Organizaciones civiles de México y Europa envían al Parlamento Europeo información sobre la situación de los derechos humanos en México

Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México

Parlamento Europeo

PRESENTE.-

Distinguidos y distinguidas Miembros del Parlamento Europeo Integrantes de la Comisión:

Reciban un cordial saludo de las organizaciones civiles dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos en México y Europa que suscribimos la presente carta. El motivo de nuestra misiva es allegarles información que consideramos relevante en materia de derechos humanos en México, como preparación de la reunión que se llevará a cabo el 23 y 24 de mayo de este año en Estrasburgo, Francia. Como es de su conocimiento, el Grupo de Parlamentarios mexicanos con los que sostendrán reuniones concluirán su periodo de trabajo en próximas fechas. A partir de septiembre, se integrará una nueva Legislatura en México, que enfrentará retos y una agenda pendiente.

En ese contexto, consideramos indispensable identificar los temas legislativos pendientes de la agenda de derechos humanos en México, a efecto de ponderar los avances e identificar los retos y pendientes urgentes por abordar. En este sentido, a continuación detallaremos algunos temas fundamentales:

a) Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

El lunes 1° de mayo del 2012 fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados la minuta enviada por el Senado por la que se expide la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Actualmente, se está a la espera que el Ejecutivo realice la publicación respectiva para que la ley entre en vigor.

Previamente, el 28 de marzo del presente año, la Secretaría de Gobernación, presentó los Lineamientos para el Mecanismo de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, en el marco de una sesión de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, a la que asistieron diversos representantes de Embajadas de las Unión Europea.

Tanto la elaboración de la Ley como de los Lineamientos contaron con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, muchas de las cuáles suscribimos la presente carta y otras que monitoreamos y apoyamos el proceso desde el extranjero. Consideramos que son un importante avance y nos congratulamos por los esfuerzos y la coordinación alcanzada.

Sin embargo, la situación que enfrentan los defensores, las defensoras de derechos humanos y los periodistas en México requiere de urgentemente múltiples acciones concretas. Tan sólo en lo que va de este 2012, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha registrado 62 ataques contra defensores y defensoras, de los cuales 5 han llegado al extremo de la privación arbitraria de la vida.

En este sentido, la situación de expresa vulnerabilidad que las y los familiares de víctimas de desaparición forzada y de feminicidio, en su mayoría mujeres que exigen justicia y denuncia impunidad, cobra especial relevancia en un contexto donde el Estado mexicano no ha atendido sus demandas, ni ha logrado protegerles adecuadamente. Durante su lucha, estas mujeres, familiares de miles de víctimas, se han reinventado en defensoras de derechos humanos. Su seguridad y la de todos y todas las defensoras de derechos humanos en México debe de ser protegida por el Estado mexicano.

Es así que, al margen de los avances legislativos, las autoridades de México deben ser monitoreadas más estrechamente por cuanto hace a la implementación y la efectividad en la toma de medidas de protección, así como en lo tocante a garantizar avances en las investigaciones de aquellos casos donde las agresiones ya hayan sido consumadas. En particular, el papel del Poder Legislativo es vigilar más sistemáticamente al Ejecutivo en esta materia. Sin ese monitoreo externo, la Ley y los Lineamientos serán inefectivos.

Por eso, les pedimos respetuosamente que más allá de extender una felicitación por los recientes avances, nos apoyen para instar a la inmediata y efectiva implementación de medidas de seguridad en aquellos casos que así lo demanden, así como a pedir que las investigaciones iniciadas por agresiones y homicidios cometidos en contra de defensores, defensoras y periodistas culminen en la identificación y sanción de los responsables conforme a derecho. Estos dos rubros constituyen, desde nuestra perspectiva, los parámetros más objetivos sobre la política del Estado mexicano en cuanto al derecho a defender los derechos humanos.

b) Las Fuerzas Armadas continúan obstaculizando la reforma del Código de Justicia Militar

La reforma del Código de Justicia Militar ha sido desde hace varios años un asunto de primera relevancia para las organizaciones de derechos humanos, para la comunidad internacional, y sobre todo para aquellas personas víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas que han constatado directamente los obstáculos que limitan el acceso a la justicia en el ámbito castrense.

El Ejecutivo presentó una iniciativa, si bien insuficiente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció criterios. Víctimas y familiares alcanzaron sentencias históricas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos de Rosendo Radilla, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera “Campesinos Ecologistas”, donde se señala la urgente necesidad de reformar el fuero militar.

Así, correspondía al Senado de la República Mexicana, discutir y aprobar la reforma al Código de Justicia Militar conforme a los estándares más altos en la materia. Si bien las comisiones del Senado aprobaron un proyecto de reforma el pasado mes de abril, la reforma no prosperó durante esta Legislatura y trascendió en prensa que el motivo por el cual esta reforma crucial volvió a posponerse fue la presión directa de las Fuerzas Armadas sobre el Ejecutivo y los Legisladores.

Por ello, atentamente les solicitamos que en sus diálogos con sus pares mexicanas pidan información sobre el estado que guardan los trabajos encaminados a la reforma del Código de Justicia Militar e insten a la pronta adopción de una legislación que satisfaga las obligaciones internacionales del Estado Mexicano.

c) El riesgo de que se adopte una legislación penal federal contraria a los derechos humanos y a los principios garantistas de la reforma constitucional de 2008

Las discusiones en el Congreso mexicano sobre el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales han sido igualmente alarmantes para la comunidad de derechos humanos en México y las organizaciones internacionales comprometidas en la materia en ese país. La propuesta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados contiene disposiciones diseñadas para aumentar la discrecionalidad de las autoridades para detener e interrogar a las personas y establece excepciones a la regla que excluye la evidencia obtenida mediante violaciones a derechos humanos de los juicios, como la tortura, a pesar de la clara jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso de los Campesinos Ecologistas y las disposiciones reformadas de la Constitución mexicana en la materia.

Paradójicamente, la propuesta va en contra de las recientes reformas constitucionales en materia de justicia penal que este mismo Código está llamado a implementar y no es consecuente con las reformas en materia de derechos humanos y amparo.

Adicionalmente, la Comisión de Justicia se negó a integrar las propuestas de la sociedad civil sobre el esquema de los recursos en el nuevo sistema penal acusatorio, ni a las consideraciones de amplitud de criterio en el tema de la prisión preventiva, aspectos que debieron ser piedra angular de la estructura del nuevo procedimiento penal federal.

Más aun, la iniciativa habría sido aprobada en este mismo período de sesiones de no ser porque un grupo de legisladores ocupó físicamente el edificio para evitar el voto en señal de protesta. No obstante, esta iniciativa sigue siendo una amenaza latente para el próximo periodo de sesiones.

Por ello, de manera respetuosa les urgimos que en el diálogo que realizarán enfaticen la importancia de que México consolide en su legislación secundaria la transición al sistema de justicia diseñado en la reforma constitucional de 2008, evitando regresiones autoritarias como la que anuncia el Proyecto de Código Federal de Procedimientos Penales al que nos hemos referido.

Distinguidos Parlamentarios y Parlamentarias:

Para concluir, nos gustaría resaltar que si bien se han logrado algunos avances en el Congreso de la Unión, la crisis de violencia ha afectado significativamente la vigencia de los derechos humanos. Si México es un país estratégico para la Unión Europea, ésta no puede continuar negando ésta realidad. No puede seguir siendo indiferente ante el deterioro de los derechos humanos en México.

Reconocer y evidenciar los problemas que enfrenta México, contribuirá al fortalecimiento de su Estado de Derecho y respaldará los esfuerzos de una ciudadanía que está siendo sumamente golpeada y que se encuentra cada vez menos esperanzada en un mejor porvenir.

Atentamente,

Organizaciones Internacionales

Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura – Francia (ACAT-Francia)

Organización Mundial contra la Tortura (OMCT)

Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ)

Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México integrada por: Amnistía Internacional (Sección de la República Federal Alemana, A.C.), CAREA A.C., Centro Franciscano de Desarrollo y Misión, Departamento de Derechos Humanos Diaconía Alemania, FIAN Alemania, Iniciativa para México de Colonia y Bonn, Iniciativa México (INIMEX), Obra Episcopal Misereor, Oficina Ecuménica para la Paz y Justicia A.C., Pan para el Mundo, Pax Christi (Fondo Solidario Un Mundo), Procura Misionera de los Jesuitas Alemanes, Promovio, A.C. (Asociación de Apoyo para el Movimiento de Derechos Humanos Indígena de Oaxaca/México, Promovimiento Indígena en Oaxaca A.C.) y la Universidad Protestante para Trabajo Social y Diaconía en Hamburgo.

Organizaciones nacionales

Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan»

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia

Jass Asociadas por lo Justo – México Centroamérica

Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos – (Red Groac)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para Todos y Todas” Conformada por las siguientes 71 organizaciones en 22 estados de la República:

Agenda LGBT (Distrito Federal, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos «Miguel Hidalgo», A.C. (Jacala, Hgo.); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila), Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos «Fray Bartolomé de Las Casas», A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria O.P.», A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez», A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez), Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (DF); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREALDF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional «Justicia, Paz y Vida» (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos «Mahatma Gandhi», A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos «Fr. Pedro Lorenzo de la Nada», A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos «Sembrador de la Esperanza». A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA – León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicio, Paz y Justicia, México (SERPAJ-México) (Comalcalco, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal).

C.c.p. Congresistas mexicanos miembros de la Comisión Mixta Europea-México

C.c.p. Sub-Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo