¿Quiénes tienen el poder en Guerrero?

En las crónicas de la violencia, los periodistas de diferentes medios de comunicación reportan las actuaciones protagonizadas por grupos del crimen organizado.

Un ejemplo dramático es de lo que nos enteramos este domingo, que dos camionetas Urvan del transporte público fueron incendiadas con sus conductores en la cabecera municipal de Tixtla. Lo más trágico es que sus cuerpos quedaron calcinados en los mismos asientos de los conductores. Se trata de rutas que van de Copalillo a Chilpancingo y de Copalillo a Paso Morelos. Lo que se sabe es que sujetos armados interceptaron las dos unidades, amagaron a los conductores y se los llevaron para posteriormente prenderles fuego. La reacción de las autoridades fue tardía y su presencia sólo respondió a la necesidad de tomar registro de los hechos violentos que acontecen en la entidad.

Por otra parte, existen otros reportes del sábado 29 de julio donde se informa que dos hombres, padre e hijo, fueron asesinados en la autopista del Sol cerca del kilómetro 232 y del puente Solidaridad sobre el río Mezcala. Se reporta que varias personas armadas despojaron a la familia de una camioneta Toyota de modelo reciente. Los agresores dispararon contra el vehículo privando de la vida al empresario José Guadalupe Fuentes Brito de 49 años de edad y a su hijo José Manuel Fuentes Calvo de 20 años, lesionado a la señora Gabriela, esposa y madre de las víctimas.

De igual manera se informó que al lugar de los hechos acudieron elementos de diversas corporaciones policiacas y la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones.

Estos acontecimientos recientes nos dan el termómetro de la violencia que padecemos en el estado y de la inoperancia que prevalece por parte de las autoridades encargadas de prevenir los delitos y garantizar la seguridad de la población.

Diariamente se consuman hechos delictivos que están focalizados en los municipios de Acapulco, Iguala, Chilpancingo, Taxco, Zihuatanejo y Tixtla, de acuerdo con los reportes que leemos diariamente. Para los guerrerenses este escenario se ha tornado como una realidad inevitable, como parte de un destino trágico que nadie puede evitar. Persiste la idea de que los asesinatos en nuestro estado son parte de esa predestinación funesta que cotidianamente lo expresamos como “ya le tocaba”. Es decir, que de nada sirven las autoridades que nos gobiernan porque por encima de ellas existe una determinación mecánica de que cada persona ya trae marcada la tragedia que trunca su proyecto de vida. Por lo tanto, en estos contextos el crimen organizado se erige como un ente poderoso que decide el destino de cada persona.

Con mucho desaliento y frustración constatamos que las autoridades del estado han sucumbido ante las redes criminales.

El caso de Iguala es un ejemplo nacional de cómo las diferentes corporaciones policiales, el mismo Ejército y la Marina se coludieron con el crimen organizado para desaparecer a los 43 estudiantes de Ayotzinapa en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014.

El reciente informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) nos narra como los reportes de la Sedena y del Cisen tenían un control minucioso de la movilización de los estudiantes en esa noche del 26 de septiembre. En este seguimiento constataron que existe “un apagón informativo” después de las 21:30 horas. Lo que corrobora que tanto la Sedena como el Cisen y las mismas autoridades del estado ocultaron información sobre lo que sucedió con los jóvenes después de las 21:30 horas.

A pesar de que todas las corporaciones policiales tenían detalles precisos sobre el movimiento de los estudiantes, ninguna de ellas informó qué pasó cuando entraron a la ciudad de Iguala. Para el GIEI es una muestra clara de ocultar los hechos y de negar cualquier información relacionada con la desaparición de los estudiantes.

Las autoridades estatales y federales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes a través de sus agentes de inteligencia y policías ministeriales. Además la información a través del C-4 en tiempo real, incluso por llamadas de ciudadanos que daban cuenta de los disparos.

Sin embargo las versiones que dieron las diferentes corporaciones eran falsas porque negaron que hayan escuchado disparos y que además no sabían qué estaba pasando con los estudiantes.

En el caso de la Policía Estatal manifestaron que se dedicaron a proteger instalaciones y que no tenían órdenes de actuar, también comentaron que consultaron al jefe de la policía de Iguala y les manifestó que todo estaba bajo control y que por esa razón no habían actuado. Ninguna de estas explicaciones son veraces. De acuerdo con las investigaciones del GIEI todas las corporaciones policiacas conocían en tiempo real lo que estaba sucediendo y ninguna intervino para proteger a los estudiantes o verificar lo que estaba sucediendo con ellos en la avenida Juan N. Álvarez.

En esa noche se dieron siete ataques con arma de fuego durante un periodo de cuatro horas. El primer ataque se dio en la calle Galeana y Juan N. Álvarez, desde la salida de la central de autobuses hasta el Periférico Norte donde una patrulla de la Policía Municipal impidió el paso de los autobuses. En ese altercado la policía disparó contra de los estudiantes dejando gravemente herido al joven Aldo Gutiérrez.

El segundo ataque se dio entre las 21:40 horas hasta cerca de las 23:00 horas de la noche, en el Palacio de Justicia contra otro autobús que se desvió para salir por Periférico Sur. La policía atacó el autobús con golpes destrozando vidrios, usando gases lacrimógenos de uso exclusivo de la Policía Estatal. En este ataque participaron policías de Iguala y Huitzuco que detuvieron y golpearon a varios jóvenes.

A las 22:54 horas en el C4 se reportó que había personas que estaban escondiéndose, se hablaba de que varios jóvenes del quinto autobús acababan de ser bajados del camión y eran perseguidos por policías federales y también ministeriales. Se escondieron en una casa abandonada donde después se organizaron para regresar al autobús del Palacio de Justicia.

A las 23:20 horas se registró otro ataque que se dio contra el autobús del equipo de fútbol de los Avispones en el crucero de Santa Teresa. Este ataque lo realizaron elementos de la policía de Iguala, Huitzuco y Tepecoacuilco.

A las 00:30 horas del día 27 se produjo otro ataque con armas de fuego contra los líderes del comité estudiantil que habían llegado de Tixtla para auxiliar a sus compañeros y que decidieron convocar a una rueda de prensa para denunciar la violencia ejercida por las corporaciones policiacas.

En ese lugar se encontraban algunos periodistas y maestros solidarios. En el ataque hubo varios heridos por armas de fuego, entre ellos un joven de la escuela que recién había llegado en auxilio y dos jóvenes que fueron asesinados: Julio Cesar y Daniel, quienes quedaron tendidos en el asfalto.

Por último hubo un ataque de arma de fuego contra un policía estatal que pasaba por un bloqueo de carreteras en Mezcala realizado por miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos alrededor de la 1:00 de la mañana. Hasta ese lugar se instaló un anillo de seguridad para evitar que salieran autobuses de Iguala.

De acuerdo con las investigaciones del GIEI, las policías de Iguala y Cocula participaron en el escenario de la avenida Juan N Álvarez, identifican también a la policía de Iguala, incluyendo al grupo de los Bélicos y la policía de Huitzuco en la zona del palacio de justicia. En estos dos escenarios se dio la desaparición de los estudiantes.

La Policía Estatal y La Policía Federal estuvieron en el escenario del Palacio de Justicia mientras se llevaban a cabo los ataques. La Policía Ministerial recorrió las dos escenas de los ataques y persiguió a los sobrevivientes del quinto autobús. La policía de Iguala, Huitzuco y Tepecoacuilco junto con un jefe de Guerreros Unidos participaron en el ataque a los Avispones en Santa Teresa. También participó una patrulla de Protección Civil controlada por los bomberos de Iguala.

Miembros de Guerreros Unidos con probable apoyo de policías, habrían llevado a cabo la tortura, asesinato y desollamiento del estudiante Julio César Mondragón, quien apareció después de 8 horas del último ataque. En los dos ataques de la avenida Juan N Álvarez y del Palacio de Justicia estuvieron presentes los OBI (informantes del Ejército) y otros militares, mientras sucedían los hechos.

De acuerdo con el último informe del GIEI, el grupo de Guerreros Unidos coludido con las corporaciones policiacas de Iguala, Tepecoacuilco, Cocula y Huitzuco así como el Ejército y la Marina, establecieron un pacto para tener el control de la plaza de Iguala y actuar impunemente contra quienes consideraban que eran una amenaza para sus intereses delincuenciales.

El caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa muestra cómo el ejército a pesar de su despliegue masivo en la zona, no sólo permitió que se dieran los ataques, sino que encubrió a los perpetradores y se negó a facilitar información veraz sobre lo sucedido.

La debilidad de las estructuras del estado en contextos corrupción y violencia generalizada, así como la ausencia de controles eficaces respecto de las autoridades civiles y públicas ocasionan una erosión incontrolable que es aprovechada por las actividades económicas ilícitas y por el crimen organizado, para lograr la infiltración y cooptación de las autoridades. Esta situación sigue incólume en nuestro estado. Los grupos del crimen organizado son los que tienen el verdadero poder y los que controlan las instituciones ejerciendo la violencia y causando terror entre la población.

Para desgracia de los guerrerenses las autoridades se han replegado y dejado un gran vacío en los espacios públicos, donde la población reclama constantemente respuestas y acciones contundentes para desmantelar las estructuras delincuenciales dentro del entramado gubernamental.

Las víctimas reclaman la acción decidida de las fiscalías para que se protejan los derechos humanos de acceso a la justicia, verdad, reparación y sobre todo la no repetición.

La actuación de las instituciones y las políticas de seguridad deben de contar con una perspectiva de derechos humanos, en donde las organizaciones sociales sean un elemento clave para el país, así como las organizaciones de víctimas y familiares deben ser una pieza fundamental para la no repetición de estas tragedias. Ellos y ellas son la conciencia crítica del país que lucha contra la impunidad y contra el crimen organizado que tienen el poder en nuestro estado.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan