Persecución transexenal contra el CECOP

En las desoladas comunidades afromexicanas de los bienes comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, la pobreza hunde a sus pobladores en el fango del olvido. El polvo de las carreteras de terracería se levanta como las olas del mar y en las temporadas de lluvia las brechas se transforman en barrancas intransitables. Las familias resisten el sol quemante en los terregales que se extienden en las orillas del río papagayo. La gente sobrevive de la siembra del maíz, el frijol y la calabaza. Cuentan con algunas huertas de limón, coco y mango, que por temporadas les generan pequeños ingresos. Las comunidades rurales  son el lado funesto de la opulencia que miran a lo lejos en punta diamante.

Los gobiernos priistas, perredistas y de la 4T han excluido del presupuesto público a las comunidades rurales. Todos se han robado los recursos de los más pobres. Han transformado el hermoso paisaje del río papagayo en un tiradero de basura y de cuerpos. En las calles trozadas de las comunidades corren las aguas negras. Las viviendas derruidas solo cuentan con láminas que reciclaron o rescataron de los fuertes vientos provocados por los huracanes. Es el olvido criminal de las autoridades que tienen en la inmundicia a más de 50 comunidades que por décadas se han encargado de cuidar las grandes reservas de agua que surten al puerto de Acapulco.

Los empresarios gravilleros con el apoyo de la delincuencia de cuello blanco y la que controla las plazas de Acapulco y la Costa Chica se han agandallado amplias franjas de las tierras comunales de Cacahuatepec, que le llegan al precio a los funcionarios rapaces de Conagua, a quienes no les importan los graves daños que han causado a los ecosistemas del papagayo. La delincuencia organizada asegura los negocios generando terror entre las comunidades. El saqueo de los recursos pétreos es auspiciado por los 3 niveles de gobierno. A todos les llega su diezmo. A ningún político le interesa atender el rezago que vienen arrastrando las comunidades del CECOP que se opusieron a la construcción de la presa La Parota. Su triunfo se tradujo en castigo.

Los gobiernos municipales les cobraron cara la factura negándoles cualquier ayuda humanitaria, postergándoles la construcción de obras prioritarias y regateándoles apoyos económicos básicos. En lugar de garantizar sus derechos como pueblos, las autoridades se han empeñado en desaparecer al Cecop como un movimiento independiente. Han diezmado su fuerza y su presencia. Generaron una mayor animadversión contra el liderazgo de Marco Antonio Suástegui, lo encarcelaron y  criminalizaron su lucha. Crearon un ambiente propicio para privarlo de la vida.

Marco Antonio Suástegui Muñoz mostró la fuerza imbatible del Cecop, desenmascaró los intereses oscuros de los gobernantes, encaró a los gobernadores, los corrió de los bienes comunales de Cacahuatepec, denuncio públicamente sus alianzas con grupos de la delincuencia, se solidarizó con las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos y luchó para proteger al río papagayo y  sacar a los gravilleros depredadores. Se ganó muchos enemigos tanto de los grupos empresariales de la construcción como de los políticos a nivel estatal y municipal por asumir la defensa del territorio de Cacahuatepec y por apoyar a los trabajadores de la playa que eran extorsionados por grupos de la delincuencia. Su asesinato tiene que ver con el contexto de criminalización contra los defensores comunitarios y con el clima de impunidad que impera en el estado, donde los grupos de la delincuencia son intocables.

El gobierno de Evelyn, al igual que la administración de Aguirre Rivero se han caracterizado por criminalizar la lucha social, por perseguir a los defensores, encarcelarlos y dejarlos en estado de indefensión, para que sean víctimas de una agresión letal como sucedió con el líder histórico del Cecop, Marco Antonio Suástegui. Los defensores comunitarios como Evodio Pérez Malpica y Ubaldo Pantoja Segura fueron detenidos en el 2025 y 2026 y trasladados a penales de máxima seguridad de Durango y Veracruz. Jesús Plácido Galindo líder del Cipog-Ez, fue detenido el pasado mes de julio por un delito fabricado del fuero común siendo trasladado a Almoloya de Juárez, para darle un trato de delincuente peligroso.

Marco Antonio fue encarcelado en 3 ocasiones, en la segunda detención fue llevado a un penal de máxima seguridad al estado de Nayarit, a pesar de ser acusado por delitos del fuero común en el 2014, por órdenes del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero. En la tercera ocasión lo encarcelaron junto con 34 compañeros del Cecop por el delito de homicidio y después de 13 meses alcanzaron su libertad.

En esta persecución transexenal contra el Cecop detienen a Rodrigo y Modesto León Jacinto (padre e hijo) en diciembre de 2022, acusados de homicidio, en un contexto de división comunitaria alentada por el gobierno del estado. Fue una acusación sin sustento con el fin de impedir el funcionamiento de la policía comunitaria en algunas comunidades del municipio de Acapulco.  Rodrigo y Modesto habían sido nombrados como policías comunitarios, y en el día del supuesto homicidio, ellos se encontraban en San Luis Acatlán, una de las sedes de la CRAC-PC.

Otro caso que preocupa es la sentencia de 60 años que recibió en febrero de este año, el comunero Maximino Solís Valeriano acusado también de homicidio. Las detenciones de Rodrigo y Modesto se dieron en esta administración e igualmente la sentencia de Maximino. Es una muestra clara de la línea de continuidad que existe entre el gobierno priista y el gobierno morenista de perseguir, encarcelar y sentenciar a luchadores sociales como Rodrigo, Modesto y Maximiliano del Cecop y Jesús Plácido del Cipog-Ez. El asesinato de Marco Antonio fue la agresión letal que se cometió en este sexenio contra un gran luchador social.

En diciembre de 2022 Rodrigo y Modesto despertaron a las 3 de la mañana cuando escucharon los golpes en la puerta de su casa. Se quedaron en silencio y con mucho miedo. Eran 6 patrullas de la policía ministerial. Primero entraron a la casa de Modesto. En un cuarto estaban dos niñas. En el otro cuarto estaba su esposa, Modesto y un niño que tenía diez meses. “Cuando entraron empezaron a disparar hacia donde estábamos nosotros. En una de esas balas me tocó en la rodilla derecha. Después levantaron a mi esposo, lo torturaron y lo golpeaban contra la pared y con sus armas le abrieron la cabeza.”

Enseguida entraron a la casa de Rodrigo forzando la puerta. Estaba su hija Elena y una nieta durmiendo en un cuarto. “Pensamos que era la delincuencia, pero mi esposo me dijo que era el gobierno. No podía creerlo porque en esos días estábamos cosechando jamaica.  Violaron nuestro derecho porque no llevaban orden de cateo, pero ellos entraron a la fuerza.”

Tres policías ministeriales me encañonaron con mi sobrina. Nos decían, “pónganse de rodillas y sus manos en la cabeza y si no tírense al piso”. Preguntaban por mi papá porque no lo habían visto porque estaba en otro cuarto. Mi sobrina empezó a llorar. Empezaron a tirar mochilas, ropero, el colchón y la jamaica la pisotearon. Un policía ministería le hizo señas a otro para matarme.

Se dieron cuenta que estaba en el cuarto contiguo. Ahí lo detuvieron, lo amarraron y le taparon los ojos. Lo subieron a una patrulla. Después de unos minutos salimos, pero ya no estaban. Fuimos al lado de la comisaría, ahí estaban unos carros de la policía y dijimos que se habían llevado a mi papá, y decían que no eran ellos los que habían ido, que fueron los de la maña.

Nuestra vida cambió mucho, porque ya no hay alimento. Sembramos maíz, pero no nació todo. Vino la lluvia y volvimos a sembrar con Rosibel, pero como está seca la tierra y hay muchas palomas, vuelven a sacar el maíz que sembramos y se lo comen.

Antes Rodrigo sembraba maíz, frijoles, calabaza, chile verde y tomate. Se levantaba temprano y se iban al campo. Modesto sembraba jitomate, frijol, chile verde. Teníamos gallinas. Cuando teníamos dinero comprábamos de comer huevos y frijol. Vendíamos jamaica, en ese entonces estaba a 25 pesos o hasta 50 pesos cuando nos iba bien. El ajonjolí lo vendíamos en 15 pesos y ahora a 50 el kilo. El chile verde andaba en 20 pesos la maquila, ahora está en 60.

Desde que lo encarcelaron ya no sembramos porque quiere que se cuide de la plaga. Lo que siembro son 10 o 20 matas para el gasto. El maíz no siempre vendemos porque solo es para autoconsumo. Vendemos tamales dulces y de carne para ganar dinero, a 3 por 20 pesos. También criamos marranos y de vez en cuando los vendemos. No hay otra alternativa porque cómo nos vamos a mantener.

Para solidarizarse con Rodrigo, Modesto y Maximino un grupo de compañeros académicos y de organizaciones civiles se trasladaron de la ciudad de México al penal de Acapulco. Se hicieron los tramites correspondientes para asegurar la visita, sin embargo, los funcionarios del estado encargados de los reclusorios dieron una respuesta negativa, con argumentos burocráticos, para impedir la visita de los 3 presos del Cecop. Con eel gobierno de Evelyn Salgado no solo se han cometido crímenes contra defensores como el caso de Marco Antonio Suastegui, sino que se encarcela a defensores comunitarios como Evodio Pérez, Ubaldo Segura y Jesús Plácido en penales de máxima seguridad, para acallarlos y alejarlos del estado para causar temor y desmovilización. Ahora los detenidos del Cecop como Rodrigo Modesto y Maximino se les impone un castigo más de negarles la visita de amigos y amigas solidarias con su lucha. La cerrazón política es un síntoma de una postura procaz de un gobierno que se cierra al dialogo y que se niega a establecer una interlocución plural con las organizaciones civiles.