Infancias perdidas

Abel Barrera Hernández

La niñez indígena experimenta la dureza de la vida desde que nace en los pisos de tierra dentro de los jacales derruidos en la Montaña de Guerrero. Durante su infancia padecen los estragos de la desnutrición, la insolación y la desatención médica. Sobre las espaldas de sus madres o hermanas mayores se acurrucan con el sol a plomo. Su vida gira alrededor de los surcos de las agroindustrias donde sus padres son expoliados.

Desde que aprenden a caminar acompañan a la familia al tlacolol, que es un modo de vivir precariamente en el campo. El machete y el azadón suplen al lápiz y al cuaderno. Cortar leña es fundamental para atizar el fogón de las tortillas. Para el gobierno resulta oneroso garantizar el derecho a la educación de la niñez indígena y para los empresarios es más redituable contratar a personas analfabetas, dispuestas al sacrificio extremo por un mísero salario.

En este enclave del olvido, la muerte es el fantasma que ronda los hogares marcados por la violencia. Los feminicidios se multiplican en Cochoapa El Grande, Metlatónoc y Alcozauca. Los perpetradores son funcionarios municipales, policías y parejas de las víctimas que compran la justicia. Las mujeres jóvenes son arteramente asesinadas a balazos, machetazos y pedradas. Las autoridades son cómplices por su indolencia y decrepitud. Las niñas y niños son testigos de atrocidades que atrofian de por vida su futuro. En Loma Tuza, una bebé quedó pegada al pecho de su madre, quien fue víctima de violación tumultuaria instigada por su pareja, que al final la asesinó a machetazos.

En la Montaña, los grupos criminales subvierten el orden, instalan retenes, detienen y desaparecen a personas que denuncian sus tropelías, asesinan a quienes consideran sus enemigos, impiden la entrada del Ministerio Público y la policía ministerial que acuden a realizar diligencias por los crímenes que cometen. Restringen el paso al Ejército y la Guardia Nacional. En varias ocasiones, los militares han sido retenidos por los comunitarios, que son grupos de la delincuencia que portan uniforme de la policía comunitaria.

Los gobiernos municipales de la zona me’phaa de la Montaña Alta forman parte de esta red criminal. Los policías se supeditan a los intereses de los jefes de las plazas, mientras los militares y la Guardia Nacional se mantienen al margen por órdenes superiores. La población queda expuesta al fuego cruzado de la delincuencia, que con las balas perforan sus techos y los drones explotan en sus viviendas.

En 2016, Fredy, de 16 años, indígena na savi de Metlatónoc, fue víctima de desaparición por gente de la delincuencia. Por la tarde salió con un amigo para recargar su celular; en el trayecto pasaron a una taquería. Fredy se desconcertó al ver que una camioneta se estacionaba frente al local con personas armadas. Su amigo sabía quiénes eran. Del vehículo bajaron individuos con armas que se llevaron a Fredy con rumbo desconocido. Su papá ubicó al acompañante y pidió auxilio a la policía municipal. Lo increíble fue que al joven lo liberaron y al papá de Fredy lo encarcelaron hasta que pagó 3 mil pesos de multa. Fredy sigue desaparecido.

A Yulitzi, de 6 años, le gustaba armar crucigramas en el piso. Por las tardes disfrutaba el viaje que realizaba su abuela para dar de comer a los puercos. En el trayecto repasaba lo que había aprendido en la escuela, no dejaba de preguntar por las aves que volaban sobre el río tlapaneco. Fue el 22 de agosto de 2018 cuando Yuli fue desaparecida con su mamá, Beatriz, y su abuela Gabriela alrededor de las cinco de la tarde, cerca de la comunidad El Otate, municipio de Tlapa. Dejaron su camioneta con las lleves puestas. Gregorio, esposo de Gabriela, miembro de la policía estatal, pidió el apoyo de su corporación, pero todas las búsquedas fueron en vano. Dos niños y dos niñas siguen preguntando por su mamá. Las hermanas de Beatriz han asumido el rol de madres y padre ante la desaparición de tres miembros de la familia.

La niña Esmeralda, de 7 años, desapareció en Santa María Tonaya, Tlapa, el 12 de enero de 2023. Estaba recargada en la puerta de su casa. Por su trastorno neurológico causado por la epilepsia tenía dificultades para caminar y comunicarse. Permanecía encerrada en su casa porque en la comunidad me’phaa no hay maestros de educación especial. Nadie de la comunidad comprende cómo fue que a una niña indefensa la desaparecieron.

Lucila, de Pueblo Viejo, Metlatónoc, llegó a Tlapa para estudiar el bachillerato. Consiguió trabajo por la tarde y aprovechaba la mañana para estudiar. El 9 de mayo de 2022 fue a visitar a unas amigas y ya nunca regresó a su casa. La buscaron, pero en lugar de que les dieran información, recibieron amenazas. El responsable huyó del estado.

Alondra, de 13 años, originaria de Huiztlatzala, estudió la primaria en Zapotitlán Tablas. Por la violencia que se recrudecía en la región, continuó sus estudios en Puebla. Regresó un tiempo por la pandemia de covid-19. El 30 de marzo de 2020 acompañó a su mamá a la comunidad de Caxitepec, municipio de Atlixtac, para cobrar una deuda. Fue la última vez que las ubicaron juntas. Recorrieron las comunidades vecinas sin obtener algún indicio de su paradero.

Raquel y María Isabel, dos hermanitas de 12 y 4 años de edad de la comunidad me’phaa de Huiztlatzala, viajaban con sus padres después de visitar a su abuela en Zapotitlán Tablas. El 29 de marzo de 2020, los cuatro miembros de la familia fueron desaparecidos por un grupo de la delincuencia. Al siguiente día ubicaron la camioneta calcinada con los cuatro cuerpos adentro. La gravedad del problema en Guerrero es que las autoridades han sucumbido ante los grupos criminales al no preservar la vida de las niñas y niños de la Montaña, mucho menos sancionar a los responsables.

Publicado originalmente en La Jornada