiales. La Fiscalía está obligada a rendir información a la familia de qué avances hay en la investigación, de cómo fue el modus operandi del crimen. No puede escudarse en argumentos como la alteración de la escena del crimen; que no funcionaron las cámaras de vigilancia y que no hubo declaraciones por parte de testigos o de familiares. La obligación de las autoridades es ejercer acción penal contra los responsables materiales e intelectuales. Actuar con debida diligencia para garantizar justicia a las familias y agrietar el muro de la impunidad que encubre a delincuentes que tienen pacto con las autoridades.