La matanza de Aguas Blancas: el paradigma de la Impunidad

En la sierra de Guerrero el flagelo de la pobreza extrema en las comunidades campesinas estaba en las nubes. En ocasiones no había un solo peso para la alimentación de las familias, y para no morir de hambre iban a trabajar de peones con los caciques que abusaban de su poder. La policía motorizada estaba al servicio de los ricos. El reclamo de cualquier campesino se pagaba con la muerte. La organización comunitaria representaba un peligro para los caciques desalmados.

Las comunidades de Coyuca de Benítez y Atoyac fueron el epicentro del movimiento campesino independiente que el 14 de enero de 1994 conformaron la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS). La OCSS tenía una herida que no podía dejar en la impunidad ni en el olvido: las desapariciones forzadas de decenas de compañeros durante la guerra sucia. También enarboló con mucha fuerza las demandas justas de los campesinos. El maestro y guerrillero Lucio Cabañas Barrientos había sembrado la esperanza entre los pobres de Guerrero.

Hubo movilizaciones contra el saqueo de la madera en los municipios de Atoyac, Coyuca de Benítez, Tecpan, Petatlán y Coahuayutla de José María Izazaga. Desde el encuentro campesino del 27 y 28 de marzo de 1994 las demandas sociales se centraron en el rescate del campo y en infraestructura básica. La bandera que enarbolaban todas las comunidades fue la presentación de más de 600 desaparecidos.

La represión contra las organizaciones sociales, las detenciones y los asesinatos de líderes sociales sucedían a diario. El gobierno de Rubén Figueroa Alcocer fomentó la división al interior de las comunidades y las mismas organizaciones. En Tepetixtla creó un grupo de choque identificado como Benito Juárez, que tuvo como líder al hermano de Benigno Guzmán, Bartolo. Por estas disputas arreciaron las detenciones de varios miembros de la OCSS porque pararon el saqueo de la madera y quemaron algunas máquinas.

La OCSS hizo su primera marcha el 10 de abril de 1995 en Acapulco para difundir sus demandas y exigir la libertad de los presos políticos. El 19 y 20 de abril se realizó la primera reunión con el gobernador Rubén Figueroa Alcocer en la comunidad de Tepetixtla. El gobernador creyó que lo recibirían con porras y dianas en el zócalo de la comunidad, sin embargo, los campesinos impusieron sus reglas, la reunión sería en la oficina de la OCSS y su recibimiento fue con consignas y demandas que con garbo Gilberto Romero leyó.

En la reunión estuvieron el gobernador, el comandante de la zona militar de esa región, quien en su intervención dijo que la organización tenía ideas raras y que sus demandas no eran sociales sino políticas. El gobernador no se arredró y más bien amenazó a los líderes más visibles, entre ellos a Benigno Guzmán e Hilario Mesino. En otra reunión que tuvieron en Chilpancingo les espetó que los desaparecidos no estaban, que se los había cargado la chingada y que, si querían seguir con lo mismo, también iban a recibir una palada de tierra. Le enardecía que abordaran la demanda de la presentación de los desaparecidos porque era remitirse a los años sombríos de la represión sanguinaria que protagonizaron Luis Echeverría, Rubén Figueroa Figueroa y los generales del ejército.

El 24 de mayo desaparecieron a Gilberto Romero Vázquez en Atoyac de Álvarez, fue una respuesta sanguinaria por atreverse a leer el pliego petitorio en Tepetixtla. La OCSS se organizó para realizar una marcha simultánea en Atoyac de Álvarez y en Zihuatanejo, el 28 de junio. Hilario Mesino junto con los compañeros de Petatlán, Zihuatanejo y Coahuayutla, marcharon sin sobresaltos en Zihuatanejo. En cambio, a los compañeros de Atoyac fueron emboscados y masacrados por policías del estado, dejando un saldo de 17 campesinos asesinados y más de 23 heridos.

El gobierno del estado un día antes había informado a la presidenta municipal, María de la Luz Ramos, que los campesinos querían guerra y guerra iban a tener, y que ella se encargara de los campesinos de Atoyac y que él de los de Coyuca para detenerlos.

Los campesinos que iban en la primera camioneta los bajaron y los golpearon, pero al llegar la segunda camioneta los policías que ya los tenían rodeados iniciaron la balacera ante una población indefensa. Fueron masacrados. La sangre quedó impregnada en la carretera y el lamento de los heridos se esparció por toda la sierra.

Las autoridades manipularon la escena del crimen para ocultar la verdad. Les sembraron armas a los campesinos y solo dejaron pasar a los periodistas de El Sol de Acapulco. Cuando permitieron la entrada de los demás periodistas todo estaba a modo. Habían participado el secretario de gobierno, el procurador de justicia, el secretario de seguridad pública, el secretario de finanzas y Acosta Chaparro que volaba en un helicóptero con un alto mando. A los pocos días el periodista Ricardo Rocha difundió en cadena nacional las imágenes originales, poniendo en evidencia el montaje ordenado por el gobernador Figueroa, que fue separado del cargo.

Fue una masacre planeada a la usanza de los caciques que se sienten amos y señores del estado. Los procuradores de justicia hicieron el trabajo sucio para exonerar a Rubén Figueroa y simular investigaciones con detenciones de algunos policías y el director de gobernación, que permanecieron algunos años para calmar las aguas de la revuelta social que ocasionó esta matanza, con la aparición del EPR.

Con esta confrontación armada se desata la represión cometiendo las fuerzas represivas del estado muchos asesinatos, desapariciones, detenciones, personas torturadas solo por pertenecer a la OCSS. Más de 60 familias de sobrevivientes tuvieron que huir del estado como las familias de Benigno, de Hilario y otros más porque la intención era asesinarlos. En 1996 detuvieron a Hilario Mesino, después de la aparición del EPR. También detienen a Benigno Guzmán y a Bertoldo Martínez, que habían conformado junto con Pedro Nava, Arturo Hernández Cardona, la UCIM de la Montaña y el entonces diputado Ranferi Hernández, la Unión de Organizaciones de la Sierra del Sur. En ese mismo año desaparecen a Benito Bahena Maldonado cuando caminaba por la piñata en Acapulco y en 1997 un comandante de la policía ministerial desapareció a su hermano Mauro Bahena Maldonado.

Ante la persecución y los asesinatos que se cometían impunemente, Gilberto Aguirre Bahena y Antonio Barragán Carrasco se fueron a trabajar de jornaleros a San Quintín, pero los ubicaron y fueron detenidos y torturados por la policía de Morelos. Eduardo Gallo y Tello los acusaba de haber asesinado a los secuestradores de su hija. Más bien, los buscaban porque pensaban que eran del EPR. El objetivo era detener a los dirigentes de la OCSS. Después de tantas movilizaciones y presiones a las autoridades, Gilberto fue liberado en 2023, aún queda Antonio que va a cumplir 25 años de encarcelamiento injusto. Le hicieron la prueba de Estambul y salió positiva. La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación a diferentes funcionarios de Morelos y demostró que le fabricaron un expediente para que no saliera.

Con la OCSS el reclamo al Estado por las desapariciones forzadas cometidas por el ejército dejó de ser un tema que ponía en riesgo a las personas que denunciaban estas atrocidades. Poca gente se atrevía a conmemorar el asesinato de Lucio Cabañas porque temían ser investigados y perseguidos por el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (el temido Cisen). La OCSS ganó la batalla en la opinión pública al denunciar las graves violaciones cometidas por el ejército, la marina y las corporaciones policíacas. Junto con la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (Afadem) y la defensora Tita Radilla abrieron brecha para colocar el tema de las desapariciones forzadas como un agravio a la sociedad y una deuda histórica de los gobiernos en turno.

Los sobrevivientes de la matanza de Aguas Blancas nunca han sido atendidos. Han muerto uno a uno. Apenas murió Juan Hernández Lozano, sobreviviente y papá de Jerónimo Hernández Refugio, quien estuvo preso 20 años. Falleció Marcos Carranza Arizmendi y Andrés Sánchez Rodríguez sin encontrar justicia.

Fueron 50 mil pesos y una casa de pájaros las migajas que dio el gobierno de Rubén Figueroa a las viudas, a través de Héctor Vicario. No hubo en realidad una reparación, ninguna atención a los sobrevivientes y mucho menos el reconocimiento de responsabilidad y las investigaciones correspondientes que castigara a los responsables. Todo fue una confabulación con los perpetradores dejando en total indefensión a las víctimas.

A 31 años de la masacre de Aguas Blancas las comunidades de la Sierra siguen en el abandono, en la extrema pobreza, confrontados internamente y lo peor es que la organización Benito Juárez, que creó Figueroa, se convirtió en una organización paramilitar. Además de la criminalización que padecen, ahora tienen como yugo a la delincuencia organizada que tiene el control de la Sierra y que se ha encargado de hacer el trabajo sucio del gobierno, de destruir el tejido comunitario y desbaratar cualquier indicio de organización independiente. La OCSS sigue estando en la mira por ser un actor incómodo para las autoridades y por no alinearse a los intereses de los grupos delincuenciales. La gente se ha replegado, vive con temor y prefiere desplazarse silenciosamente para poner a salvo su vida, como sucede con las comunidades de La Felicidad, La Remontita y muchas otras.

La OCSS a pesar de la violencia ejercida por la delincuencia demanda que se cumplan las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que estableció que los responsables de la matanza de Aguas Blancas son Rubén Figueroa, José Robles Catalán, Antonio Alcocer, Rodolfo Sotomayor, Gustavo Olea Godoy, Rosendo Armijo, Adrián Vega Cornejo y Esteban Mendoza Ramos. Por otra parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que el Estado mexicano no ha juzgado con seriedad a los responsables de la masacre, lo que demuestra la falta de compromiso y de voluntad política para dar cumplimiento a las recomendaciones de la CNDH y a las resoluciones de la SCJN y de la CIDH. A la presidenta Claudia Sheibaum la OCSS le ha solicitado que intervenga para que liberen a Antonio Barragán Carrasco y para que atiendan a los sobrevivientes. Su lucha es para que Aguas Blancas no sea el paradigma de la impunidad.

 

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan