Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan
Este miércoles 7 de diciembre se cumplirán 5 años de la desaparición de los defensores del medio ambiente: Eva Alarcón y Marcial Bautista, dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán A.C. (OCESP). En medio de la persecución desatada contra los defensores ecologistas, Eva y Marcial fueron dignos sucesores de Rodolfo Montiel, Teodoro Cabrera y Felipe Arreaga, quienes emprendieron desde 1998 una batalla desigual contra el cacique Rogaciano Alba y el mismo Ejército, por la defensa de los bosques.
Aquella noche fatídica, Eva y Marcial se dirigían a la ciudad de México para estrechar los lazos con el movimiento por la paz con justicia y dignidad presidido por Javier Sicilia. De acuerdo con algunos testimonios de pasajeros que viajaban en el mismo autobús, cerca de Tecpan de Galeana había un retén del Ejército que detuvo el autobús para realizar una revisión. Este operativo generó sospechas porque el militar que subió a la unidad, en lugar de revisar a los pasajeros, se empeñó en saber si viajaba con ellos Marcial Bautista. Ninguna persona respondió y ante el silencio de los viajeros, el militar bajó del autobús. Los mismos testigos comentan que kilómetros más adelante, después de cruzar un puente, vieron una camioneta atravesada que impidió el paso del autobús. Al detenerse, observaron que en la orilla de la carretera había otros vehículos parapetados. Ubicaron a varias personas fuertemente armadas, acompañadas por elementos de la Policía Ministerial. Entre ellos, se encontraba el comandante Cesáreo Espinoza Palma. Al detenerse el autobús, de inmediato subieron los civiles armados en busca de Marcial. Rápidamente lo identificaron y con amagos lo obligaron a bajarse del autobús. En ese instante Eva, quien iba en un asiento de la parte trasera, reaccionó instintivamente para gritar a quienes se llevaban a Marcial que ella lo acompañaría. Su gran valor de no dejar solo a Marcial la impulsó a bajarse del autobús para no permitir que el defensor del medio ambiente quedara solo en manos de sus captores, que portaban armas de grueso calibre. Eva prefirió correr la misma suerte que Marcial porque sabía que su lucha era legal y legítima y porque no escondían intereses turbios ni realizaban un trabajo ilícito.
Ante esta acción delincuencial planeada por militares, policías ministeriales y miembros del crimen organizado se mantiene en la impunidad. Hasta la fecha las investigaciones no han concluido, se han estancado con el fin avieso de no proceder contra los responsables de la desaparición de Eva y Marcial. Este calvario lo han vivido con graves riesgos Coral Rojas hija de Eva Alarcón y Victoria Bautista, hija de Marcial, quienes a su corta edad se han visto obligadas a asumir de manera intempestiva la difícil y peligrosa tarea de exigir a las autoridades del estado que realicen la búsqueda de sus padres e investiguen a los policías y militares que estuvieron monitoreando el paso del autobús en el que viajaban.
Durante las primeras semanas participaron en las reuniones que realizaba el consejo de seguridad y creyeron que lograrían dar con el paradero de sus padres. Fue una apuesta infructuosa porque conforme pasaban los días notaban que no había veracidad en sus informes y no veían plena disposición de los policías y militares para hacer una búsqueda en los lugares donde accionaban los grupos de la delincuencia.
Ellas fueron muy firmes en sus posturas: emplazaron en todo momento al gobernador Ángel Aguirre que investigara a los policías ministeriales y que también se pidiera informes al Ejército sobre sus actuaciones esa noche del 7 de diciembre. Hubo mucha simulación y sobre todo mala fe, porque veían que Coral y Victoria no representaban un contrapeso fuerte que los obligara a dar con el paradero de Eva y Marcial. Ellas planteaban con mucha claridad que sus papás habían sido desaparecidos a causa del trabajo que desempeñaban como defensores del bosque y que por lo mismo, tenían que investigar esa línea, llamando a declarar a los agentes estatales que participaron en su detención-desaparición y ubicar a otros actores regionales que veían en el trabajo de Eva y Marcial una amenaza a sus acciones relacionadas con la tala inmoderada de los bosques.
La defensa de la riqueza maderable de la Sierra de Petatlán los llevó a denunciar los atropellos cometidos por elementos del Ejército y los trabajos ilícitos en que se encuentran involucrados elementos de las corporaciones policiacas. También hicieron públicas las acciones delictivas de grupos que se ostentaban como defensores del medio ambiente pero que formaban parte del crimen organizado. A pesar de la reconocida trayectoria a nivel nacional de Eva y Marcial, las autoridades federales y estatales han mantenido en total hermetismo las investigaciones que han realizado a lo largo de cinco años. Para Victoria y Coral la lucha por la verdad y la justicia se ha transformado en un grave riesgo, porque no hay garantías de que las autoridades encargadas de la investigación atiendan en su justa dimensión sus demandas y planteamientos. No han querido dar con los responsables y han quedado truncas las investigaciones por la obstrucción que existe dentro de la misma institución para que el caso no avance y los familiares desistan.
Ante la falta de resultados y la tibia intervención del gobernador, Coral y Victoria encontraron el apoyo incondicional del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que las cobijó y dio cobertura a su caso. El liderazgo de Javier Sicilia visibilizó la desaparición de los ambientalistas a nivel nacional e internacional contando con el apoyo de organismos civiles de derechos humanos como Amnistía Internacional así como organizaciones defensoras del medio ambiente. Miles de cartas saturaron los correos de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Gobernación y del mismo Gobernador de Guerrero, para exigir la presentación con vida de Eva y Marcial. Con el pretexto de que las investigaciones se concentraron a nivel central, las autoridades del estado se desentendieron y cortaron la interlocución con sus familiares.
Hasta el momento se tiene información que se encuentra detenido el comandante de la policía ministerial Cesáreo Espinoza alias “el ganzo”, acusado de delincuencia organizada y secuestro, al igual que otro personaje conocido como “Jhony”, sin embargo, ninguno de ellos ha declarado sobre cómo sucedieron los hechos de la noche del 7 de diciembre de 2011, donde policías ministeriales y miembros de la delincuencia organizada bajaron del autobús a Eva Alarcón y Marcial Bautista.
La desaparición de Eva y Marcial es un grave atentado al trabajo y seguridad de los defensores y defensoras de Guerrero, sobre todo en un contexto de violencia propiciado por la colusión que existe entre elementos policiales y efectivos militares con grupos de la delincuencia organizada que operan en las diferentes regiones del estado. Este caso , es un antecedente de las ejecuciones extrajudiciales de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, cuyos perpetradores fueron policías estatales y federales, cuando realizaban un bloqueo en la autopista del sol. De igual manera este caso se mantiene en la impunidad, al grado que no existe ningún responsable material ni intelectual detenido. Las mismas investigaciones se han estancado, exonerando por la vía de los hechos a quienes perpetraron este deleznable crimen.
El caso de Eva Alarcón y Marcial Bautista nos muestra el modus operandi de las corporaciones policiales, el ejército y grupos de la delincuencia organizada contra actores sociales que son catalogados como contrarios a los intereses de los grupos de poder que realizan actividades ilícitas. Es un antecedente nefasto de cómo proceden estas fuerzas represoras sin que existan controles instituciones que garanticen el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas.
La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas manifiesta que estos actos son “un mensaje intimidatorio que se envía a la sociedad en su conjunto y que la coloca en situación de indefensión. Estos actos están dirigidos a causar temor generalizado y por consiguiente, a desanimar a las demás defensoras y defensores de derechos humanos, así como a atemorizar y silenciar las denuncias, reclamos y reivindicaciones de las víctimas de derechos humanos, alimentando la impunidad e impidiendo la plena realización del Estado de Derecho y la democracia”.
El temor por alcanzar justicia crece en vastos sectores de la población, a pesar de ello, las familias de las víctimas de desaparición no han claudicado en su lucha por encontrar a sus hijos. El ejemplo de las hijas de Eva y Marcial son parte de este movimiento de familiares que han tenido que arriesgar todo con tal de saber la verdad y encontrar justicia. Las autoridades siempre trataran de dar la vuelta la página de las graves violaciones a los derechos humanos para que no se sientan señalados como cómplices de los perpetradores. Lo mejor que pueden hacer es atender y proteger a las familias, pero sobre todo impulsar las investigaciones y sobre todo ejercer acción penal contra los responsables, demostrando con ello, que no hay complicidad con los perpetradores, ni pactos con el crimen organizado.