Sinaloa el espejo de Guerrero

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Los señalamientos de la justicia estadounidense contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado de proteger al cártel de los Chapitos, parece ser una historia lejana y extraña para la clase política guerrerense. Se interpreta que sólo es una invención más de la administración de Donald Trump para doblegar al gobierno de la presidenta Claudia Sheimbaun. Se han cerrado las filas morenistas para no permitir que los gobiernos extranjeros intervengan en nuestros asuntos internos. Se apela a nuestra soberanía como un principio insoslayable de un país digno que exige ser respetado y que no permite el injerencismo de países poderosos.

Para las elites morenistas de Guerrero este agravio es un asunto que se dirime en el plano nacional. El contexto estatal está imbuido de otra dinámica. Las aguas pre electorales empiezan a cobrar fuerza y a tomar cauce ante la opinión pública. Proliferan los eventos públicos y las ruedas de prensa para posicionar políticamente sus candidaturas. Flota en el ambiente la idea de que es el momento propicio para hacer visible las aspiraciones políticas y mostrar músculo, con el fin de perfilar sus candidaturas ante la nueva dirigencia nacional.

Están alejadas de la realidad que nos apabulla, circulan en la órbita electorera y sus intereses políticos solo giran alrededor del circuito morenista. Los grupos políticos distan mucho del sentir ciudadano, aunque discursivamente se reivindican como representantes del pueblo. Los cargos públicos que algunos ostentan les da la oportunidad para promocionar su imagen y capitalizar políticamente la marca de morena. La disputa por las clientelas políticas reedita las prácticas vetustas del otrora partido hegemónico. En estos tiempos pre electorales prevalece la opacidad en el manejo de los recursos económicos. Hay muchas artimañas entre los equipos para evadir las leyes electorales y ocultar el origen de los fondos, con el fin de posicionar mediáticamente a quienes aspiran a los cargos públicos.

Desde esta etapa pre electoral ya se vislumbran manejos turbios de los fondos que cada precandidato o precandidata ejercen, debido a que no existen leyes ni mecanismos eficaces que obliguen a los partidos políticos y sus precandidatos a transparentar los recursos. A propósito de estos rejuegos políticos es importante tener como referencia la denuncia que existe en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde se señala que “Rocha Moya, un político veterano, fue elegido gobernador de Sinaloa en junio de 2021, con el apoyo de los Chapitos. Para respaldar su elección los líderes de esta organización ordenaron a sus miembros que robaran las papeletas con votos de los oponentes de Rocha Moya, y que secuestraran e intimidaran a los candidatos de la oposición. A cambio el candidato prometió apoyar las operaciones de tráfico de drogas del cartel. Según lo prometido el gobernador permitió que los Chapitos operaran con impunidad en Sinaloa.”

De acuerdo con la Fiscalía General de la República se trata de una denuncia donde no existen evidencias para la detención del Gobernador de Sinaloa y 9 personas más, solicitadas por el gobierno de Estados Unidos. “No hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia, que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención provisional”.

Es clara la posición del gobierno federal, de que se requieren pruebas fehacientes que acrediten estos señalamientos, mientras tanto, no procederán a la detención del gobernador con licencia.  Lo grave del caso es que estamos ante un estado sumido por la violencia y enfrascados en la disputa a muerte entre los Chapitos y la Mayisa. Durante estos 5 años los habitantes de Sinaloa han quedado a merced de los sicarios que han cobrado muchas vidas y se han apoderado de amplias franjas del territorio. La disputa se libra en las ciudades y en las zonas rurales. La desaparición de personas es un problema irresoluble, debido a la desatención y al maltrato de los familiares de personas asesinadas y desaparecidas, por parte del mismo gobernador. La presencia del ejército y la guardia nacional ha sido insuficiente para contener la avalancha delincuencial. El desbordamiento de la violencia arrastra a la población a una vorágine irrefrenable.

Es claro el grado de penetración que tuvieron los Chapitos en las estructuras estatales y la disputa a muerte que ahora libran contra el grupo de los mayos, como producto de las traiciones y rupturas de pactos siniestros que les permitió trasladar la droga a Estados Unidos y a varios países de Europa. Es grave que la disputa se haya profundizado en las urnas, en la lucha por los cargos públicos, en el control político del estado. Fue sumamente desastroso que la jornada para elegir al gobernador haya estado custodiada con armas de asalto, que los electores opositores estuvieran en la lista de los delincuentes para ser amenazados o secuestrados y que al final de la contienda ganaran los candidatos promovidos por los Chapitos.

Este escenario que se plasma en la denuncia contra Rocha Moya es aterrador porque nos habla de cómo los grupos de la delincuencia se inmiscuyen en el proceso electoral y cómo apoyan a determinados candidatos. No es una elucubración hecha al aire, es una amenaza real que las instituciones del estado no están en condiciones de controlar y de frenar. La realidad es que muchos actores políticos en nuestro país han cometido delitos electorales, sin embargo, ha sido imposible probarlo, mucho menos de aplicar sanciones.

Hay múltiples maneras de encubrir acciones ilegales, de actuar subrepticiamente y de contar con pruebas para acreditar las denuncias interpuestas. Hay muchas personas expertas para cometer estas triquiñuelas, son prácticas añejas que resultan efectivas, como la compra del voto, que requiere una estructura bien posicionada territorialmente para asegurar una operación efectiva que llegue directo con el elector que está decidido a canjear su voto por dinero. El asunto de fondo está en quién proporciona el dinero en efectivo, quienes están dispuestos a entregar amplias sumas de dinero sin tener una garantía de que su dinero se multiplicará con los fondos públicos.

En nuestro estado la situación es parecida a la de Sinaloa y otras entidades más. Existe una institucionalidad endeble y porosa, un sistema de partidos controlado por caciques, grupos familiares y grupos de la delincuencia. La corrupción se desparrama en todas las dependencias de gobierno. Los vicios de antaño, de lucrar con el dinero público no se han desterrado, por el contrario, se han arraigado y perfeccionado. El perfil de los políticos responde más a los intereses de los grandes empresarios y de las cupulas partidistas. También responden a intereses mafiosos por la penetración que se ha dado de personajes de la delincuencia en varias instancias del gobierno.

Los políticos guerrerenses se pintan solos: son ególatras e inaccesibles, dilapidan los recursos públicos, viven en la opacidad y la opulencia, no transparentan los fondos que reciben; buscan colocar a sus familiares que no tienen el perfil profesional ni ético. Son apáticos y no atienden a la población que enfrenta situaciones límite. Solo salen de sus oficinas para congraciarse con la gobernadora en sus giras. Se mantienen al margen de los graves problemas que enfrenta el estado, dejan crecer los problemas apostándole al desgaste de la gente que protesta. Sobrellevan los conflictos y dan soluciones a medias para administrar la alta conflictividad que padecemos en el estado.

El problema de la violencia y la inseguridad es el mayor flagelo que padecemos los guerrerenses. Han pasado décadas y se han implementado operativos federales sin resultados tangibles. Los grupos delincuenciales se han multiplicado en las 8 regiones del estado y lo que es peor, se han enquistado en las estructuras del estado. Su poder se ha robustecido ante una fiscalía que a nadie rinde cuentas y que tiene un gran rezago en las carpetas de investigación. Sus resultados son nimios con las escasas ordenes de aprehensión que ejecuta. Su ineficacia favorece a los grupos que delinquen, que continúan con sus tropelías y que saben cual es el precio de la justicia.

La ausencia de las autoridades la han cubierto los grupos de la delincuencia al grado que ejercen el control territorial, se han apoderado de los principales giros comerciales en las 8 regiones del estado y han asumido el mando en varios gobiernos municipales que han sucumbido ante el poder delincuencial que por la fuerza y la violencia somete a la población. La presencia de estos grupos ha desplazado a los ministerios públicos, las corporaciones policiacas, los jueces, la guardia nacional para aplicar su propia ley apropiarse del erario público para erigirse en los proveedores de las instituciones de gobierno.

Esta crisis de gobernabilidad deja en total indefensión a los ciudadanos, pierde su misma naturaleza porque ya no salvaguarda los derechos de la población ni es garante de la ley ni del estado de derecho. Deja de servir a la ciudadanía para convertirse en representante de intereses mafiosos y protector de delincuentes. El espejo de Sinaloa nos deja ver nuestra realidad que nos lacera. Tiene muchos rasgos de la criminalidad que azota a los dos estados. Hay un gran riesgo en nuestro estado de que algunos políticos quieran pactar con el crimen para satisfacer sus ansías de triunfo a costa de un narcogobierno.

Evaden responder a cuestionamientos de fondo relacionados con la grave crisis de inseguridad que venimos arrastrando por la inoperancia de sus estrategias que mantienen intocada las estructuras delincuenciales, por la permeabilidad de las instituciones de seguridad y justicia del estado y por la colusión que existe con los grupos del crimen organizado.